“Fue Pérez Corradi”

La periodista Cecilia González cuenta quién es Ibar Pérez Corradi, el prófugo capturado ayer en Paraguay. El capítulo es un adelanto de su nuevo libro “Narcofugas. De México a la Argentina, la larga ruta de la efedrina”.

Desconfiado y parco, Pérez Corradi hablaba poco con las personas con las que se relacionaba. Algunos lo tildaban de maleducado; otros, de misterioso. Nació el 16 de julio de 1977 en Buenos Aires en una familia de clase media y desde muy joven entró a trabajar en el Banco Nación. Fue por poco tiempo. En 2002 decidió dedicarse al negocio de los medicamentos y empezó a vender suplementos alimenticios y esteroides a deportistas. Tenía 25 años. Se casó con Liliana Aurehhuliu, con quien tuvo tres hijos. Ya metido de lleno en el mundo farmacéutico, Pérez Corradi ganó fortunas con negocios poco claros y operó como financista de empresarios en problemas, como Forza.

En octubre de 2008, Pérez Corradi describía como su actividad principal: “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. Participaba como socio en Odin Concept, una empresa dedicada a la “compra y venta, importación, exportación, financiación, almacenaje, distribución, desarrollo, elaboración y producción incluyendo funciones de intermediación entre partes con residencia en el país o en el exterior de principios activos relacionados con la industria farmacéutica, en especial la de medicamentos; organización y administración de farmacias”. También era presidente de la constructora C&C Building y le habían transferido la Farmacia San Eduardo, ubicada en Ramallo 1795, en la ciudad de Buenos Aires.

Los problemas judiciales de Pérez Corradi se acumularon después del triple crimen, pero antes de que lo señalaran como el autor intelectual de la ejecución de Forza, Ferrón y Bina. En octubre de 2008 fue detenido en Buenos Aires por una causa que recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado. La DEA lo acusaba de contrabando de estupefacientes por el envío de 1500 pastillas de oxicodona -un potente opioide- en correos privados que llegaban a Estados Unidos. El organismo estadounidense calculaba que el empresario tenía capacidad operativa para enviar una tonelada de efedrina mensualmente desde los puertos de Buenos Aires a México. Mientras estaba preso, el juez Norberto Oyarbide lo procesó también por lavado de dinero como parte de la investigación de la mafia de los medicamentos.

Pérez Corradi estuvo detenido durante tres años en el penal de Ezeiza, pero a fines de 2011 Arroyo Salgado tuvo que dictar su libertad porque la legislación argentina impide que los imputados permanezcan presos sin condena durante más de dos años, límite legal que se había superado. En una última maniobra para mantenerlo en prisión, la jueza le avisó a Oyarbide que Pérez Corradi estaba en condiciones de salir. El juez ordenó entonces su inmediata detención en la causa por lavado de dinero y el empresario pasó un par de meses más tras las rejas, hasta que sus abogados lograron que quedara en libertad a principios de 2012.

En febrero de ese año, cuando el fiscal Bidone lo acusó de ser el ideólogo del triple crimen y dictó su captura. Pérez Corradi ya había escapado.

Los testimonios en su contra se multiplicaron durante el juicio del triple crimen. Pero él no estaba sentado en el banquillo de los acusados. Ya era el prófugo más importante del caso.

Sebastián Tallone, contador de Forza, declaró que Pérez Corradi le había dicho a finales de 2007 que estaba muy enojado con Forza “porque lo había cagado con plata y además no le atendía el teléfono”. Pablo Quaranta, el amigo que los había presentado, recordó que “Sebastián me dijo que Esteban lo quería matar porque el negocio de la efedrina era de él”. A Verónica Colombo, su esposo Leopoldo Bina le dijo que Pérez Corradi quería matar a Forza porque “había hecho una macana con la efedrina”. Solange Bellone, esposa de Forza, reconoció que este le temía a Pérez Corradi y sería la única persona a la que no dejaría de pagarle porque podía matarlo, “era su enemigo”. El ex policía Ricardo Sladkowski le contó al papá de Bina, Oscar Horacio Bina, que Pérez Corradi había mandado a matar a su hijo y a sus socios por “el tema” de la efedrina.

Uno de los testimonios más importantes fue el de José Luis Salerno, un ex policía devenido en empresario farmacéutico y socio de Ferrón, quien ratificó el temor que Forza le temía a Pérez Corradi. Creía incluso que lo espiaba, que lo seguía a sus citas. Poco antes del crimen Pérez Corradi le dijo a Salerno que Ferrón, Forza y Bina le estaban “cagando el negocio” y que los iba a “boletear”. Cuando aparecieron los cuerpos, Salerno entró en pánico porque pensó que podía ser la siguiente víctima. Un socio de Bina, Carlos San Luis, contó que Forza había llegado a un acuerdo con la justicia para denunciar a Pérez Corradi y a otros empresarios que participaban en la mafia de los medicamentos.

En un allanamiento a la casa de Pérez Corradi, la Policía secuestró un pendrive que tenía almacenados 200 correos electrónicos firmados por un tal Jorge Ochoa y quien desde una dirección de la droguería Masterfarm negociaba la importación directa de efedrina con empresas de India y China. Ochoa era en realidad Pérez Corradi, que quería comprar los precursores químicos sin la intermediación de las droguerías argentinas. En los mails preguntaba si le podían enviar la efedrina etiquetada como pólvora (“porque la pólvora necesita algunos controles especiales aquí y puedo limpiarlos muy fácilmente”) o proteína de suero para evadir regulaciones. Desde las empresas exportadoras le respondían que no había problema. Y hasta le ofrecían muestras gratis de MDMA (éxtasis), por si en algún momento le interesaba diversificar la mercancía. Los correos demostraban que además de la efedrina que entraba legalmente vía permisos de la Sedronar, había otros cargamentos que llegaban de manera ilegal y que también iban a parar a manos de narcos mexicanos.

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El juicio del triple crimen fue exprés: se realizó del 3 de septiembre al 21 de diciembre de 2012. Ciento diez días le bastaron al Tribunal Oral Federal 3 de Mercedes, integrado por Fernando Bustos Berrondo, Marco Tomás Estanislao Barski y María Graciela Larroque, para condenar a cadena perpetua a los hermanos Martín Eduardo y Cristian Daniel Lanatta y Víctor Gabriel y Marcelo Javier Schillaci como autores materiales de los tres asesinatos. Las órdenes, concluyeron los jueces con base en múltiples testimonios, las había dado el prófugo Pérez Corradi, enojado porque Forza, Ferrón y Bina lo querían desplazar como proveedor de efedrina de narcos mexicanos.

Durante las audiencias, abogados y fiscales reconocieron que no estaban siendo juzgados todos los responsables y que tampoco había testigos directos del secuestro ni de la ejecución de las víctimas. Aún hoy no se sabe con precisión en dónde murieron.

“Hay tramos que aún permanecen en la sombra, afortunadamente se trata de aquellos que no han impedido acceder a lo nodal del trágico episodio… no pocas cosas han quedado en las tinieblas”, explicaron los jueces en una sentencia que exagera o se equivoca en algunas partes, como cuando advierte que Argentina “fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos quienes mandaron a sus ‘virreyes’, entre ellos a Jesús Martínez Espinosa”, que el laboratorio de “éxtasis” de Maschwitz era “el más importante y moderno de Latinoamérica” y que Pérez Corradi le vendía efedrina al Cártel de Cancún.

Una de las principales pruebas para condenar a los hermanos Lanatta y Schillaci fue el análisis pormenorizado del cruce de llamadas. Lanatta y Pérez Corradi se comunicaban a través de radios de la flota de Elvesta, la droguería en la que se habían asociado, pero que según Lanatta nunca llegó a funcionar. Un día antes del triple crimen, por ejemplo, ambos hablaron en siete ocasiones. Fueron comunicaciones internacionales, porque Pérez Corradi ya estaba en Cancún. Se había ido el 26 de julio y volvería el 10 de agosto, tres días antes de que encontraran los cuerpos tirados en General Rodríguez. En los días previos al asesinato, los Lanatta y los Schillaci entrecruzaron 80 llamadas. Era un número desproporcionando, tomando en cuenta que una semana antes apenas habían hablado en diez ocasiones. Pero ahora necesitaban comunicarse: estaban organizando el secuestro y muerte de los empresarios.

El móvil del triple crimen, según la sentencia, fue “desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban, cada vez con más fuerza y mejor organización: Forza, Ferrón y Bina, como precipuos competidores en el negocio ilegal de importación, exportación, compra y venta de efedrina”. Los jueces descartaron las versiones que ubicaban como objetivo principal del crimen a Forza, y a Ferrón y Bina como “víctimas accidentales”. El crimen se planeó desde un principio contra los tres porque formaban la sociedad rival de Pérez Corradi y Lanatta en el tráfico de efedrina. No había víctimas “colaterales”.

Los jueces concluyeron que “Pérez Corradi se vio tan perturbado porque le estaban quitando el negocio que anunció a los cuatro vientos que mandaría a matar a Forza porque se quería quedar con su negocio, con quien además estaba enemistado porque éste no le había pagado lo que le debía, como consecuencia de la financiación que le hizo a su droguería, correlato de ello era que Forza le temía, pero luego supo, en virtud de tener contactos en común, que el problema no se circunscribía a Forza y actuó en consecuencia, mandó matar a los tres damnificados, los tres se vinculan claramente con el móvil y para no ser relacionado (Pérez Corradi) se fue a México”.

Con Pérez Corradi prófugo, los Lanatta y los Schillaci fueron condenados a cadena perpetua “por ser partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia en concurso real con triple homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más personas”.

El fin del juicio no implicó el fin del caso. Muchos hilos habían quedado sueltos. Por eso el tribunal ordenó que se realizara un segundo juicio en el que se investigarían principalmente las complicidades políticas.

Querían saber quién era La Morsa.

Foto de tapa: Télam