El juez de garantías Cesar Alejandro Solazzi hizo lugar al pedido del fiscal Nelson Mastorchio y ordenó la detención de seis policías bonaerenses por el incendio en la comisaría 1 de Pergamino en el que murieron siete detenidos. Los efectivos, que estaban de servicio el día de la tragedia, están acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte.

“Las detenciones se están efectivizando en este momento”, explicó una fuente judicial a Cosecha Roja. La lista de imputados incluye al comisario Sebastián Alberto Donza, el Sargento Brian Carrizo, el teniente Primero Sergio Rodas, el Oficial Sub Ayudante Alexis Miguel Eva, la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara y Matías Ezequiel Giulietti. Mañana comenzarán a desfilar por los tribunales de Pergamino, donde serán indagados.

El fiscal basó la imputación en la declaración de los detenidos que sobrevivieron a la masacre, de los bomberos voluntarios que apagaron el fuego y de una serie de peritajes que llevaron adelante la División de Bomberos y Escena del Crimen de la Policía Federal. Con estas pruebas, Mastorchio comprobó que el 2 de marzo pasado, los policías no abrieron la puerta de la celda 1 y dejaron morir a los siete presos. Los agentes dijeron que no encontraban la llave. Los bomberos debieron apagar las llamas lanzando agua a través de los barrotes.

Los bomberos encontraron los cuerpos de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Chilito Claros, Juan Carlos “Noni” Cabrera y Fernando Nahuel Latorre apilados en el baño. Las autopsias confirmaron que murieron por inhalación de monóxido de carbono.

En la comisaría de Pergamino había 20 detenidos en tres celdas habilitadas para un total de 18 personas. “Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que el encierro en comisarías es inconstitucional porque ahí no se pueden garantizar condiciones dignas de detención.

Según explicaron desde el CELS, el hacinamiento en las comisarías bonaerenses empeoró en los últimos catorce meses: en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. “Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8 por ciento de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado”, indicaron en un comunicado.

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