Peritos argentinos pelean contra la “verdad histórica” del gobierno mexicano

Cosecha Roja.-

Cuando el gobierno mexicano dijo en conferencia de prensa “caso cerrado” pensó que sepultaría los 85 tomos de expedientes y 13 anexos que tiene la investigación por Ayotzinapa. Pero estallaron las críticas y los comunicados, y el foco de la disputa quedó sobre los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La Procuraduría General de la República (PGR) quiso desprestigiarlos y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, los dirigentes estudiantiles y los organismos de Derechos Humanos los respaldaron.

A cuatro meses de la masacre de Iguala, el gobierno mexicano intentó dar por concluida la investigación y dio a conocer lo que llamó “la verdad histórica”. La versión oficial fue que los estudiantes fueron entregados por la policía municipal de Iguala a los integrantes del grupo Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero. Después los embolsaron y los tiraron al río San Juan. “Hay certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas. Esta es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam en una conferencia de prensa.

El director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, rechazó la versión oficial. “Es difícil confiar en su palabra, en sus conclusiones, por múltiples razones. La principal de ellas es porque sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, tortura, irregularidades, presiones”, dijo. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, también se opuso. “Necesitamos una prueba técnica”, dijo.

Este fin de semana el EAAF difundió un comunicado en el que criticó el cierre de la investigación: creen que todavía falta procesar una cantidad importante de evidencia. Los expertos, que son los peritos elegidos por los familiares de los normalistas, aseguraron que no hay evidencia científica que diga que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y sugirieron que los peritajes de la PGR deben ser evaluados por peritos independientes.

Entre los problemas denunciados por los peritos argentinos están: la recolección de evidencia en el Río San Juan y en el basurero de Cocula por peritos de la PGR sin presencia ni aviso al EAAF; la ausencia de custodia en el basurero al menos entre el 7 y el 28 de noviembre; las diferencias en los perfiles genéticos que la PGR y el EEAF enviaron al laboratorio de Austria. Otra de las controversias es que el Equipo de Antropología descubrió en imágenes satelitales que los focos de incendio en Cocula son varios, que en esa zona se quemaba permanentemente basura y se preguntaron cómo concluyeron que se trata del mismo hecho. Aunque todavía no terminaron de procesar la evidencia, los restos humanos encontrados allí no corresponden a los de los normalistas.

La PGR contraatacó y la nueva estrategia fue desprestigiar a los peritos argentinos: calificó de “hipotéticos” y “alejados de la realidad” los apuntes del EAAF y los acusó de dominar “solamente las disciplinas de antropología, criminalística y genética”. Las autoridades escribieron en un comunicado: “Sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”. También responsabilizaron a los peritos argentinos por no estar presentes durante los procedimientos de recolección de restos en el Río. “No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas”, dijeron desde la fiscalía.

En una entrevista en Proceso con la periodista Marcela Turati, los expertos argentinos respondieron: “Somos los peritos por parte de las familias y no de la institución. Contamos con un papel legal firmado por las familias, solicitando legalmente el ingreso del equipo como sus peritos”. Después reiteraron que no les avisaron de la inspección del Río San Juan. “Nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”, agregaron.

El vocero de EAAF propuso armar una junta de peritos con los forenses de la PGR y cotejar los resultados alcanzados por cada una de las organizaciones.