Foto: La Poderosa
Ramón Vázquez, un albañil santiagueño de 43 años, estuvo 24 horas preso acusado de un robo que no cometió. Cuando lo liberaron su abogado presentó un hábeas corpus para evitar una nueva detención en esa misma causa. Diez días después, el 22 de septiembre de 2013, un grupo de policías entró por la fuerza en su casa, sin orden de allanamiento, y se lo llevó preso. Durante el juicio quedó demostrado que lo metieron en una oficina de la comisaría 10, lo tiraron al piso esposado y lo torturaron hasta la muerte. Hoy cuatro policías fueron condenados a perpetua y otros cinco a penas de entre tres y seis años.
Los policías Nazareno Moreno, Roberto Chávez, Genobio Díaz y Hernán Villarreal, de la Brigada de la comisaría 10 llegaron detenidos al juicio. Los cuatro formaban parte de la patota que se metió en la casa de Ramón: hoy los jueces Alfredo Pérez Gallardo, Luis Eduardo Achaval y María Eugenia Carabajal los condenaron a perpetua por los delitos de torturas seguidas de muerte, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes del funcionario público. “Quedó demostrado en el juicio que los cuatro lo llevaron a la oficina y estuvieron con él hasta su muerte”, dijo a Cosecha Roja Moisés Vázquez, hijo de la víctima.
La agente Paola Arce recibió una pena de seis años. Ramón Orellana, Pablo Carrizo, Cristian Barrera y Gustavo Sayago fueron condenados a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La audiencia comenzó a las 10.30. Dos policías dijeron sus últimas palabras y los jueces pasaron a un cuarto intermedio. Después del mediodía leyeron la sentencia. Los cuatro policías de la Brigada condenados a perpetua habían declarado a lo largo del debate oral. Dieron varias versiones sobre la muerte de Ramón: dijeron que lo tenían esposado en el piso en la oficina y que se descompensó. Otros dijeron que un quinto policía -que durante el juicio se demostró que no estuvo en el lugar- entró a la oficina y lanzó un gas que le provocó la muerte al detenido.
Los informe forenses y las declaraciones de los médicos derrumbaron las versiones policiales. Los médicos explicaron que si una persona lanzaba un gas en una habitación tan pequeña sin ventilación todos los que estaban ahí adentro se deberían haber intoxicado. Según la autopsia la causa de muerte fue una asfixia por broncoaspiración gástrica que podría haber sido provocada con un objeto plástico blando, lo que permite suponer que se ahogó con su propio vómito mientras le practicaban la tortura del submarino seco con una bolsa de nylon en la cabeza.
El cuerpo tenía golpes en el pecho y marcas en las muñecas. Un policía explicó que los golpes eran porque habían intentado hacerle reanimaciones. “La doctora que lo recibió en el hospital dijo que realizaba reanimaciones desde hace años y que nunca dejan esas marcas”, contó Moisés.
Diez días antes de ser asesinado, Ramón había sido detenido por la policía. Pasó casi un día preso por el robo a una casa en la zona sur de la ciudad en la que él había trabajado unos meses antes. El 23 de septiembre la patota de la 10a entró por la fuerza en su casa y se lo llevaron preso otra vez.
La noche anterior la Brigada también había detenido sin orden judicial a tres hombres y una chica por el mismo robo. Uno de ellos declaró que lo encerraron en un cuartito y lo torturaron. Después lo sacaron al pasillo y lo metieron a Ramón. Desde afuera, escuchaba los golpes y los gritos y una pregunta insistente de los policías: “¿Dónde está la plata?”
Afuera la familia de Ramón esperaba novedades. Después del mediodía les avisaron que el hombre ya no estaba ahí: se había descompensado y lo habían trasladado al Hospital Regional, donde había fallecido.
El 7 de agosto de 2018 comenzó el juicio. Hoy, a cinco años del asesinato de Ramón, su familia siente que se hizo justicia.
