La República.-
El Poder Judicial deberá determinar si los galenos implicados actuaron de buena o fe o en realidad pertenecen a una red de tráfico de órganos.
Se ha puesto al descubierto una supuesta organización criminal que trafica con órganos humanos. Y es que la fiscal penal Isabel Huamán ha denunciado ante el Poder Judicial a reconocidos médicos del hospital Edgardo Rebagliati y de las clínicas privadas Padre Luis Tezza, Vesalio y San Felipe, quienes desde el 2004 se habrían dedicado a obtener beneficios económicos con el trasplante de riñones que operaban en Lima, pero con pacientes procedentes de EEUU, Sudamérica, Europa y Asia.
Se conoció que desesperados familiares pagaban hasta 125 mil dólares por los gastos médicos que incluían la captación de un donante peruano, quienes en su mayoría eran personas sumamente humildes, quienes recibían entre 500 y 7.000 dólares por entregar un riñón.
Para evitar que los donantes se nieguen a participar de la operación a último momento, el pago correspondiente se realizaba en la misma mesa de operaciones.
“Existen indicios razonables, plurales y concomitantes que hacen presumir la existencia de una red criminal conformada por profesionales de la salud y ciudadanos particulares, destinada a la comercialización de riñones, que va desde la captación de donantes hasta el propio trasplante; llevadas a cabo en diferentes clínicas privadas, que no contaban con acreditación ante la Organización Nacional de Donación y Trasplantes”, precisa la Fiscalía.
Una prueba contundente de que existiría el tráfico de órganos en nuestro país es la existencia y actuación de esta organización la constituye el hecho de que las personas que vendieron sus riñones se hicieron las pruebas de compatibilidad en los laboratorios LAD, donde existiría una base de datos de donantes que se ofrecía a los médicos especialistas y estos a sus pacientes.
La Fiscalía denunció a los médicos Fernando Vásquez Mendoza, Primo Ricardo Pacheco Núñez, César Arturo Liendo Liendo, Paul Ernesto Castro Monteverde, Christian Rafael Miranda Orrillo y José Antonio Arias Delgado. Así como los accionistas del laboratorio LAD: Víctor Manuel Salas Díaz y Víctor Manuel Salas de Jesús, quienes de ser declarados culpables podrían pasar hasta 6 años en prisión.
Según informó el programa Cuarto Poder, los testigos y donantes identificaron a Rafael Ramón Peraldo Jaramillo, conocido como “Doctor Rafael”, José Armando Lévano Gómez, Guillermo Ricardo López López y Juan Alburqueque Quispe como las personas que se encargaban de captar y pagar a los donantes.
Los donantes han sido denunciados por la Fiscalía, ya que está prohibido vender los órganos del cuerpo humano, aunque sean propios.
El Poder Judicial deberá determinar si los galenos implicados actuaron de buena o fe o en realidad pertenecen a una red de tráfico de órganos.
Mientras que las clínicas Hijas de San Camilo, nombre comercial de la clínica Padre Luis Tezza, Vesalio, San Felipe y el Laboratorio LAD, son considerados como corresponsables.
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