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El juez federal Claudio Bonadio pidió el desafuero y la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, y la prisión preventiva domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman. A la madrugada, en medio de un operativo televisado, mandó a detener al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y al dirigente piquetero Luis D’Elía. Al ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y al diputado Andrés Larroque los procesó sin prisión preventiva y les impidió salir del país. También procesó al ex segundo en la AFI, Juan Martín Mena, y a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
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A todos los acusa de ‘traición a la patria’ por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. El acuerdo era un intento de destrabar la investigación del atentado a la AMIA, la mutual israelí volada el 18 de julio de 1994. El memorándum permitía que se interrogue en Teherán a los acusados con pedido de captura internacional por el atentado y proponía formar una Comisión por la Verdad con juristas propuestos por ambos países, con mayoría de elegidos por Argentina.
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La firma del acuerdo se votó en el Congreso en febrero de 2013 y se sancionó con la ley 26.843. Legisladores de todas los partidos votaron a favor. En junio de 2013 el entonces canciller Timerman se reunió con el secretario general de Interpol, Ronald K. Noble, que a través de un comunicado dio un ‘fuerte respaldo’ al Memorándum. El acuerdo nunca se puso en práctica: el parlamento Iraní nunca lo ratificó.
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Dos años después el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia contra la entonces presidenta y varios funcionarios, acusándolos de encubrimiento del atentado. El fiscal sostenía que había un “plan delictivo” para darle impunidad a los imputados por el atentado de la AMIA. Las 290 páginas del escrito se basaban en artículos periodísticos, discursos de funcionarios, mensajes de Twitter de la presidenta e intervenciones telefónicas a dos dirigentes que no eran funcionarios.
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Sin pruebas directas, el escrito decía que había un plan “pergeñado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” que consistía en lograr “el cese de las notificaciones de Interpol”, cosa que ya había sido desmentida por la propia Interpol. En aquel entonces el secretario de Interpol negó que éste influyera sobre las alertas rojas que pedían la captura internacional de 5 de los 8 sospechosos por el atentado.
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Tras presentar la denuncia, el fiscal fue citado para exponerla en el Congreso. Unas horas antes de presentarse apareció muerto en su casa en Puerto Madero. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio: el fiscal estaba encerrado en el baño y había muerto de un disparo en la cabeza, hecho con el arma que tenía en la mano cuando encontraron el cuerpo. Su familia y la entonces oposición sostienen que se trató de un asesinato. La causa todavía se sigue investigando.
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Tras su muerte, la denuncia siguió un periplo de rechazos judiciales. Primero fue desestimada por María Servini de Cubría -que subrogaba el juzgado de Ariel Lijo y dijo que no era tema para tratar durante la feria judicial- y luego por el propio Lijo -que se declaró incompetente. En el sorteo, la denuncia cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien desmenuzó punto por punto el escrito del fiscal. “Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”, escribió Rafecas en la resolución publicada en el CIJ. Hoy mismo, Rafecas está declarando frente al Consejo de la Magistratura: lo acusaron por haber desestimado esa denuncia.
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La decisión de Rafecas fue efectivamente ratificada por la Cámara Federal y apelada por el fiscal de la cámara Germán Moldes ante Casación. Allí intervino otro fiscal, Javier de Luca, que entendió que no existía delito y desistió de la acusación. Dos semanas después de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la Cámara Federal volvió a darle impulso al expediente al declarar inconstitucional el Memorándum. La causa quedó en manos del juez Bonadio, históricamente enfrentado al gobierno de Cristina Kirchner. Bonadio, además, ya había sido apartado (en 2005) de la causa por irregularidades en la investigación del atentado que está hoy en etapa de alegatos.
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Cristina Kirchner suma cuatro procesamientos en la justicia federal. El fuero se convirtió en un ámbito profundamente político. Según el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, es un poder donde se ve a los funcionarios políticos procesados como ‘rehenes’ y donde no se investiga al funcionario mientras detenta el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública”.
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Los fueros no obstaculizan la investigación: el ex presidente y senador Carlos Menem, por ejemplo, tiene fueros y está siendo juzgado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El pedido de desafuero de Cristina tiene que ser tratado en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene 60 días para emitir dictamen. Para hacerlo, tiene que reunir cómo mínimo a la mitad más uno de sus miembros. De allí pasa a la Cámara, que tiene 180 días para resolver. Para hacerse efectivo, tienen que levantar la mano dos tercios de los senadores presentes al momento de votar el desafuero. Allí se acaban de conformar los bloques y Cristina Kirchner tiene minoría. Si los senadores levantan la mano, la ex presidenta será detenida. En las redes sociales -donde no se habla de otra cosa- uno de los trending topics del momento es “Estado de Derecho”. La mayoría de los posteos coincide: está en peligro.
