Fuente: Por Daiana Gimenez / Diario Contexto
Militantes del Frente TLGBI de La Plata, Berisso y Ensenada y la agrupación OTRANS se dieron cita en Tribunales para exigir la libertad de dos compañeras y respuestas por la muerte de Pamela Macedo Panduro, quien estaba detenida ilegalmente.
Pamela Macedo Panduro tenía veintinueve años. Era peruana y hace casi diez años que vivía en Argentina. Era la hermana mayor de una familia de la que era sostén. Residía en Capital Federal pero militaba en La Plata junto a OTRANS. En 2014 fue elegida como Miss Latinoamérica Trans.
El 9 de noviembre, luego de que su casa fuera allanada, fue detenida en una comisaría de Ensenada y derivada un mes después a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Florencio Varela, donde estuvo alojada hasta el 23 de diciembre, cuando fue internada en un hospital de esta localidad. El 1º de enero de 2017 falleció.
Dos días después de su detención, OTRANS se presentó ante el juez Juan Pablo Massi del Juzgado de Garantías N° 4 para denunciar que los derechos de Pamela estaban siendo vulnerados. Pero no obtuvieron respuestas. Esta agrupación, junto con el Frente de Organizaciones TGLBI, denuncia que las condiciones de detención deterioraron su estado de salud y que el Estado es responsable.
“Estuvo más de un mes en una comisaría de Ensenada que no está habilitada para que ninguna persona esté privada de su libertad. Estaba sin comida y sin medicamentos. La compañera tenía una enfermedad crónica y el Estado tiene que dar respuestas porque en definitiva la Justicia fue tan cruel que la terminó matando”, explicó Claudia Vázquez Haro, referente de OTRANS.
“Las condiciones de detención terminan deteriorando la vida de las compañeras. Es un colectivo vulnerable; más del 50% tiene enfermedades crónicas”, sostuvo Vázquez Haro, y explicó que “Los estándares de la Corte Suprema, de la provincia y de La Plata son profundamente durísimos: no aplican el Fallo Arriola ni el Zambrano”.
El primero de estos fallos declaró inconstitucional el castigo por tenencia de marihuana para uso personal. El segundo, en tanto, evidenció las prácticas abusivas de la Policía platense al perseguir, desnudar y maltratar a las mujeres trans al tiempo que prohibió que se las inspeccione en la vía pública y en la comisaría.
Cabe destacar que desde esta agrupación, junto con el Frente de Organizaciones TGLBI, vienen denunciando desde 2016 un fuerte recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres trans, las razzias, las torturas, los maltratos y la persecución policial. Ahora incluso, como fue el caso de Macedo Panduro, les realizan allanamientos en sus domicilios con causas armadas donde los únicos testigos resultan ser los policías.
Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, fue informado al respecto pero nada hizo.
“Los procedimientos, que constan de requisas en la vía pública y desnudar a nuestras compañeras en las esquinas de la ‘zona roja’, ya han sido denunciados y la Justicia los ha catalogado como “vejatorios en grado sumo”, lo que los convierte no sólo en actos absolutamente arbitrarios, sino también que se encuentran por fuera de la legalidad”, explica en un comunicado el Frente de TGLBI.
Hasta el momento, ninguna autoridad local, provincial o nacional se ha acercado a las agrupaciones ni mucho menos han tenido en cuenta sus denuncias.
“Hay una trama sistemática que vulnera y violenta la vida de las compañeras trans y travestis de La Plata”, denunció Vázquez Haro. La presidenta de OTRANS denunció que hay “prácticamente un Estado ausente que mira para otro lado, que no implementa políticas públicas, que los derechos económicos, sociales y culturales para nosotras aún no se llevan adelante. Sin embargo, sí encierran, criminalizan y terminan matando a nuestras compañeras”.
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