Piden la liberación de 11 detenidos en las marchas por los 43 normalistas

SinEmbargo.-

Con el paso del “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” al “¡Presos políticos, libertad!”, o del conteo ininterrumpido del 1 al 43 a la necesaria pausa en el 11 para gritar “¡Libertad!”, ayer la Ciudad de México atestiguó nuevamente una movilización ciudadana y pacífica.

Sólo que a diferencia de las más recientes marchas que ha habido en la capital del país, la de ayer no fue esencialmente para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente desde el pasado 26 de septiembre, sino para demandar, por segunda ocasión en menos de una semana, la liberación de las tres mujeres y los ocho hombres que fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo, al término de una multitudinaria movilización por los 43 jóvenes desaparecidos.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Cauce Ciudadanos y Equifonía, organizaciones que han asumido la defensa de siete de esos 11, han señalado que las detenciones fueron arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza por parte de los policías federales y de los granaderos de la policía capitalina.

Las detenciones ocurrieron durante el desalojo de la plancha del Zócalo la noche del 20 de noviembre, que comenzó luego de que un grupo de personas con los rostros cubiertos se enfrentó violentamente con policías a la entrada de Palacio Nacional. Para entonces, el mitin que había clausurado una masiva marcha con tres contingentes simultáneos, ya había finalizado, pero muchos de quienes habían participado seguían ahí, ajenos a los actos de violencia.

En ese escenario se dieron algunas de las detenciones, pero otras se realizaron contra personas que ni siquiera habían acudido a la marcha, de acuerdo con los testimonios que familiares y amigos de los aprehendidos han dado a medios de información.

Uno de esos casos fue el de Laurence Maxwell Ilabarca, un chileno de 47 años y estudiante de doctorado en la UNAM. Su familia ha declarado que Maxwell ni siquiera acudió al mitin, sino que fue interceptado por policías cuando iba en su bicicleta.

Pero esa noche de jueves, él junto con otras 14 personas fue detenido. De ese grupo, cuatro fueron liberados, mientras que Maxwell y una decena más fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.

El pasado sábado 22, con una celeridad que no se ha visto en otros casos de mayor impacto, fueron consignados ante el Juzgado 17 de Distrito, con sede en Jalapa, Veracruz.

Las tres mujeres a quienes la PGR acusa de presuntas responsables por los disturbio -Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas- fueron trasladadas al Centro Federal Femenil “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit. A los ocho varones los llevaron al Centro Federal de Readaptación Social 5, en Villa Aldama, Veracruz.

Se trata de Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernandez, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez y Maxwell Ilabarca.

Dado que sus defensores pidieron ampliar el plazo establecido de 72 horas, será hasta el sábado 29 a las 12:30 horas cuando se determine la situación jurídica de los 11.

Los abogados que representan a la mayoría de esos 11 no son los únicos que consideran que las detenciones fueron hechas de forma arbitraria. También lo señalan así los padres, amigos y compañeros de los 11 consignados, y por eso ayer salieron a marchar; a ellos se sumaron personas sin ninguna filiación pero solidarios con su causa.

Fueron cientos, en su mayoría estudiantes. Y a la vanguardia de ellos, como ha pasado en casi todas las marchas por los 43 normalistas de Ayotzinapa, iban igualmente padres, madres y demás familiares dolidos por la ausencia de los suyos, aunque en este caso esté marcada por la reclusión y la lejanía.

Para Humberto Garduño Cruz, la ausencia de su hija Liliana Garduño Ortega, 28 años, ha significado también la desazón de no saber qué decirles a los hijos de Liliana, de 7 y 11 años, quienes le preguntan por su mamá.

En el caso de Ana Olguín, madre de Hillary Analí González Olguín, la ausencia se transformó en el temor de creer que su hija estaba desaparecida, pues no tuvo noticia alguna de su paradero sino hasta la noche del 21 de noviembre.

No estaban ahí las familias y amistades de los 11 consignados, pues las cartulinas con mensajes de apoyo y exigencias de libertad no nombraban a todos. Pero ahí estaban las muestras de solidaridad con el estudiante del INBA Atzin Andrade, con los estudiantes de Sociología Tania Ivonne Damián y Hugo Bautista, con el bachiller Juan Daniel López, con Hillary Analí, con Liliana, con Laurence…

Y también con Bryan Reyes y Jacqueline Santana, a quienes tres policías vestidos de civil habrían intentado secuestrar el pasado 15 de noviembre, como denunció la madre del joven. Como los agentes no consiguieron secuestrar a la pareja, los acusaron de haber amenazado con un cuchillo y haberle robado 500 pesos a un policía federal, de acuerdo con la madre de Bryan. Él fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla.

Por todos ellos, los manifestantes gritaron “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!” o “¡Presos políticos, libertad!”. Por ellos también se escribieron mensajes como “Manifestación pacífica: nuestro derecho/Privación ilegal de la libertad, otro crimen de Estado”.

Cada tanto se escuchaba a los marchantes gritar “Uno, dos, tres…cuarenta y tres. ¡Justicia!” en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Era un recordatorio pero también una forma de refrendar que la causa que originó las movilizaciones ciudadanas recientes sigue vigente.

La presencia de cuatro estudiantes de la normal de Ayotzinapa y de dos padres de familia de los normalistas desaparecidos también refrendó la solidaridad de los movimientos, en lugar de quitarles fuerza.

Cuando la marcha llegó al Zócalo, los organizadores llamaron a compactar los contingentes y tomarse de los brazos para evitar infiltrados.

Luego, frente a las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, Angélica Hernández, prima de Liliana Garduño Ortega, habló a nombre de los familiares y expresó su indignación ante la actuación de la policía capitalina.

“La actuación de la policía, la brutalidad del operativo en el que golpearon a familias completas, a hombres a mujeres, a niños y personas de la tercera edad. Esa represión desmedida es la que hoy nos indigna”, dijo.

“Y nos indigna la respuesta del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. A él le respondemos: No, no nos gustó la actuación de sus policías. No nos gusta la violencia que el Estado ejerce (…) Nuestros muchachos están presos porque Gobierno mexicano necesitaba culpables, necesitaban presentar a los medios a responsables de la violencia que el propio Estado ha provocado”.