Los celadores de la Unidad 9 de Neuquén sacaron a Argentino Pelozo Iturri de la celda a los golpes y lo llevaron hasta la enfermería. Era el 8 de abril de 2008. Un detenido vio la escena: lo esposaron con las manos hacia atrás, le pegaron patadas y piñas en la cabeza, se le tiraron encima y lo asfixiaron.
—Paren que palmó —dijo uno de los penitenciarios.
La autopsia del Cuerpo Médico Forense de Neuquén dijo que Pelozo Iturri falleció por “muerte súbita”. En una segunda autopsia, los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación demostraron que la causa de muerte fue hemorragia cerebral traumática y cuadro de asfixia.
Después de 10 años la causa llegó a juicio. Quince penitenciarios están sentados en el banquillo -algunos acusados por los delitos de torturas seguidas de muerte y otros por encubrimiento- y podrían ser condenados a penas de hasta prisión perpetua.
Durante el debate oral seis ex detenidos contaron que las torturas formaban parte de la rutina en el penal: “la bomba” (los desnudan y les lanzaban chorros de agua helada), “la bienvenida” (el recibimiento a golpes cuando llegaban nuevos internos), y todo tipo de maltratos físicos y humillaciones.
Pelozo Iturri estuvo apenas tres días en la Unidad 9. Había sido trasladado desde Buenos Aires de manera ilegal, sin que el juez de ejecución lo supiera. Al llegar al penal de Neuquén lo llevaron directamente a los buzones. Los testigos contaron cómo le pegaron el celador y los agentes de requisa. “Ese día sentí la presencia de la muerte”, contó el Testigo C.
Durante el alegato, el abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), querellante en la causa, pidieron que se encuadre la muerte de Pelozo Iturri en el delito de tortura seguida de muerte, por la manera en que desplegaron la agresión física. El abogado remarcó que la tortura es una práctica sistemática y generalizada en las cárceles federales argentinas como parte de las rutinas de las fuerzas de seguridad.
El fiscal federal de Neuquén Miguel Palazzani y la PPN pidieron que se condene a perpetua a los agentes Pablo Sepúlveda, José Retamal, José Quintana, Orlando Jhon, Javier Pelliza, Daniel Romero y Pablo Muñiz.
Para el celador Carlos Vergara y el jefe del cuerpo de requisa, Daniel Ricardo Huenul como coautores del delito de torturas. La misma pena solicitaron para el director de la Unidad, Ledesma, el subdirector Sosa por “omisión de evitar las torturas” y “falsedad ideológica agravada”.
Para los médicos Juan Carlos Heredia y Mario Leyria pidieron 7 y 3 años. Para el entonces jefe regional Gabriel Grobli, 6. Todos acusados por los delitos de encubrimiento y omisión de denunciar las torturas.
Además, el fiscal pidió dos medidas reparatorias: que se rectifique la partida de defunción de Pelozo Iturri y cambie de “muerte súbita” a “tortura seguida de muerte” y que el Estado le informe a los hermanos de la víctima que falleció en la cárcel. Su familia nunca supo que había muerto en la Unidad 9 ni pudo velarlo.
