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Después de la pueblada en la localidad de Junín, Ricardo Casal, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dijo en declaraciones a los medios: “Estamos peleando fuertemente por la aplicación de la Ley de restricción de las excarcelaciones de todos los que tienen armas ilegales”. La ley a la que se refería fue aprobada en la legislatura provincial pero frenada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que consideró que es inconstitucional. La norma establece que las personas que portan un arma ilegal en el momento de la detención no serán beneficiadas por la excarcelación. Los organismos de Derechos Humanos argumentaron que la medida se proponía ampliar el poder de la policía bonaerense para decidir qué delito es excarcelable y cuál no, en un contexto en el que es frecuente que se planten armas en los operativos como lo demuestra la historia de Facundo Goñi, un joven que estuvo medio año en la cárcel por un arma que no era de él.

Por Joaquín Plantamura. Para Cosecha Roja.-

 

El 13 de diciembre de 2012, las dos caras del discurso de mano dura se cruzaron en La Plata. Aquella mañana la Cámara de Senadores aprobaba la ley que limita las excarcelaciones en el caso que una persona con portación de arma de fuego se resista en un operativo policial. Casi al mismo tiempo y a menos de 300 metros, Facundo Goñi era absuelto tras demostrarse que el arma por la que cumplió casi medio año de prisión preventiva había sido plantada.

En septiembre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, había enviado a la Legislatura un proyecto para modificar el artículo 171° Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones. El Código planteaba que mientras dura el proceso judicial, el imputado sólo podía ser privado de su libertad en caso de que se considere que pueda “eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. Con la excusa de combatir el tráfico de armas, el gobernador propuso que no se concediera la excarcelación “cuando en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”. Organismos de Derechos Humanos denunciaron que la medida implicaba un abuso de la prisión preventiva y la vulneración de la presunción de inocencia. Igual de grave, señalaron, era que al tratarse de una medida retroactiva, iba en contra del Pacto de San José de Costa Rica. El proyecto de ley fue aprobado  en la Cámara de Diputados a fines de noviembre. Todo hacía pensar que no llegaría a aprobarse en el Senado antes de que terminara el año legislativo.

El martes 11 de diciembre Facundo entró a la sala en el primer piso de la sede judicial de La Plata. Dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense se sentaron a sus costados. Delante de Facundo se ubicó el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, quien en los 90 representó a la querella en el juicio por la desaparición de Miguel Bru. Su presencia cargó de peso la sala y sus preguntas complicaron a los policías. Estuvo allí a pedido de los amigos de Facundo. Rechazaban al Defensor Oficial que había insistido en que se declarara culpable. Los veedores del Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria también hicieron su aporte. En febrero de 2011 el organismo había presentado un habeas corpus que denunciaba 25 detenciones arbitrarias en menos de dos meses, además de golpizas y amenazas. La persecusión de aquel verano por trabajar y vivir en la calle desembocó en la primera huelga de limpiavidrios que se haya conocido.

El Tribuna Oral 1º juzgó a Facundo. Solo uno de los integrantes presenció las audiencias. La Justicia es igual para todos, menos para los flagrantes, aquellos que la policía dice haber atrapado al momento de delinquir. Para ellos no es necesario que el tribunal se presente en su totalidad, por lo que el único árbitro a lo largo de las audiencias fue Samuel Saraví Paz.

Las primeras declaraciones correspondieron a los allegados. Uno de ellos fue el Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Adolfo Brook. Relató que el 31 de julio se había acercado a su oficina una de las integrantes de un proyecto de extensión que trabaja con chicos en situación de calle. Le dijo que estaba preocupada, que la Comisaría 1º estaba violenta. Oficiales amenazaban, provocaban y arrestaban a los chicos que participaban en las actividades que hacían una vez a la semana en la Plaza San Martín. Al acercarse ese día a la plaza conoció a Facundo “Pol” Goñi. Brook señaló que luego de charlar abrazó a Facundo. “Resulta tragicómico, porque de haber tenido un arma encima, me habría dado cuenta y no noté nada” sostuvo el secretario. A las 22 hs., antes de retirarse de la plaza, constató por qué lo habían llamado: la policía había intentado detener a tres chicos que participaban de la actividad.

Tras el testimonio de los allegados, Facundo pidió prestar declaración. Su relato fue entrecortado y de a momentos desordenado. Después de que se fueran todos, dijo, se quedó en la plaza con tres chicos en un banco. A los pocos minutos vio que tres policías se dirigían hacia ellos. Los chicos corrieron. Él se quedó y preguntó qué pasaba. La respuesta fue una piña en la cara que lo tiró al piso, donde lo siguieron golpeando. Facundo contó que no escuchó que llamaran a ningún testigo. Lo llevaron directo a la Comisaría 1º, a tres cuadras. Allí le sacaron las pertenencias. Le dijeron que saque el cordón de la campera, pero él prefirió dejarla con sus cosas, seguro de que al día siguiente recuperaría la libertad. Quisieron que firmara un acta, diciéndole que ahí constaba que se había resistido. Él se negó y no la leyó. Tras ser derivado al hospital por los golpes, al día siguiente lo llevaron a la defensoría, donde le notificaron que estaba acusado no sólo de resistencia a la autoridad, sino también de portación de arma de fuego.

El arma era una CZ, calibre 6,35, en buen estado según los peritos. Para recalcar que no se trataba de un arma particular, uno de ellos afirmó que era de uso civil y se puso de moda en los 90, cuando se ofrecía de regalo con la compra de un chaleco antibalas. Ozafrain no pudo ocultar su sorpresa y afirmó que no conocía muchos civiles que compraran chalecos. El perito impávido sostuvo que los hay. El juez, sintiéndose entre amigos, disparó el chiste: “Es que aprovecharon la oferta”. Las risas duraron y hasta el acusado se animó a retrucar la broma: “Se olvidaron de darme el chaleco”, dijo al Defensor. Pero toda la sala lo escuchó y las risas se apagaron.

El Jefe de Calle de la Comisaría 1°, Gastón Lascano, en cambio, declaró que se había dirigido a la plaza con otros dos policías, Flores y Ponce, a raíz de una denuncia al 911 por un robo. Sostuvo que vio un grupo de chicos irse, pero Facundo se dirigió hacia él y sus compañeros. Afirmó que lo hizo en actitud violenta, que se resistió a ser identificado y forcejeó con él.

Al enseñarle la secretaria el arma al oficial para que la reconozca, Ozafrain interrumpió el interrogatorio de la fiscal Graciela Riveros. Le preguntó a Lascano si la pistola podía taparse con la mano. A la negación del policía le pidió que lo intentara. El defensor general hizo una mueca de satisfacción y pidió que le enseñe a la fiscal y al juez como mientras una mano sostenía el arma, la otra la tapaba. -¿Vio que podía? – concluyó Ozafrain el primer round. El segundo vendría poco después cuando le hizo notar que no tenían motivos para dirigirse hacia Facundo al carecer de una descripción del autor del robo. El defensor preparó el terreno hasta que dio el broche de cierre a su interrogatorio:

-¿Si yo hubiera estado sentado en un banco con mis hijos al salir del cine, corría el riesgo de que usted me requisara?

-Por lo menos identificarlo.

-Le recomiendo la lectura del artículo 225 del CPP.

Un júbilo silencioso se dispersó en el público, una veintena de jóvenes compañeros de militancia de Facundo. Estaban presenciando el desmantelamiento de una práctica policial tan ilegal como cotidiana. Tampoco el acusado pudo evitar emitir una sonrisa. Lascano pidió al defensor que le explicara el artículo, pero este hirió más el orgullo de quien manda en el centro platense, capital de la Provincia de Buenos Aires. “No soy un docente de la escuela de la policía” respondió Ozafrain.

El testimonio del teniente Flores y el sargento Ponce presentó contradicciones en la versión policial. La más significativa la plantó Ponce: fue el único que afirmó ver a Facundo ensangrentado. Tampoco hubo acuerdo en el momento en que se realizó la requisa, ni cuando fue encapuchado, o esposado. Flores se mostró nervioso al momento de declarar. Le costaba ser claro, y en su relato afirmó que Lascano le dijo “traeme el arma que tengo un testigo”. Ningún funcionario prestó atención a la frase. Acto fallido.


La segunda audiencia del juicio se realizó al día siguiente, el 12 de diciembre. Se inició con la declaración del testigo del operativo policial, un joven estudiante de derecho. En el interrogatorio terminó por reconocer que en realidad no vio que retiraran el arma del bolsillo de Facundo. Sostuvo que el ángulo de visión, la oscuridad y el hecho de que los oficiales lo hicieran a un costado en ese preciso momento le hacían imposible afirmarlo. “No vi cuando le ponían el arma en el bolsillo” dijo dos veces. 

Quien aportó el cierre del juicio, brindando la prueba del asedio policial contra Facundo, fue Marcela López, directora de Acción Social de la Municipalidad de La Plata. Señaló que cinco días antes de la detención presenció que un grupo de policías lo había subido a un móvil esposado. La explicación de los oficiales por la detención fue que se trataba de un A.I., Averiguación de Identidad. Tras hacerles notar la arbitrariedad de la detención, aquel día lo dejaron ir.

Mientras la segunda audiencia se desarrollaba, el proyecto para limitar las excarcelaciones resurgía con una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. En los días previos, el sciolismo había puesto el grito en el cielo ante el rechazo de los organismos Derechos Humanos. No quería cerrar el año con una derrota política. La comisión aprobó el proyecto. Al día siguiente, el Senado debería decidir si lo convertía en ley.

El 13 de diciembre a las nueve de la mañana, el juez dio inicio a la última audiencia, en la que se esperaba escuchar los alegatos de las partes. “Voy a desistir de la acusación” fueron las primeras palabras de la fiscal. Hizo hincapié en las contradicciones de los policías y en que el testigo no pudo asegurar que retiraran el arma del bolsillo. Condenando la arbitrariedad policial, sostuvo que “los funcionarios policiales actuaron con exceso de sus facultades al no encontrarse en una situación de flagrancia y tampoco entiendo que han justificado debidamente el estado de sospechas hacia Goñi”. La fiscal concluyó su presentación solicitando que se inicie una investigación a los oficiales por la posible comisión del delito de “apremios ilegales”. El juez Saraví dio lugar a la liberación de Facundo y a la investigación de los uniformados.

En esas horas, a cinco cuadras, en la Casa de Gobierno, el gobernador entregaba el reconocimiento “Juan Vucetich” al mejor policía. “La mayor frustración de un policía se da cuando después de un arduo trabajo un delincuente entra por una puerta y sale por la otra” afirmaba en el aniversario de la fuerza provincial. De esta manera enviaba la pelota a una cuadra, a la Cámara de Senadores, donde se debatía la reforma al CPP. Con el acuerdo sellado dentro del polarizado bloque oficialista, y el apoyo de ciertos partidos de la oposición, el proyecto fue aprobado. 

En febrero, tras la feria judicial, distintas organizaciones y juristas se presentaron a la Suprema Corte de la provincia denunciando la inconstitucionalidad de la nueva legislación. La misma resolvió suspender su implementación hasta expedirse sobre el tema. El sciolismo, enarbolando la bandera de la seguridad arremetió en los medios contra la cautelar, y presentó a la justicia un pedido para que no se suspenda.

Aquel 13 de diciembre oficiales celebraron la reforma. En su aniversario la Legislatura le daba el visto bueno a esa práctica tan conocida de plantar el “perro”. No fue más que eso, el visto bueno, en una provincia donde el 70% de las personas detenidas aguarda aún su juicio. Sin la reforma y acusado de “tenencia de arma de fuego” y “resistencia a la autoridad”, Facundo cumplió casi cinco meses de prisión en la Alcaldía Petinato. El defensor le había ofrecido 4 meses y medio cuando cayó. Él quería, por una vez, ganar la pulseada.