El lunes 8 de febrero el oficial de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, 25 años, llegó al edificio de la Ayudantía Fiscal de Rojas, una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires de menos de 20 mil habitantes. Lo habían citado para informarle que sobre él pesaba una medida perimetral para que no se acercara a su ex novia, Úrsula Bahillo. Le dijeron cuáles eran las consecuencias que podía tener si violaba la restricción de 200 metros y se fue. En total, había tres denuncias y dos ampliaciones de Úrsula por violencia de género. Horas más tarde y ya fuera del Juzgado, Martínez llevó a la adolescente de 18 años a un descampado de la localidad de Guido Spano y la mató a puñaladas. Después intentó suicidarse.
Las denuncias de Úrsula no eran el primer antecedente de violencia de género de Martínez. Tenía otras de una ex pareja que hicieron que la fuerza policial lo traslade a Salto.
En la nueva ciudad tuvo otra novia y terminó denunciado por abuso sexual de la hermana de ella, una chica con una discapacidad. La segunda causa judicial tampoco derivó en que le dictaran la prisión preventiva contemplada en el Código Penal para estos delitos. Martínez gozó otra vez de los beneficios de la fuerza y consiguió un nuevo traslado, esta vez a San Nicolás. En libertad, esperaba el inicio del juicio con licencia psiquiátrica desde septiembre.
Tres días antes de ser asesinada, Úrsula había pedido al juez de Paz Luciano Callegari un botón antipánico. No se lo dieron. El magistrado le dijo que en ese momento no tenían ninguno en funcionamiento y que tenía que esperar unos días. La autorización judicial se hizo efectiva dos días después de que la mataron.
La notificación del femicidio llegó a través del llamado de una vecina al 144, la línea que asesora y acompaña en situaciones de violencia de género. El número de teléfono nacional no es un lugar de denuncias pero aun así se instaló en el imaginario social como un espacio de referencia y cuidado más amigable que la comisaría. Desde Nación derivaron la notificación a la línea de Provincia de Buenos Aires y desde ahí informaron a la Dirección de Intervenciones en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, el área provincial que interviene en estos casos.
La guía de actuación con la que trabaja el gobierno provincial indica que una de las primeras acciones es rastrear si hay algún registro del caso. A pesar de las tres denuncias y dos ampliaciones que había hecho Úrsula, en ese rastreo no encontraron llamadas al 144 ni pedidos de intervención desde el área de género de Rojas.
El juez Callegari aseguró en los medios que había dispuesto que se derive el caso a la Ayudantía Fiscal “ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez y que se comunique sobre la situación de violencia al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad”. Si este área recibió la notificación no avisó a Provincia, al menos hasta que ya fue demasiado tarde. Callegari también ordenó una pericia psicológica de Úrsula, una prueba innecesaria y una de las formas de revictimización en casos de violencia de género.
A Martínez lo detuvieron pasada la medianoche y lo llevaron primero al hospital de Rojas, después a Pergamino y por último a San Nicolás.
El año pasado el gobierno nacional lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. En su lanzamiento lo definieron como “un plan integral, que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y LGBTI+”.
Dentro de ese Plan está el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, que busca “lograr respuestas estatales más eficaces de manera conjunta, articulada y coordinada ante la problemática de los femicidios, travesticidios y transfemicidios desde una perspectiva multiagencial e interseccional”.
No hay dudas de que la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia de género tiene más fuerza ahora que por primera vez hay rango ministerial. No hay dudas tampoco que son muchas las feministas que desde los espacios estatales de cada localidad del país dan pelea día a día para ir hacia la mentada erradicación de las violencias, hacia la igualdad de géneros, hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Mientras se escriben las noticias del femicidio de Úrsula, que una vez más levanta el grito de Ni Una Menos, suceden construcciones subterráneas y casi invisibles, como la Ley Micaela que llega de a poco a lugares impensados. Y pasan con presupuestos que no alcanzan para cubrir las demandas.
Pero las promesas de interseccionalidad, trabajo territorial y coordinación entre niveles del Estado fallaron y siguen fallando. Las palabras que llenan los programas y planes tienen gusto a poco cuando, una vez más, el Estado no cuida. El caso de Úrsula muestra una vez más que algo pasa en el eslabón de abajo. Evidencia que el primer lugar al que acuden las víctimas para denunciar, las comisarías y los juzgados, siguen siendo los más inseguros y donde menos se las escucha. Muestra una Policía a la que le falta formación (y le sobra complicidad) y a una Justicia que no quiere esa capacitación porque cree que no la necesita.
Úrsula lo dijo. Escribió en una historia de Instagram una de las frases feministas más compartidas: “Y si un día no vuelvo hagan mierda todo”. Su femicidio hizo estallar a Rojas. Amigxs y familiares salieron a las calles para exigir justicia frente a la comisaría que no la escuchó. La respuesta de la misma fuerza a la que pertenece el femicida, la misma que lo cuidó y trasladó de un lugar a otro, fue más violencia, balas de goma y represión. La imagen de su amiga Nerina recibiendo un balazo en el ojo por exigir justicia no hizo más que hacer crecer la bronca y la indignación social.
Según datos del observatorio de Mumalá en enero del 2021 hubo 1 femicidio cada 27 horas: en el 59% de los casos el agresor era la pareja o ex-pareja de la víctima y en el 25% se había hecho una denuncia previa. A eso se suma el factor policial: el 12% de los femicidas pertenecía a una fuerza de seguridad. Entre 2015 y 2017, según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, sólo en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires 23 mujeres fueron asesinadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia doméstica. En la gran mayoría de esos casos los agentes estaban fuera de servicio al momento de disparar.
Úrsula sabía que estaba en peligro y lo dijo en las redes, a sus amigxs y a la Justicia. La veía venir y un día no volvió. Queda su pedido de hacer mierda todo que, más allá de lo fuerte o virulento que suene, no es más que otra forma de decir que habrá que hacer de las consignas, los programas, los planes y los discursos una realidad que salve vidas.
