Es un alivio: cada vez que el Gobierno anuncia la fecha en la que llegará un vuelo con más dosis de vacunas contra el Covid-19, respiramos un poco. Informarnos sobre la cantidad de vacunas, cuáles son y cuándo aterrizarán en nuestro país se volvió una rutina tan estresante como esperar el parte de contagios y muertxs de cada día. Porque alivia que de a poco conozcamos más y más gente vacunada, pero también desespera ver los números: parece que no se va a llegar nunca a la noticia de “tenemos el 40 por ciento de la población vacunada”.
Pero la sensación de angustia no es sólo argentina.
Llevamos un año de pandemia mundial y todavía hay 130 países que no comenzaron sus campañas de vacunación. Sólo 10 países concentran el 80 por ciento de las dosis. ¿De qué sirve inmunizar a toda una población y tener dosis de sobra si la pandemia no se acabará hasta 2023, cuando el resto del mundo recién pueda empezar a vacunar? ¿Por qué sólo unas pocas industrias farmacéuticas tienen el monopolio de las vacunas? ¿Es posible liberar las patentes? Estas son las claves del pedido mundial de liberación de patentes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de patentes?
Las patentes son derechos exclusivos que dan los Estados a un inversor, es decir, a compañías farmacéuticas internacionales.
A nivel mundial las patentes se globalizaron desde 1994, cuando se firmó un acuerdo que definió el destino de la salud de los siguientes 25 años. El contexto era ideal: el neoliberalismo.
Fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y estableció que todos los países están obligados a dar el monopolio a las empresas de productos farmacéuticos por un mínimo de 20 años. Es decir, el único que puede producir, vender y comercializar el medicamento es el titular de la patente y la cobra en cada uno de los países. Una ecuación redonda.
“Es importante aclarar que los 20 años son un plazo mínimo y no máximo. Esto significa que tenemos multinacionales que piden numerosas patentes sobre los mismos medicamentos y a veces hay plazos de 35 a 40 años. Hay un abuso total y este convenio lo que permitió es la proliferación de monopolios, la mayoría en Estados Unidos, Europa y Japón. Por eso hoy vemos que los países están dependiendo de laboratorios monopólicos internacionales para vacunar. Por ejemplo, vemos que Pfizer solicitó patente a Argentina por 20 años lo que significa que tenemos que esperar que ellos fabriquen o nos autoricen a fabricar”, explica a Cosecha Roja Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, organización que trabaja por el acceso a medicamento y el derecho a la salud en Argentina.
En Argentina, el convenio entró en vigencia en 1995, cuando se adoptó la ley de Patentes y en los años siguientes se creó la oficina que analiza, otorga y rechaza patentes.
¿Qué pasó con la pandemia?
Esos países que concentran y son originarios de las empresas farmacéuticas aplicaron la estrategia de nacionalismo. Es decir, compraron todas las vacunas que se producen en sus territorios. El resultado: 10 países concentran el 80 por ciento, 130 no han recibido ninguna dosis y los restantes, entre los que está Argentina, recibimos gracias a empresas chinas y rusas que empezaron a proveer al sur global. La diferencia que permite esto es que esos países hicieron una única patente internacional testimonial, que no implica hacer patentes en cada país y, por lo tanto, pagar por ellas.
“Es importante revertir este acuerdo internacional. Cuando se propuso fue en una avanzada neoliberal mundial y la promesa detrás era que, como teníamos escasez de medicamentos y tecnología médica, iba a traer fondos privados para poner al servicio de la salud. Lo que pasó en realidad es que se trajeron fondos privados pero para generar más ganancias para ellos y hubo una apropiación de las tecnologías médicas. Es decir, los Estados se corrieron del rol de desarrolladores de tecnología y son compradores de tecnología privada. Cedimos la soberanía sanitaria”, agrega Di Giano.
Ceder la soberanía sanitaria no significa no sólo no poder fabricar ahora vacunas. Influye en el endeudamiento de los países. “Hay restricciones para poder invertir impuestas por los organismos internacionales como el FMI. Por eso, cuando le pagamos al Fondo en 2005 ganamos soberanía y pudimos avanzar en traer a científicos que se habían ido, crear un Ministerio de Ciencia y Técnica, dar más fondos a Conicet y en la ley de producción pública de medicamentos, que puede bajar el precio del medicamento privado privilegiando el público”, explica Di Giano.
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¿Por qué se pide liberar patentes?
Lo que se está peleando a nivel mundial es la suspensión. La Organización Mundial del Comercio junto a más de 50 países, entre los que está Argentina, solicitó suspender los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías médicas para Covid mientras dure la pandemia.
“Eso va a evitar los monopolios y permitirá que cada país utilice la tecnología y pueda fabricar sus vacunas. No es verdad que solo países ricos pueden producir tecnología. Ahí vemos el caso Cuba, China o Rusia que no salieron a patentar por el mundo, piden patentes testimoniales que no se explotan comercialmente”, explica Di Giano.
Argentina y Brasil, por ejemplo, disponen de laboratorios públicos y privados con tecnología para fabricar vacunas para toda la región. Y, mientras tanto, el resto podría recibir esas vacunas e incorporar tecnología para producir en sus territorios. Es decir, cada país podría fabricar sus vacunas.
¿Por qué es importante que la suspensión sea mientras dure la pandemia?
Porque es la forma de inmunizar a la población mundial de manera más rápida. De nada sirve que Estados Unidos compre todas las vacunas y tenga reservas si en el mundo siguen surgiendo cepas y viajando de país a país. A menos que levante un muro y no deje entrar a más nadie (¿les suena?). Además, no significa que las empresas salen perdiendo. Según Di Giano, Pfizer ya anunció que después de la pandemia venderá la vacuna a 100 dólares. Hoy lo hace a entre 20 y 30.
“La liberación de las patentes no es solo un tema de los militantes de la salud, también deberían estar en la agenda de todos los sectores económicos afectados por la pandemia porque mientras antes eso suceda, antes vamos a inmunizar a la población. Con la escasez mundial que hay es imposible el discurso de que cada uno se la pueda comprar en la farmacia porque no hay vacunas. Sería una pésima estrategia de salud pública”, agrega Di Giano.
¿De qué o quiénes depende la liberación de las patentes?
Para Di Giano depende enteramente de la voluntad política de los gobiernos. “El parlamento europeo se pronunció a favor, pero los poderes ejecutivos de esos 10 países siguen defendiendo a las compañías farmacéuticas monopólicas que, cabe aclarar, poco les importa la salud pública: son multinacionales que cotizan en bolsa y están detrás de los fondos especulativos de inversión. Todo a costa de la salud mundial”.
Y depende también de la presión popular y de poner en agenda este tema. Hay varias organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, que están trabajando en esto y por eso vemos que crece en las redes el pedido de “liberen las patentes”. También Médicxs sin fronteras está juntando firmas para hacer un pedido global: podés sumar la tuya acá.
Se trata de recuperar la soberanía sanitaria y de no tener que estar en una carrera frenética y en una guerra contra el mundo por conseguir más vacunas. La salud no debería ser una mercancía nunca. Menos aún en pandemia.