El 2 de junio de 1975 más de 100 prostitutas francesas tomaron la iglesia Saint-Nizier en la ciudad de Lyon y se declararon en huelga. Buscaban que se conociera la violencia y la situación en la que estaban las trabajadoras sexuales en Francia. En la década del 70 la vigilancia había crecido a tal punto que las represalias de la Policía obligaban a las mujeres a ejercer en secreto, lo que hacía que fueran un blanco fácil de violencia. La decisión de la toma llegó después de dos asesinatos de trabajadoras sexuales y de la falta de voluntad del gobierno de generar políticas públicas que regularan la actividad.
Dicen que hasta Simone de Beauvoir pasó por la iglesia de Lyon a solidarizarse con las putas. Después de 8 días de huelga la iglesia fue allanada por la Policía, que reprimió a las manifestantes. Desde entonces, el 2 de junio quedó instalado en el calendario feminista como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual y como uno de los puntos de partida del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales.
En Argentina la lucha de las trabajadoras y trabajadores sexuales tomó forma en el sindicato Ammar, que desde hace más de 25 años integra la CTA y que en la última década entró de lleno en el movimiento feminista.
La llegada a los feminismos no fue fácil y sigue siendo un tema que divide aguas entre quienes apoyan la despenalización del trabajo sexual y quienes dicen que debe ser abolido porque no es un trabajo. Desde Ammar sostienen que la discusión no es trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino que se trata de dar derechos a quienes lo ejercen y alternativas a quienes no quieren hacerlo.
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En Argentina si bien el ejercicio de la prostitución no es delito hay contravenciones en la mayoría de las provincias que permiten llevar detenidas a las putas bajo distintas figuras. A nivel mundial se han implementado cuatro modelos en relación al trabajo sexual o la prostitución: regulacionismo, reglamentarismo, abolicionismo o prohibición. Ninguno es por el que pelea Ammar, que apunta a la despenalización del trabajo sexual. Este modelo busca eliminar todas las sanciones penales al ejercicio del trabajo sexual para personas mayores de 18 años, con la premisa de que estas penalizaciones criminalizan y exponen a quienes lo ejercen a la violencia institucional y policial. Es decir, sacar al trabajo sexual del Derecho Penal y que esté en el Derecho Laboral. El discurso es similar al de la despenalización del aborto. Una de las medidas que piden al Gobierno Nacional es la inclusión de la categoría de trabajadorxs sexuales en el monotributo, la posibilidad de tener obra social y jubilación.
En 2020 la pandemia puso en evidencia la precaria situación de trabajadoras y trabajadores sexuales que viven del día a día. Las putas tuvieron que dejar de trabajar sin poder generar ingresos para pagar comida, alquileres, servicios y cualquier gasto. Por esta situación crítica, el gremio desbordó de demandas: hambre, desalojos en hoteles y viviendas con condiciones insalubres, falta de insumos de salud y de elementos de higiene básicos, hijas e hijas que no pueden alimentar, violencia institucional acrecentada. Crearon un fondo propio con donaciones desde todo el país y asistieron a 5 mil personas con algún tipo de ayuda alimentaria, sanitaria o económica.
A mitad del año pasado el Ministerio de Desarrollo Social puso online un formulario para trabajadores de la Economía Popular a través del cual se podían acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Lo novedoso fue que, entre los rubros, por primera vez apareció el trabajo sexual. Pero duró muy poco: tres días después el formulario ya no estaba.
Las trabajadoras sexuales habían festejado la noticia en las redes sociales como un reconocimiento de la actividad. El sector abolicionista repudió la decisión del Ministerio. Unos días después, el Registro volvió a estar disponible, sin aclaraciones oficiales y sin el rubro de trabajo sexual.
“¿Y si nos inscribimos igual?”, se preguntaron las trabajadoras sexuales en una asamblea nacional. Y decidieron que sí. Algunas se inscribieron en la categoría Servicios Personales y otras en Trabajo en espacios públicos. En total se inscribieron 1500 trabajadoras sexuales de todo el país. Varias ya recibieron su carnet y lo plastificaron. Hoy cuando la Policía las frena en la calle pueden exhibir un documento con logo del Estado.
