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Bio Bio.- Foto: La Tercera

Este lunes, el abogado de 34 años, Rodrigo Ferrari, fue formalizado en la Fiscalía Centro Norte de Santiago bajo los cargos de usurpación de identidad, imputado como el autor de 3 cuentas de Twitter donde se parodiaba al empresario Andrónico Luksic.

Se trata de las cuentas @losluksic, @andronicoluksic y @luksicandronico (actualmente suspendidas), donde entre 2010 y 2011 se publicaron comentarios alusivos al magnate, las que fueron vinculadas a Ferrari luego de que la red social estadounidense entregara los datos de contacto a la Policía de Investigaciones.

Sin embargo para la ONG Derechos Digitales, la cual asesora a la defensa del acusado, este caso no sólo representa una confusión entre la usurpación de identidad y la parodia, sino que reviste una grave amenaza a la libertad de expresión de los usuarios en Internet.

Según explicó a BioBioChile el abogado Claudio Ruiz, presidente de la organización, sólo una de las cuentas de Twitter fue creada por Ferrari (@losluksic) y en ella era evidente el ánimo de parodiar al dueño de Canal 13, no de hacerse pasar por él. Además, negó que se haya usado para hacer comentarios ofensivos.

“Hablamos de una cuenta que tenía un fondo de billetes cayendo y donde se vertían expresiones como ‘tenemos cualquier plata’. Era obvio para cualquier persona que Andrónico Luksic no iba a estar haciendo esos comentarios”, expresó Ruiz.

Para el abogado, más grave aún es que Twitter, una empresa reconocida por la defensa de sus usuarios y que incluso protegió a Wikileaks, haya entregado los datos de Ferrari a la PDI sin una orden judicial, sólo en virtud de un acuerdo con la Interpol.

“Aquí hay una transgresión a la vida privada del imputado. Eso sin mencionar que la parodia no constituye una infracción. Acá el único delito es haber parodiado a un poderoso”, sentencia.

Consultado respecto a cuál es el objetivo de Luksic con esta acción judicial, a la que incluso concurrió a testificar personalmente, Ruiz recordó que el empresario es conocido por el celo con el que resguarda su privacidad, por lo que la idea podría ser ofrecer una señal.

“Hablamos de cargos de los que, en caso de probarse, revisten entre 61 a 541 días de cárcel, que en cualquier caso serían de pena remitida con firma. El verdadero tema aquí es la grave amenaza a la libertad de expresión”, afirmó.