Gustavo salió sorteado para el ProCreAr el primero de noviembre de 2014 en el Teatro Niní Marshall. El sueño de la casa propia se concretaba: en marzo la obra en Tigre iba a estar lista. A fin de 2015 anotó a su hijo en un colegio de ese partido. Pero después del cambio de gobierno, las empresas pararon las obras y las viviendas quedaron sin terminar. Los beneficiarios denuncian que ni el Estado ni el Banco Hipotecario hacen nada para resolver la situación. Ahora, Gustavo viaja 25 kilómetros todos los días desde San Martín hasta Tigre para llevar y traer a su hijo del colegio.
La zona norte del conurbano no es el único lugar con problemas con los desarrollos urbanísticos del programa estatal. El conflicto se vive en otros lugares de la provincia de Buenos Aires como Canning, Ciudad Evita, Morón, San Nicolás, Suipacha y Tandil. Las familias que soñaron con la casa propia, ahorraron y planificaron, ahora viven con sus padres o suegros, se endeudaron con alquileres o cambiaron varias veces de hogar en los últimos meses. Fuera del territorio bonaerense, otras localidades también lo sufren: Granadero Baigorria (Santa Fe), Maipú (Mendoza), Monte Maíz (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), San Luis (San Luis) y Pocitos (San Juan), entre otras. Los futuros propietarios crearon un grupo de whatsapp que tiene más de 250 participantes de todo el país. Ahí comentan las novedades y difunden las actividades de cada caso.
“Para mi no las entregan por una decisión política. Van a esperar hasta las elecciones del año que viene”, dijo a Cosecha Roja el abogado Matías Fortunatti. Matías ganó el sorteo de 2014 como uno de los titulares del plan de Tigre. Empezó a pagar las cuotas y le dijeron que para septiembre de 2015 iba a tener lista la casa en el barrio Rincón de Millberg. Ese día nunca llegó. Fue la primera de las tres veces que se vencieron los plazos de entrega: después vendrían marzo y septiembre de 2016. Hoy, son 111 familias las que se organizaron para reclamar que se reanuden las obras.
Matías y los beneficiarios también preparan una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, la institución encargada del plan. Según el abogado, el funcionario permitió que dinero que dejó la gestión anterior de Diego Bossio destinado al ProCreAr se pusiera a disposición de otro organismo.
Basavilbaso recorrió el predio de Tigre el 13 de mayo. “Las viviendas tienen un avance considerable y finalmente hoy pudimos destrabar las cosas que quedaban pendientes”, dijo entonces el funcionario. También declaró que el plan anterior era para que la gente de clase media alta se haga su casa en barrios privados. Matías desacuerda: “Es un proyecto creado para la clase media, los requisitos lo confirman”. Para acceder a una vivienda hay que tener continuidad laboral, un año de antigüedad en el trabajo, no estar en el Veraz, no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos doce meses y no ser propietario de otro inmueble.
El desarrollo urbanístico de Tigre queda en el inicio del Camino de los Remeros, cerca del Acceso Norte. Son 442 viviendas entre casas y departamentos. En el lugar trabajan dos empresas constructoras: el grupo Castro y el Farallón. Castro ya terminó las 242 edificaciones que le correspondían. Pero Farallón todavía tiene 200 departamentos incompletos. Desde el cambio de gobierno, sólo veinte empleados quedaron en la obra. El Banco Hipotecario debería controlar que esto no pase, pero según Matías “no hace nada para cambiarlo”.
Cerca del shopping Las Toscas de Canning, se encuentra el plan urbanístico de 346 viviendas. Desde la asunción de Mauricio Macri las obras estaban paralizadas. Cuando el mandatario visitó la localidad en abril, los trabajadores volvieron a la construcción. Pero sólo por quince días. Según los vecinos, ahora hay seis obreros que se quedan de guardia. Y los plazos de entrega se vencieron en mayo. “Estamos pagando algo que no vemos y no estamos seguros de tener. Queremos ver a gente trabajando en nuestra casa”, dijo a Cosecha Roja la beneficiaria Sandra Leguizamón.
Florencia y Nicolás son de Rosario y esperan su casa desde hace dos años. Todavía no saben cuándo se podrán mudar a San Nicolás, uno de los desarrollos urbanísticos más grandes del país: tiene 714 viviendas. También desde el cambio de gobierno se frenaron las obras. Debería haber 800 trabajadores y hay solo 50. María Virginia Bertetti es periodista y también espera su casa en San Nicolás. Es una de las que organiza y difunde la movida, y está preocupada porque las casas están deshabitadas: “ya hubo robo de materiales y el Banco no hace nada”.
Carlos Vázquez es uno de los titulares del proyecto en Tandil. A fines del año pasado estuvo mareado y un día tuvo convulsiones. El suyo no es el único caso en su localidad: internaron a dos vecinos en tres semanas y una persona se descompuso cuando volvía de una reunión con ANSES. “Puede que sean casos aislados, pero también tiene que ver con la incertidumbre en la que vivimos”, dijo a Cosecha Roja Mariana Aguerriberry, una beneficiaria del plan de esa ciudad.
El ProCreAr en Tandil se sorteó en abril del año pasado. Son 628 viviendas de las que solo se adjudicaron 144. El plazo de entrega se venció en diciembre y no pusieron una nueva fecha. Los edificios son responsabilidad de tres constructoras: Coarco S.A. ya terminó su parte; Riva S.A. está a la espera de que el Banco Hipotecario acepté lo que edificó; y Eleprint SA todavía está en deuda. Según Mariana, falló el método que usaron para construir y las casas tuvieron filtraciones y quedaron rajadas. Ahora la empresa está en una discusión con el banco y la ANSES por el presupuesto.
Este año un grupo de cien familias tandilenses le envió una carta a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Todos pertenecemos a la clase media y baja y nos encontramos alquilando las viviendas que habitamos, por lo que muchos de nosotros debemos renovar contratos o mudarnos abonando grandes sumas sin tener fechas estimadas para la asignación de viviendas”, le escribieron los vecinos.
El 20 de septiembre el concejo deliberante de Tigre aprobó un proyecto de ordenanza que declara de “interés municipal” el desarrollo urbanístico ProCreAr. “No es la solución al problema pero para nosotros es un gran avance”, dijo Matías. Con esta norma, el Ejecutivo le pide información al Banco Hipotecario sobre la situación del plan y solicita que la ANSES le exija al banco respetar las condiciones pactadas con las familias beneficiarias. La ordenanza fue difundida en el grupo de whatsapp. Otros vecinos tomaron la idea de darle un impulso a los proyectos desde la intendencia.
Los beneficiarios del ProCreAr se dividen en cinco segmentos que dependen del nivel de ingreso familiar. La cuota y la hipoteca a pagar se calculan sobre esa base. Según la tabla de 2014, el mínimo que había que ganar para entrar al plan era de 6.000 pesos y el máximo 35.000. Ahora, el Banco Hipotecario quiere volver a evaluar debido a la inflación. Esto representa un problema para los que están en el segmento más bajo: por la diferencia tienen que pagar mucho más. Y también para los que pagan más porque corren el riesgo de quedarse afuera del rango del crédito. Las familias de Tigre pelean para que la entidad financiera de marcha atrás con esto. “Es un incumplimiento contractual. Nosotros queremos que cumplan con lo que firmamos inicialmente”, explicó Matías.
El 5 de septiembre de este año los vecinos se movilizaron a la sede del Banco Hipotecario de Tigre. La entidad los esperaba a las dos de la tarde pero ellos fueron a las diez porque tenían miedo de que les cierren las puertas. Le entregaron un petitorio al gerente. En el documento exigían que no se hiciera la nueva segmentación y que se respetara el contrato firmado inicialmente. “Si las decisiones que toman no benefician a todos los vecinos, no las vamos a aceptar”, dijo a Cosecha Roja Cintia Vega, titular del plan.
Todos los beneficiarios coinciden en una cosa: no pueden vivir en la situación de incertidumbre actual. Mariana ya cambió a sus hijos a un colegio cerca de su futura vivienda. Pero sigue sin saber cuándo se va a mudar: “Si nos dicen que nos las entregan en un año, nos va a dar bronca. Pero por lo menos sabríamos algo con seguridad. Ahora estamos en el aire”.
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