Por Kevin Nielsen*
Según la RAE, el motín es un levantamiento colectivo contra las autoridades penitenciarias. En el imaginario popular está instalado como un acto violento que involucra a una cantidad significativa de presos, pero no mucho más que eso. Los medios de comunicación logran presentarlos como actos aislados de sus causas y sus fines, dejando que el “sentido común” haga el resto.
Si preguntamos a un ciudadano qué buscan los motines, dirá que es un acto violento sin causa que simplemente expone la “naturaleza” del preso. Alguno dirá con certeza que los motines son “para fugarse”, para agredir al personal penitenciario o a otro privado de libertad.
En Argentina el motín es una medida de protesta extrema. Es a la cárcel lo que el “piquete” al afuera. Suele estar precedido de vías de reclamo más o menos formales donde se expresaron las peticiones. No es un capricho ni un ajuste de cuentas.
Un análisis cercano de todo motín puede arrojar una sorpresiva progresividad en los métodos de petición que ni siquiera en el afuera se ve: de notas a habeas corpus, de habeas corpus a huelgas, y de huelgas a motines.
Cuesta hacer un motín. Es una decisión difícil para el privado de libertad que en general preferiría no tomarla. Cuesta también reprimir un motín, es una acción difícil para el trabajador penitenciario que en general preferiría no cumplirla.
Un motín está cargado de simbolismos que hacen a la cultura carcelaria. El uso de chuzas y lanzas oscila entre lo simbólico y la garantía de poder sostener el motín unas horas para que sea noticia.
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Las demandas suelen ser el cese de vulneraciones de derechos o actos que los privados de libertad perciben como tales, y casi siempre tienen razón en esto. Desde dilaciones judiciales, pasando por condiciones de detención, hasta la calidad de la comida y la falta de atención médica, son sólo algunos ejemplos del repertorio de reclamos históricos.
Lo cierto es que no siempre se puede dar solución inmediata a esas peticiones en el contexto del motín o de crisis. Hay algunas problemáticas que son estructurales. Y en la capacidad de los privados de libertad para entender eso está la clave de la desarticulación no violenta del motín. En el compromiso del Estado en abocarse a ello pasada la crisis, también.
No todos los reclamos por vulneraciones de derechos van dirigidos a la administración penitenciaria (poderes ejecutivos). El ejemplo más claro es el de estos días (los motines por Covid-19) donde el demandado es el Poder Judicial: un actor clave al cual en los últimos años se viene corriendo el velo de su histórico desentendimiento en las condiciones de detención.
La intención de generar o sostener un motín “porque sí” no suele ser algo generalizado, pero puede existir. La cárcel es un infierno, pero además es un infierno aburrido. Hay personas razonables, también hay personas violentas, igual que afuera. Pero la violencia del preso nunca suele ser leída como un fracaso en el objetivo de re-inserción del sistema.
La capacidad de gestionar el conflicto suele ser una prueba de fuego para las segundas líneas en las conducciones políticas de las carteras de seguridad o gobierno. Reprimir un motín puede ser tentador para funcionarios que hacen una lectura prejuiciosa de la opinión pública, pero saben que ello es inviable para mantener la convivencia de la comunidad penitenciaria.
Todo parece indicar que la experiencia de Devoto fue el puntapié para avizorar una solución de coyuntura. Pero tal vez también sea el momento de pensar que el diálogo entre autoridades, personal penitenciario y personas privadas de libertad tiene que ser algo permanente, institucionalizado y normalizado, y no solo producto de la crisis.
Un ejemplo es la unidad penal de Batán, en la que hace años funciona un Comité de Prevención y Solución de Conflictos, integrado por penitenciarios, funcionarios judiciales, educadores, personas privadas de su libertad e instructores deportivos.
Los expertos coinciden en que el sistema penal después de la pandemia no va a ser el mismo. Con esperanza podemos arriesgar que, tal vez, la participación activa de las personas privadas de la libertad en la gestión de los lugares de detención sea un camino para acercarnos a su definitiva pacificación.
*Secretario General de la Asociación Pensamiento Penal.
