Por Alice de Souza
Las celdas del Centro de Recuperación Regional de Altamira se abren alrededor de las 7 para el desayuno de los prisioneros. La cárcel en el estado de Pará replica un tipo de estructura similar a muchas en el norte de Brasil. Está hecha con partes metálicas improvisadas de contenedores y albañilería. Cada pabellón es un potencial invernadero humano. Los miembros del Comando Classe A (CCA) aprovecharon ese detalle técnico. Por la mañana del lunes abandonaron el Bloque A e invadieron el Anexo, espacio que hace la división con el Bloque B, donde estaban detenidos vinculados a la banda contraria Comando Vermelho (CV).
Tan pronto como se abrieron las puertas, los miembros de CCA fueron hacia sus rivales. Primero atacaron con armas cuerpo a cuerpo y decapitaron a 16 prisioneros. Luego fueron más allá y prendieron fuego a un pabellón, donde estaba parte de la banda opuesta. Las llamas empezaron a consumir los espacios improvisados y a calentar la estructura metálica. De los que estaban adentro, 41 no pudieron escapar de la combinación química y murieron asfixiados. Algunos ni siquiera pudieron ser removidos de las celdas hasta que cesó el calor. Son las víctimas de la mayor masacre en una prisión brasileña en 2019: 57 muertos.
El episodio parecía presagiado. Hace unos dos meses, los familiares de los reclusos extendían carteles frente a la prisión pidiendo una transferencia a otras unidades. Con capacidad para 163 personas, el lugar albergaba a 343. Todos vivían juntos, a pesar de la ley. Prisioneros del régimen cerrado y semiabierto. Juzgados y en espera de juicio. Miembros del CCA, la rama del Primer Comando de la Capital de São Paulo (PCC) y el Comando Vermelho, opositores históricos en la lucha del narcotráfico por el dominio de los territorios brasileños.
Con capacidad para 163 personas, el lugar albergaba a 343. Todos vivían juntos, a pesar de la ley. Entre ellos, miembros del CCA, la rama del Primer Comando de la Capital de São Paulo (PCC) y el Comando Vermelho, opositores históricos en la lucha del narcotráfico por el dominio de los territorios brasileños.
En el Centro de Recuperación Regional de Altamira no hay salas, bibliotecas, talleres u oficinas. No hay bloqueadores de teléfonos celulares, lo que permitió a algunos de los presos informar detalles de la masacre a familiares que buscaban información entre lágrimas y gritos fuera de la unidad. El certificado de precariedad de la prisión paraense salió, casualmente, el mismo día del asesinato. Un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) clasificó las condiciones de Altamira como “terribles”. El documento dice que la cantidad de oficiales de prisión se reduce en comparación con la cantidad de prisioneros. Hay 33 profesionales para hacer frente a la rutina de la prisión.
El documento también presta atención a un detalle que, sumado a la protesta previa de los familiares de los prisioneros, podría haber evitado la secuencia de muertes. La prisión de Altamira no tiene espacio físico para la custodia de los prisioneros del régimen de semilibertad. Debería haber un trabajo de reconstrucción en esta área, pero no hay información precisa sobre la construcción del espacio. El CNJ dice que existe una “necesidad de reconstrucción inmediata del área del régimen de semilibertad” y “una nueva unidad de prisión urgente”.
El detalle es que se está construyendo una prisión en una ciudad vecina a Altamira. El trabajo empezó en 2013 y debería haberse entregado en 2016, pero se retrasó. La fecha límite es diciembre de este año. El nuevo complejo carcelario tiene costos pagados a cambio de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Si se entrega podría albergar a parte de los prisioneros que hoy comparten el espacio improvisado del Centro de Recuperación Regional de Altamira. Podrían haber suavizado los números de la tragedia.
La masacre del lunes no puede considerarse un hecho aislado. Los casos de asesinatos dentro de las cárceles en la región norte del país han sido recurrentes en las noticias brasileñas hace dos años. En el Año Nuevo de 2017, 59 prisioneros fueron asesinados en una cárcel de Manaus, en el estado de Amazonas. Cuatro días después, 33 prisioneros fueron asesinados en Roraima. En 2018, 22 personas fueron asesinadas en una unidad de prisión en la Región Metropolitana de Belém, Pará. El Centro de Altamira ya había sido escenario de otra masacre, también en 2018, cuando siete detenidos fueron asesinados.
La masacre del lunes no puede considerarse un hecho aislado. Los casos de asesinatos dentro de las cárceles en la región norte del país han sido recurrentes en las noticias brasileñas hace dos años.
La secuencia no ocurre por nada y, según los expertos, tiene que ver con la nueva distribución geográfica de la disputa por el narcotráfico en el país, más allá del eje Río de Janeiro-São Paulo. El CCA es una facción nativa de Altamira. Nacido en el noroeste de Pará, es el resultado de la expansión del narcotráfico que acompaña el progreso forjado en la construcción de grandes obras en el interior de Brasil y la región amazónica. En este caso, la construcción de la Central Hidroeléctrica Belo Monte.
CAA nació para servir a los usuarios de drogas desplazados a la región debido al trabajo de la planta. En 2013, el CCA estableció un esquema de distribución que buscaba bienes en la frontera con Bolivia y Paraguay, anclados en esta migración de tráfico. Mientras que en las calles de los principales centros urbanos del país PCC y CV firmaron un acuerdo de paz que contribuyó a la reducción de las tasas de homicidios, la letalidad de los disputados llega cada vez más a las cárceles.
El lunes, la rebelión empezó cuando se abrieron las puertas, a las 7 de la mañana. Dos oficiales de la prisión fueron tomados como rehenes pero liberados. El motín duró cinco horas. La lista de muertos sólo comenzó a publicarse a las 5:39 pm. Era necesario esperar a que la estructura del contenedor se enfriara antes de retirar parte de los cadáveres. La acción oficial llegó tarde. La Superintendencia del Sistema Penitenciario (Susipe) garantizó que los líderes de las facciones serán transferidos a las cárceles federales.
Pero no hay garantías para evitar nuevas masacres. “Además de la permanencia de la facción en los rivales en el mismo espacio, existe el problema de que Brasil detiene mucho y mal. Tenemos 700 mil prisioneros en el país, el 35% de los cuales están en espera de juicio y otros podrían estar cumpliendo una sentencia alternativa en libertad. Tenemos una cultura carcelaria, sólo perdemos en números para Estados Unidos y China”, explica Edson Knnipel, doctor en derecho y procedimientos penales del Mackezie.
Brasil detiene mucho y mal. Tenemos 700 mil prisioneros en el país, el 35% de los cuales están en espera de juicio y otros podrían estar cumpliendo una sentencia alternativa en libertad.
En el Brasil de 2019, “criminoso bueno es criminoso muerto”. En Whatsapp circulan imágenes que muestran las decapitaciones de los prisioneros de Altamira, en una exaltación de la cultura punitiva. Las familias esperan frente a un camión refrigerado para identificar los cuerpos. El tráfico trabaja para dominar la ruta en la frontera con Perú y Colombia. Y el presidente de la república, Jair Bolsonaro, no quiere responder sobre el hecho: les pidió a los periodistas que pregunten a las víctimas de los muertos qué piensan de la masacre.
