Por Leonardo Gudiño
Los policías de la Federal que el 1 de febrero fueron a buscar a Vanessa Gómez Cueva a su casa de La Plata le dijeron que debía acompañarlos para que firmara una notificación. La mujer buscó a su hijo Michael, de dos años, y se subió al móvil. La trasladaron hasta la División de Búsqueda de Personas y la encerraron con el niño en una unidad sin luz ni agua. Ahí se enteró del engaño: la Dirección Nacional de Migraciones había solicitado a la jueza federal María Biotti, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, que ordenara detener a Vanessa para ejecutar su expulsión.
Vanessa es peruana. Hace 15 años vino a vivir a Argentina. En ese lapso tuvo tres hijxs: dos varones, de dos y cinco años, y una adolescente de catorce. Cumplió una sentencia por comercio de estupefacientes, trabajó y se graduó como Técnica Superior en Enfermería. Armó su vida en la cotidianeidad de una mujer migrante, madre, soltera y trabajadora.
A las 20 de aquel viernes caluroso a Vanessa ya la habían trasladado al Aeropuerto de Ezeiza. Su abogado, Juan Villanueva, presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Criminal Correccional de Turno. Para la medianoche ya había sido rechazado. En las 48 horas siguientes el abogado apeló el rechazo del hábeas corpus, pero esta apelación también fue rechazada. Intentó presentar un amparo en el Juzgado de turno en Lomas de Zamora, pero no había nadie. En el aeropuerto discutió con personal de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Antes del mediodía del domingo, consiguió entrevistarse con Vanessa en el aeropuerto.
El lunes el abogado se enfrentó al expediente administrativo en el Juzgado Contencioso Administrativo. El proceso de expulsión empezó en 2015. En aquel momento, a través de la Defensoría General de la Nación, Vanessa solicitó una dispensa, una medida para frenar la expulsión en virtud de la reunificación familiar, aludiendo a sus hijos menores. Migraciones no dio lugar a la dispensa.
Vanessa constituyó su domicilio a los fines del proceso administrativo en la Comisión del Migrante, de la Defensoría General, a cargo de su defensa. Bajo esta representación legal, presentó un pedido de reconsideración de aquel dictamen incluyendo un recurso jerárquico en subsidio; contaba esta nueva presentación con una apelación in situ a ser resuelta directamente por el Director Nacional de Migraciones en el caso en que se rechazara la reconsideración. Después de aquella resolución, el expediente se aquietó. Quedó apelado, pero sin ninguna decisión posterior.
Tres años después, por la inacción en el expediente, Vanessa renunció a la defensa de la Comisión del Migrante. Recién en 2018, Horacio García, Director Nacional de Migraciones, resolvió rechazar la dispensa y continuar con la expulsión.
La resolución dispuesta por Horacio García se pretendió saldar a través de una cédula en un domicilio distinto al que Vanessa había constituido para el proceso administrativo. Este dictamen llegó cuando ella no tenía defensa jurídica. Nunca se la intimó a nombrar a un abogado ni notificaron a un defensor de menores.
La jueza María Biotti aceptó el pedido la expulsión y dictó una sentencia de detención. La tarde del lunes 4 de febrero personal de Migraciones del aeropuerto tomó a Michael, el hijo argentino de dos años. Amenazaron a su madre con subirlo a un avión y la presionaron para que ella también subiera. En ese momento el abogado intentaba que el Juzgado de Menores N° 1 aceptara un nuevo amparo. Desde aquella tarde pesa sobre Vanessa Gómez Cueva la prohibición de reingreso a la Argentina: no sabe cuándo volverá a ver a sus hijos más grandes.
Coyuntura regresiva
El DNU 70/2017 firmado el 29 de enero de 2017 por el presidente Mauricio Macri legitimó la versión oficialista en la que se acusa lxs migrantes de poner en riesgo la soberanía de este país. La expulsión de Vanessa es un retrato de la nueva política migratoria argentina.
“No podemos separar el caso de Vanessa de un contexto más amplio en Argentina; de retrocesos en la agenda migratoria de los derechos humanos de las personas migrantes que se ven reflejados en políticas y legislaciones”, dijo a Cosecha Roja Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina.
Este giro en la política migratoria se expresa en la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones 25.871 y su Decreto Reglamentario, en la persecución sistemática hacia la migración irregular y las personas migrantes con antecedentes penales y en la implementación de medidas que dificultan a la regularización migratoria y en la adopción de normativas que violan la igualdad de derecho y la no discriminación de la población migrante. En Jujuy se promulgó el cobro de los servicios médicos públicos a lxs migrantes que no cuenten con una residencia permanente. En Chubut el gobierno formalizó un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
“No solo se están expulsando a personas con antecedentes penales, también se están emitiendo expulsiones de personas que no han regularizado su trámite migratorio” denunció la abogada Zulema Montero, de la Asociación Civil Yanapacuna, integrante de la Campaña Migrar No es Delito.
“Los migrantes no somos delincuentes, somos trabajadores”, dijo Zulema, quien remarcó que el gobierno fomenta la discriminación, la xenofobia y la criminalización de las personas migrantes. Solo el 6% del total de la población recluida en establecimientos federales y provinciales es extranjera. Esas personas detenidas representan apenas el 0.3% de la población migrante total en el país.
Amnistía Internacional está impulsando una ciberacción urgente. “Es una estrategia de solidaridad internacional por la cual se activa una red de miles de personas de todo el mundo que se unen para reclamar que se revierta la situación”, definió Mariana Fontoura Marques.
Un grupo de organizaciones hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento señala que estas medidas son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones, incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes. En el mismo texto piden a la CIDH que haga un llamado público al Estado argentino “para que se abstenga de realizar futuras expulsiones de personas migrantes que violen sus derechos a la vida familia, unidad familia y el interés superior del niño y de llevar a cabo reformas legislativas que discriminen a la población migrante en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.”
Hace más de 70 días Vanessa fue engañada, detenida y expulsada arbitrariamente. Hace más de 70 días que no puede ver a sus hijos mayores. Van a ser tres meses desde que el Estado argentino instrumentó la violación al derecho de Vanessa a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño (garantizados por la legislación nacional y los tratados internacionales). Más de tres meses que el mismo Estado argentino no brindó ninguna respuesta.
