*Por Mariela Castañón
Era un poco más de las 7 de la noche, en la oscuridad apenas se alcanzaba a observar la silueta de unos 20 feligreses que llevaban una biblia adornada con buganvilias moradas. Los devotos caminaban lentamente, entonaban cantos religiosos y sostenían velas blancas en conmemoración de San Jerónimo, el traductor de la biblia al latín. La procesión salía de la casa de la familia de la defensora del medio ambiente Diana Hernández.
Un vehículo estacionó a pocas cuadras. Esperó que la procesión avanzara. Diana se acercó al carro a preguntar a quién buscaban. Uno de los hombres bajó con un arma en la mano. Ella intentó escapar.
El disparo fue confundido con fuegos pirotécnicos. La bala impactó en la espalda de Diana, que cayó empapada de sangre. La procesión se detuvo. Los vecinos la levantaron del suelo y la llevaron en un carro hasta un hospital de Suchitepéquez, en el suroccidente de Guatemala, pero murió en el camino.
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Diana había sido electa en mayo de 2019 como secretaria de la Empresa Campesina Asociativa (ECA), una organización conformada por campesinos para explorar directa y personalmente la tierra. Pero no llegó a ocupar el cargo.
—Debes salir —le dijeron los líderes de ECA.
No le dieron demasiadas explicaciones. Ser mujer y lideresa social en un ámbito dominado por hombres no está bien visto.
Además, había otra discusión: las prioridades de Diana y ECA no eran las mismas. Diana pretendía reforestar las tierras de Monte Gloria. Los directivos de ECA, administrar los terrenos. Ella no quiso entrar en discusión y prefirió dejar la secretaría.
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El agua del pozo de Monte Gloria, en Suchitepéquez, empezó a secarse. Había contaminación por el uso de plaguicidas. Los comunitarios se quejaban de problemas renales. Acusaban a una empresa algodonera que había funcionado durante años y fumigaban con químicos.
—Necesitamos árboles y agua para vivir —advertía Diana.
Ella misma se hacía cargo de la reforestación: con pala en mano, cavaba la tierra, introducía las raíces de los árboles, manchaba sus manos, depositaba la tierra profundamente. La comunidad la acompañaba.
Antes de ser ambientalista, Diana era profesora de enseñanza media. Rodeada de sus estudiantes, debajo de un árbol, les hablaba de reforestar y limpiar las playas. Los adolescentes la escuchaban atentos.
La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a la que pertenecía, promovió, un año después de su muerte, la campaña “Adopta un árbol en memoria de Diana Isabel Hernández Juárez”, para continuar con su legado.
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Para Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), la mayoría de los asesinatos y amenazas contra ambientalistas, como el caso de Diana Hernández, quedan impunes. “En Guatemala no se llega a nada, porque no se investigan las amenazas y asesinatos de ambientalistas”, explica Samayoa.
Según el informe de Global Witness “Defendiendo el mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente” en 2019 se registró el número más alto de muertes en un solo año. Doscientas doce personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, un promedio de más de cuatro por semana.
El informe refleja que más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada como la región más afectada desde que Global Witness empezó a publicar datos en 2012. Guatemala ocupa el sexto lugar. En primer lugar se encuentra Colombia, con 64. Le siguen Filipinas, 43; Brasil, 24; México, 18 y Honduras 14.
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—¡Salgan de sus comunidades, le dispararon a Diana! —advirtió uno de los líderes comunitarios por medio de un mensaje de voz en WhatsApp.
Los pobladores se organizaron y rodearon el carro donde iban los asesinos. Orlando González Alegría, el conductor, no pudo manipular el vehículo y quedó atrapado. Los demás acompañantes -nadie sabe con certeza cuántos eran- se lanzaron del carro y escaparon.
Los pobladores llevaron a Orlando hasta la subestación policial, a unos diez kilómetros de ahí. El único capturado por el crimen de Diana, quien tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, fue dejado en libertad. El Juez de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez dictó falta de mérito.
El Ministerio Público argumenta que no puede ampliar detalles del caso porque se trata de “información sensible”. A un año del homicidio de Diana la justicia no tiene ningún sospechoso.
*Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado.
