Luciano Arruga estuvo desaparecido 5 años, 8 meses y 17 días. Vanesa Orieta, su hermana, familiares y amigos encabezaron la búsqueda y el reclamo de justicia. Denunciaron que la Bonaerense lo hostigaba porque se negaba a robar para ellos. Durante años enfrentaron amenazas y persecuciones de la policía y la justicia y la indiferencia de la clase política. A diez años de su muerte la causa está paralizada y no hay responsables.
“¿Quién mató a mi hermano?” es un documental dirigido por Ana Fraile y Lucas Scavino. Se presentará el domingo 7 de abril en el BAFICI (Multiplex Belgrano sala 6 17:25). Con Vanesa como vector principal el documental acompaña ese proceso de búsqueda de justicia a través de las marchas, el juicio en el que se probaron y condenaron las torturas a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador y entrevistas.
¿Quién mató a mi hermano? from Pulpofilms on Vimeo.
En diez años la investigación nunca avanzó. Desde los primeros días la familia de Luciano había contado que el joven era constantemente hostigado por la policía porque no quería robar para ellos. La fiscal Roxana Castelli se negó a recibir a los familiares y delegó la investigación en la Bonaerense. En la causa constaban las huellas dactilares de Luciano pero la fiscal no las usó para buscarlo. Los familiares recorrieron hospitales y despachos judiciales. Nadie los escuchó.
Castelli estuvo apenas 40 días a cargo del expediente: fue apartada luego de un pedido de la familia por las irregularidades en la investigación. La nueva fiscal, Celia Cejas, tampoco investigó a la Bonaerense. Puso la mira en la familia de la víctima: pidió intervenir los teléfonos de la madre, la hermana, la abuela y la pareja de la abuela de Luciano y dispuso una vigilancia las 24 horas a cargo de agentes de la DDI de La Matanza.
Durante varios años, los familiares y amigos de Luciano Arruga también sufrieron ataques y amenazas: desde provocaciones en la calle y persecuciones de autos sin patente hasta detenciones arbitrarias.
En 2013 la querella logró que la causa pase a la Justicia Federal y sea investigada como desaparición forzada de personas. La fiscal Cejas tardó cinco meses en enviar la causa completa al Juzgado Federal de Morón. Cuando recibieron el expediente los investigadores descubrieron un legajo que la fiscal había mantenido en secreto durante cuatro años. Ahí constaba que habían espiado a la familia de Luciano durante un año y medio.
En 2014 la querella presentó un hábeas corpus y el juez pidió ayuda al Ministerio de Seguridad de la Nación. Un mes después, el 17 de octubre, encontraron el cuerpo enterrado como NN en el cementerio Chacarita.
Pasaron más de 10 años de la muerte de Luciano. Su familia sigue sin saber qué pasó. De algo están convencidos: fue la policía.
