Los ocho que saben dónde está Miguel Bru y no lo dicen

Cosecha Roja.-

Rosa Bru siguió la pista número 37 desde que desapareció su hijo Miguel: una casa platense en 10 y diagonal 77 que estaba por ser demolida para hacer un edificio. Un hombre denunció que allí tenían “algo que ver” con el caso. Esta semana el análisis de ADN con los restos óseos que encontraron los antropólogos forenses dio negativo. ¿Quiénes son las personas que saben dónde está Miguel Bru y no lo dicen? “La etapa judicial está cerrada, únicamente queremos encontrar a Miguel y cerrar la historia”, dijo a Cosecha Roja Rosa Bru.

En el juicio oral y público de 1999 condenaron a perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López, por la muerte y desaparición de Miguel Bru. Al ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto los condenaron por encubrimiento. Abrigo murió en prisión, en 2012 López obtuvo salidas transitorias de 48 horas mensuales y en 2014 recibió la libertad condicional.

“Hay policías que saben, son los que estaban de guardia. Declararon durante el proceso que no habían visto nada, que se habían enterado de la historia por los diarios”, dijo a Cosecha Roja Pablo Morosi, periodista y autor de ¿Dónde está Miguel? El caso Bru, un desaparecido en democracia. Rosa Bru, la mamá de Miguel, contó: “Los testigos decían que entre 5 y 6 personas las que torturaban a un hombre esposado en la silla. Ese hombre era Miguel”. Tres de los torturadores, nunca fueron reconocidos.

¿Quiénes son los que podrían saber dónde está Miguel Bru?

Walter Abrigo. Murió sin decir todo lo que sabía. El platense, que nació en 1955, fue condenado a prisión perpetua por ser autor penalmente responsable de “tortura seguida de muerte y apremios ilegales”.

Justo José López. Era agente de la Policía Bonaerense y trabajaba en la comisaría 9° de La Plata. Fue condenado por el delito de tortura seguido de muerte y en octubre de 2014 la justicia le otorgó la libertad condicional. Es entrerriano, tiene 55 años y una inhabilitación absoluta perpetua para volver a ejercer su cargo.

En la causa figuran declaraciones de testigos que estaban presos en la novena. “Yo era uno de los presos de mayor edad. Estaba el Sr. López, el Sr. Abrigo y otros más que no recuerdo”, dijo uno de ellos.

“La particularidad del caso es que ninguno de los involucrados admitió que el hecho ocurrió. Según ellos no mataron a nadie, no escondieron a nadie. Fueron condenados por un hecho que siempre negaron”, dijo Morosi.

Ramón Cerecetto. Es el policía bonaerense que adulteró el libro de ingresos de la comisaría 9°: borró el nombre de Miguel como confirmaron peritos durante el juicio. Quedó demostrado que conoció el hecho y actuó para encubrirlo, y el tribunal lo condenó a dos años de prisión y a una inhabilitación de cuatro años por ser “autor penalmente responsable de los delitos de favorecimiento real y supresión de documento público”. Recuperó la libertad a los ocho meses de la condena. Nació en La Plata en 1964.

Juan Domingo Ojeda. El santafesino de 69 años era el responsable jerárquico de la comisaría 9°. La justicia lo condenó como autor penalmente responsable del delito de tortura posibilitada por negligencia y le dictó una pena de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. A los ocho meses, recuperó la libertad.

“Algunos dicen que estuvo esa noche, incluso después de que ocurrió el hecho y que tuvo que ver con la decisión de dónde esconder el cuerpo”, contó Morosi. Según Rosa, fue el que ordenó que se borrara el libro de guardia. “Es cómplice”, dijo. Según el testimonio de otros detenidos que estaban aquel día en la comisaría, “los tipos pegaban y hacían de todo. El Jefe debía saber lo que pasaba”.

Víctor Ranalleta y Humberto “Pata” Beltrán. Ninguno de los dos llegó a estar imputado pero ambos aparecen en la causa porque los propios testigos los nombran. Ranalleta falleció antes de que la justicia lo citara. La prueba contra Beltrán era contradictoria.

De la causa original se desprendió una segunda investigación sobre Juan Carlos Suárez, Julio Gomez Sáncez y Marcelo Viciconti. Durante las audiencias, los fiscales sospecharon que ellos no decían “todo lo que sabían”. Incluso un oficial dijo no recordar el nombre de sus propios compañeros. La Justicia intentó determinar si cometieron el delito de encubrimiento de “malos tratos” que terminó con la muerte de Miguel. La causa no prosperó y en 2004 quedó archivada.

Juan Carlos Suárez, Julio Gómez Sánchez y Marcelo Viciconti. Ese día estaban de guardia. Según Rosa, “no había nadie en esa seccional que no supiera lo que pasaba en ella”. Sánchez, además, es hijo de un alto funcionario policial, tesorero de la bonaerense y ex jefe de la unidad regional de La Plata.

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En 1993 Miguel Bru denunció que la policía había allanado ilegalmente su casa. Desde ese día las amenazas y las persecuciones no cesaron. El 17 de agosto de ese año cuidaba la casa de unos conocidos camino a Magdalena. Por algunos meses ese fue el último rastro que tuvieron de él sus compañeros. Miguel había desaparecido. Nadie quería creer en la hipótesis de que la policía estuviese involucrada.

Con el correr de los días se fueron abriendo distintas puertas, distintos relatos y entonces lo supieron: Miguel había sido torturado y asesinado en la comisaría novena. Fueron algunos de los detenidos esa noche en la comisaría quienes con sus testimonios ayudaron a que sus asesinos fueran encarcelados.

Dos policías bonaerenses fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Miguel: Walter Abrigo y Justo López. Uno de ellos murió y el otro -después de negarle dos veces la condicional –fue liberado. El pacto de silencio que trazaron esa noche los bonaerenses de la comisaría novena no tuvo ni tiene una sola grieta. Nada se supo del cuerpo de Miguel.

Foto: Gabriela Hernández

Nota publicada en noviembre de 2015