El turco Anil Baran, de 27 años, bajó del tren en Constitución y caminó por la 9 de Julio hacia el Centro. A unas 20 cuadras de ahí, frente al Congreso, la Policía de la Ciudad reprimía a los manifestantes que se oponían a la aprobación del proyecto de Presupuesto 2019. Anil avanzó doscientos metros. A la altura de Humberto Primo vio un grupo de policías motorizados en plena cacería: lanzaban gases, disparaban balas de goma y detenían gente al voleo. Al joven le pegaron dos balazos en la pierna y lo tiraron al piso. Lo esposaron y lo cargaron en una camioneta.
Los 26 detenidos, entre los que estaban Anil, dos jóvenes venezolanos y un hombre paraguayo, fueron liberados a la madrugada. El gobierno acusó a los cuatro extranjeros de violentos y anticipó que va a iniciar los trámites de expulsión “lo más rápido posible”.
La postura del gobierno suena más a deseo que a realidad: “A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia que reformó la ley de Migraciones el año pasado, para iniciar un proceso administrativo de expulsión las personas migrantes deben tener al menos un procesamiento judicial en su contra”, explicó a Cosecha Roja Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las tres organizaciones que presentaron el amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad del DNU.
Muy lejos de esa situación están los cuatro extranjeros detenidos el miércoles: el fiscal porteño Federico Luis Tropea no imputó a ninguno de los 26 detenidos durante la represión policial. Es decir que -al menos por ahora- no están acusados de ningún delito.
Según la ley, el proceso de expulsión debe seguir los siguientes pasos: una vez que una persona extranjera es procesada por algún delito, el Poder Judicial informa a la Dirección Nacional de Migraciones, quien inicia un proceso administrativo de expulsión. “Si Migraciones dicta la expulsión la persona es notificada y tiene un plazo de tres días hábiles para presentar recursos, para explicar por qué no debe ser expulsado”, explicó Galoppo. Deben tenerse en cuenta cuestiones como arraigo, familia y razones humanitarias.
Si Migraciones insiste, la persona tiene una última instancia: pedir una revisión judicial. “Pero todo eso depende de que la persona sea notificada y de que logre presentar un recurso en ese breve plazo”, agregó Galoppo.
A partir del amparo colectivo presentado por Caref, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo por la Diversidad (Copadi), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones. El gobierno nacional apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia.
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Anil tiene 27 años y un título en la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Técnica del Mar Negro. El gobierno planteó la idea de que podría haber venido para “preparar el terreno para producir hechos de violencia durante la cumbre presidencial del G20” que se realizará el 30 de noviembre y el 1º de diciembre en Buenos Aires. Difícilmente sea cierto: Anil llegó al país en 2016, invitado por un amigo. Se instaló en Córdoba, donde se consiguió trabajo en una empresa de transporte y se casó con una chica argentina. Esta semana viajó a Buenos Aires porque tenía turno en la Embajada para sacar la partida de nacimiento para establecerse definitivamente en el país.
El joven turco habla español con dificultad. Esta mañana en una entrevista a Radio Con Vos contó que no sabía que ese día había una manifestación. Era la primera vez que visitaba Buenos Aires y quería aprovechar para conocer un poco la ciudad. Había estado en La Plata en casa de un amigo. Juntos tomaron el tren y bajaron en Constitución. El amigo se fue a la facultad. Él salió caminando y se cruzó con los policías que lo detuvieron.
Los hermanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, de 31 y 23 años, fueron detenidos en Carlos Calvo y Lima, a más de 15 cuadras del Congreso. Algunos medios dijeron que podrían ser “agentes desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro”, otros intentaron vincularlos sin pruebas a los servicios secretos de Venezuela. Lo cierto es que no tienen antecedentes en Interpol. Entraron al país en julio de este año y el Estado argentino les otorgó la residencia temporaria que tiene vigencia hasta 2020.
Sobre el paraguayo Luis Fretes no hay demasiada información: tiene 36 años, hijos nacidos en Argentina y consiguió la residencia en 2015. Al igual que los otros tres extranjeros fue detenido al voleo lejos del Congreso donde se enfrentaron manifestantes y policías.
