A.T tiene 11 años y está internada desde enero en un hospital de Tucumán. Cursa un embarazo de 23 semanas y media producto de una violación de la pareja de su abuela. Ante una psicóloga la nena pidió la interrupción del embarazo. Una fiscal, el secretario de Salud de la provincia y grupos antiderechos encabezan una cruzada para obligar a nena a parir contra su voluntad.
En enero Soledad Bazán llevó a su hija a la sede de Centros de Atención Primaria de Salud (Caps): ahí se enteró que la chica estaba embarazada y presentó la denuncia en la Unidad Regional Este de policía de Tucumán. Denunció que Eliseo Víctor Amaya, el novio de la abuela, de 65 años, abusó de la nena cuando la cuidaba.
La causa judicial quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que ordenó la detención de Amaya. El hombre quedó detenido y la nena fue derivada al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán.
Desde los cinco años la nena vive con su abuela en 7 de Abril, una localidad del noreste de Tucumán con ella y su pareja. A su mamá le quitaron la tenencia cuando un novio suyo abusó de sus dos hijas mayores.
Según publicó ayer la periodista Mariana Carbajal en Página 12, la historia clínica que fue incorporada a la causa judicial dice que la nena se provocó autolesiones y que tuvo un intento de suicidio. Un informe médico, también incorporado al expediente, plantea que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo, según publicó la periodista. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo la nena a la psicóloga del hospital donde está internada.
El Código Penal establece -desde 1921- que las víctimas de violación tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización judicial. Alcanza con la declaración jurada de la víctima o de su representante legal. Además, el Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado argentino que garantice las interrupciones voluntarias de los embarazos, fundamentalmente en casos de menores de 15 años.
A pesar de las declaraciones de la nena el secretario de salud provincial Gustavo Vigliocco y grupos antiderechos insisten en obligar a la nena a parir contra su voluntad. Según Página 12 la fiscal Adriana Giannoni se sumó a esta cruzada. Actuó de oficio -la causa por la violación está en otra fiscalía- para que una defensora intervenga por el “no nacido” citó a los médicos que atienden a la nena y “los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal”.
En enero, la familia de una nena de 12 abusada pidió la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron, a pesar de que es un derecho reconocido por una ley nacional de 1921 y que la provincia está adherida al protocolo nacional. La nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días. Después de una semana en el hospital le negaron la ILE y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.
