“Nosotras no teníamos derecho a salir a comprar un kilo de pan cuando éramos nenas. Nos llevaban detenidas solo por ser trans. Podíamos pasar meses en las seccionales. No les importaba si teníamos familia. Nos manguereaban en los patios de las comisarías a las 6 de la mañana. Era para que todos los policías nos reconocieran mojadas y no pudiéramos caminar por la ciudad”.
La que habla es Flavia Flores, la vicepresidenta del Bachillerato trans Mocha Celis. Está amuchada entre decenas de militantes de organizaciones del colectivo LGTB en el Salón Auditorio del Senado que da a Hipólito Yrigoyen. Detrás suyo un cartel tiene una leyenda con el hashtag #ReconocerEsReparar, la frase que sintetiza el lanzamiento del proyecto de ley de reparación de víctimas de violencia institucional por identidad de género.
El proyecto (elaborado sobre una idea originaria de la activista Marlene Wayar y con el impulso que le dieron Lohana Berkins y Diana Sacayan antes de morir) busca el reconocimiento y un resarcimiento económico del Estado por la violencia institucional a la que fueron sometidas de manera sistemática las personas trans y travestis en manos de las fuerzas de seguridad. En especial se busca reparar a quienes sufrieron la aplicación de los Edictos Policiales vigentes hasta 1998.
“Es una campaña para reconocer las violencias que orquestó el Estado sobre un determinado grupo social. Es reconocer esas identidades criminalizadas y reparar esas consecuencias que tuvieron un impacto en todo el ciclo de vida de esas personas. Se reconoce una identidad perseguida en dictaduras y democracias y se repara con una suma pecuniaria a modo de pensiones. Es necesario que el Estado asuma que tiene la obligación de resarcir esos daños que se ocasionaron”, explicó a Cosecha Roja Emiliano Litardo, abogado miembro de Abosex e investigador en derechos sexuales. “Solo en Uruguay, España y Alemania tienen políticas similares. Sería un gran complemento a la ley de identidad de género y el matrimonio humanitario”, agregó.
En Argentina la identidad trans era considerada delito. Miles de personas fueron encarceladas, maltratadas, violentadas y discriminadas por las fuerzas de seguridad. Era habitual la criminalización mediante la aplicación de los Edictos Policiales. Específicamente su artículo 2° F criminalizaba a quienes “se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” y el artículo 2° H a “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal’. Muchas provincias argentinas hicieron expresa mención al “travestismo” como indicador contravencional, asociado a la prostitución.
“Tengo 63 años y he visto compañeras maltratadas por las comisarías o en Devoto, que se han muerto en mis brazos. Esta reparación, espero que Dios me de vida para que las compañeras que están acá puedan recibirlas”, se ilusionó Norma Gilardi, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT). “Yo vivía en un hotel que estaba en frente del (mercado) Spinetto. Allí, la policía entraba como si fuera su casa. Entraban policías de Moralidad, Toxicomanía y Robos y Hurtos. Eramos niñas, no delincuentes”, recuerda.
El primer artículo del proyecto de ley de reparación de víctimas de violencia institucional por identidad de género tipifica de una manera directa sus alcances. “La ley busca el establecimiento de una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Serán beneficiarias, indiscutiblemente, las personas a las que se les haya aplicado los incisos “f”, “h” e “i” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina”.
Para Alba Rueda, de Mujeres Trans Argentina, el proyecto “está totalmente vinculado a la plataforma de los derechos humanos”. “Venimos a pedir y exigir nuevamente la aprobación. Para nosotras es fundamental queremos poner sobre la mesa nuestra propia historia, que sigue invisibilizada y negada en este momento en el que se aprueban protocolos para perseguirnos”, dijo.
Esta es la cuarta vez que en el Congreso se da impulso al proyecto. Desde 2014 en adelante, las iniciativas presentadas en Diputados quedaron en el camino. Esta vez, las expectativas de las organizaciones que lo impulsan es diferente. El expediente fue impulsado por senadores y será girado sólo a tres comisiones (Justicia y Legislación general, Presupuesto y Seguridad Interior). “En cada una de esas comisiones están presentes los senadores que firmaron el proyecto. Esperamos que esta vez se consiga un dictamen favorable”, explicó Litardo.
Dentro de la Cámara Alta, la senadora entrerriana del FPV, Sigrid Kunath, fue quien apuntaló el proyecto, que también lleva la firma de otros senadores como Norma Durango, Liliana Fellner, María Teresa González, Beatriz Mirkin, Inés Pilatti Vergara, Marina Riofrío, Magdalena Odarda, Juan Manuel Abal Medina y Marcelo Fuentes. “Soy bastante optimista en función de las firmas de diez senadores y senadoras. Hay un acompañamiento muy interesante en esta primera instancia. Pretendo que lo podamos tratar en comisiones y llegar a la media sanción”, explicó a Cosecha Roja Kunath. “No se puede reparar la vulneración del avasallamiento pero es imprescindible que desde el Estado se lo reconozca. Asumir la responsabilidad es un paso muy significativo”, sostuvo.
