La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó la recusación del juez Guido Otranto en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La familia del joven y el Centro de Estudios Legales y Sociales habían presentado dos recursos para que el magistrado dejara de conducir la investigación convencidos de que Otranto no era imparcial.
“Sus declaraciones no contienen sólo elementos descriptivos del curso del proceso, han avanzado hacia una valoración -que aún no se produjo en el ámbito de la causa- de los elementos colectados”, escribieron en la resolución los camaristas. Esto significa, según los jueces, que “ha existido un adelantamiento de opinión” sobre la investigación y “habilita a generar en la familia el comprensible temor de que el juez ya tiene una opinión formada sobre el caso”.
Los jueces no cuestionan lo que Otranto hizo en la causa. Le dedican un párrafo muy explicito a aclarar que no tienen intención “en modo alguno” de “emitir juicio o pronunciamiento respecto a la actividad que ha venido desplegando ha medida que iban produciéndose los acontecimientos”. Tampoco dudan de su “honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones”.
El nuevo juez designado para el caso es Gustavo Lleral, titular del juzgado federal N°2 de Rawson. La Cámara de Apelaciones dispuso que de manera “urgente” Lleral tenga acceso a la causa.
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La noche del 25 de julio Santiago Maldonado festejó sus 28 años en El Bolsón. Aquel día el juez federal Guido Otranto, que pasó más de la mitad de su vida en el Poder Judicial, celebró en la ciudad de Esquel, unos 163 kilómetros al sur, su cumpleaños número 45. Una semana después esos nombres se cruzaron en un expediente, el más importante de toda la carrera judicial del Otranto: la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
A los veinte años Otranto ingresó como empleado de la Sala II de la Cámara Federal porteña. Todavía era estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Llegó a ser secretario de la Cámara. En 2008 concursó con otros 17 candidatos para la vacante en el Juzgado Federal de Esquel, que se había creado unos meses antes. El proceso de selección demoró varios años. En el medio Otranto dejó su cargo en la Cámara Federal porteña y se mudó a la Patagonia para ejercer como juez subrogante en el Juzgado Federal de General Roca. Ahí conoció a su actual pareja, Rafaela Riccono, una abogada con un perfil de protección de los derechos humanos que asumió como secretaria penal en el mismo Juzgado.
En agosto de 2011 los candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales defendieron su designación en la audiencia pública en el Senado de la Nación. Eran 93. Según publicó el diario El Patagónico Otranto destacó por sus conocimientos en materia de tráfico de drogas en los seis pasos fronterizos de la región cordillerana de Chubut.
Dos años después, cuando terminó de constituirse el Juzgado de Esquel, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de designación de Otranto. En sus primeros años como juez titular se destacó al frente de causas que involucraban a las comunidades originarias de la zona.
En julio de 2015 su nombre apareció en los medios nacionales cuando rechazó aplicar la Ley Antiterrorista contra la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, que en marzo de ese año habían recuperado tierras ancestrales en la zona de Vuelta del Río que estaban en poder de la Compañía de Tierras Sud S.A de la multinacional Benetton. El juez dijo que los hechos no tenían “punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que constituyen actos de terrorismo” y consideró que se enmarcaban en “el contexto de la reivindicación que realizan acerca del territorio que originalmente ocupaba el pueblo mapuche”.
Tras la recuperación de las tierras surgió un nuevo conflicto: la empresa a cargo de la explotación del ferrocarril “La Trochita” denunció que la comunidad le impedía realizar viajes y trasladar las máquinas para reparar a la localidad de El Maitén. El juez Otranto ordenó la creación de una mesa de diálogo entre representantes de la empresa y la comunidad mapuche.
Ese mismo año, el juez intervino en una disputa entre pueblos originarios. La comunidad Emilio Prane denunció por usurpación a la comunidad Nahuelpan, con quienes mantenían un conflicto por un territorio. El juez archivó la causa por inexistencia de delito y ordenó a Emilio Prane que establezca “mecanismos de diálogo, participación, cooperación y consulta que –de conformidad a sus costumbres- permitan dar solución a la reivindicación de las tierras en conflicto”
Al año siguiente Otranto volvió a aparecer en los medios nacionales: el 1 de septiembre de 2016 declaró la nulidad del juicio de extradición contra el lonko de la Pu Lof en Resistencia, Facundo Jones Huala, y ordenó su inmediata libertad. El juez sostuvo que las pruebas para detenerlo habían sido obtenidas mediante espionaje ilegal y tortura a uno de los testigos. Además, abrió una nueva investigación: a los pocos meses procesó a dos fiscales provinciales, a un espía de la Agencia Federal de Inteligencia y a dos policías por violar la ley de inteligencia.
La decisión de Otranto de liberar a Jones Huala le costó un pedido de juicio político por parte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien lo acusó ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.
Según explican fuente que conocen de cerca el conflicto de las comunidades mapuches de la zona, la relación entre el juez Otranto y los pueblos originarios se quebró a fines del año pasado. Una vez caída la mesa de diálogo entre la empresa que explota la Trochita y la comunidad mapuche de Cushamen, el juez ordenó a Gendarmería “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentran colocados sobre las vías de circulación” del tren. Unos 200 gendarmes rodearon la zona e ingresaron en territorio mapuche: rompieron las casas, golpearon a los varones, arrastraron a mujeres de los pelos y las esposaron y le pegaron a un niño. Tres jóvenes estuvieron detenidos durante una semana acusados del delito de impedir la libre circulación.
El 31 de julio, el juez ordenó un nuevo operativo: esta vez para liberar un corte sobre la ruta 40 que mantenían los integrantes de la comunidad en reclamo por la nueva detención de Jones Huala. Gendarmería logró despejar la ruta a la madrugada, cuando los mapuches abandonaron el corte. Según informaron en uno de los partes que entregaron al juez, al día siguiente, un grupo de entre 8 y 10 personas volvieron a cortar la ruta y les tiraron piedras. El comandante Juan Pablo Escola, subjefe del Escuadrón de Esquel, a cargo del operativo, ordenó entrar en la comunidad: el menos 40 agentes entraron a los tiros y atacaron con piedrazos a los mapuches.
Esa fue la última vez que vieron a Santiago Maldonado. La causa por la desaparición del joven recayó en el juzgado de Otranto. A pesar que desde el primer día de la investigación hay testimonios en el expediente de miembros de la comunidad que responsabilizan a Gendarmería, el juez demoró cuatro días en peritar los vehículos oficiales utilizados en el operativo. Antes avisó a los jefes de los destacamentos de El Bolsón y Esquel que resguardaran las camionetas y los camiones. El defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, denunció que las camionetas habían sido lavadas y que una de ellas tenía rota la faja de seguridad. “Las lavaron delante nuestro”, contó uno de los veedores.
Recién diez dìas después de la desaparición de Santiago, el juez ordenó el allanamiento de los escuadrones de Esquel y El Bolsón y el secuestro de los celulares de los agentes. En El Bolsón encontraron manchas de sangre sobre una soga y un cono de tránsito y cabellos: algunas de ellas no pudieron ser cotejadas; otras dieron resultado negativo. Ese día, varios de los agentes que habían participado en el operativo y que habían llegado hasta el río –donde los testigos dicen que secuestraron a Santiago- no estaban en sus puestos de trabajo: habían pedido licencia después de participar en la represión.
El trabajo Otranto al frente de la investigación fue criticado por los familiares de Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes acusaron al juez de “parcialidad” y pidieron que sea apartado del expediente por el hábeas corpus y en el que se investiga la desaparición forzada del joven tatuador.
Según explicó a Cosecha Roja una fuente con acceso al expediente y que conoce de cerca el conflicto de las comunidades de la zona, hay varios factores que determinaron que el juez pasara de una postura de protección de las comunidades originarias a una actitud de protección a Gendarmería, entre ellos, las presiones políticas y las aspiraciones profesionales del juez, que ya aprobó un concurso para ser camarista penal en General Roca. Ahora solo depende de la voluntad del Ejecutivo nacional, quien debe enviar su pliego al Senado de la Nación.
