En Argentina, las mujeres ganamos 27 por ciento menos que los varones. El desempleo también nos afecta más: mientras que la tasa de desempleo de los varones jóvenes es de 14,8 por ciento, el 19,7 de las mujeres menores de 29 años no consigue trabajo. En el conurbano el escenario es peor: el desempleo juvenil es de casi el 25 % en las mujeres y del 16 % en los varones. El gobierno nacional presentó un proyecto de reforma laboral a comienzos de noviembre que no plantea ninguna medida destinada a mejorar la situación de las mujeres. Una sola línea está dedicada a responder, parcialmente, a un reclamo histórico del movimiento de mujeres: la extensión de la licencia de paternidad, que hoy consiste en la cifra ridícula de dos días y que, de aprobarse la reforma, pasaría a 15 días.
Copado por los varones, el sindicalismo argentino nunca incluyó a las licencias dentro de la agenda de reclamos. Lo dejó en claro Pablo Micheli, secretario general de la CTA, cuando dijo en el programa de radio A los botes (Futurock): “Son tan graves los problemas en la Argentina, que por ahí tuvimos otras preocupaciones y tal vez se nos pasan las licencias por paternidad”.
La reforma del gobierno propone una ampliación de las licencias pero no contempla ninguna otra medida que favorezca la redistribución de las tareas de cuidado (que hoy recaen sobre todo en las mujeres) o disminuya la desigualdad y precarización en el mercado laboral. Tampoco se modifican las licencias por maternidad. “La ampliación es insuficiente por varias razones”, explicó a Cosecha Roja la economista Corina Rodríguez Enríquez. “Por un lado, porque es un beneficio solo para un sector acotado de la población, el de los trabajadores registrados. Por otro lado, el período es corto. El paradigma para que estos mecanismos desarmen la situación de desigualdad es que vayan extendiéndose e igualándose para que el reparto sea más parejo y haya menos discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral porque tienen licencias más largas”.
La reforma no alcanza al trabajo en casas particulares, tarea que realizan en un 97 por ciento las mujeres, ni establece medidas puntuales para la comunidad LGBTI. Tampoco contempla una ampliación de las licencias para las familias homoparentales, ni para los padres adoptantes. Para Rodríguez Enríquez, “que la propuesta venga en un paquete de reforma laboral que tira para atrás los derechos laborales suena contradictorio y como a un maquillaje, como ponerle la ficha sensible al género a una reforma que en todos los sentidos va a ir para atrás también con los derechos laborales de las mujeres”.
Mercedes D’Alessandro es economista y parte del colectivo Economía Feminista. Para ella, la reforma supone una suerte de “puerta giratoria” porque flexibiliza los criterios y requisitos para entrar en el mercado de trabajo formal pero también para ser expulsado: es un escenario en el que los trabajadores ceden mucho mientras los empleadores no ceden nada. La define como una respuesta arcaica y cortoplacista a la crisis del mercado de trabajo que atraviesa Argentina y el mundo. “No hay ninguna medida que se fije en la condición de las mujeres: no se habla de lugares de lactancia o de una flexibilidad para mujeres madres. Uno festeja una ampliación de la licencia de paternidad aunque no es suficiente si no se aborda el tema de los cuidados. La reforma define al trabajo como toda actividad que está remunerada: o sea que las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado están excluidas”, dijo a Cosecha Roja.
“Las licencias deberían ser uno de los dispositivos dentro de una política mucho más amplia que reorganice la asignación de cuidados familiares en mujeres y varones”, señaló la doctora en Ciencias Sociales Eleonor Faur, autora de libro El cuidado infantil en el siglo XXI. “Las licencias por paternidad y maternidad deben complementarse con otro tipo de asignaciones y recursos. Hoy son muy cortas tanto para padres como para madres y si bien quince días serían un avance no resolvería ni la desigualdad de género ni qué se hace después de ese periodo”.
Es que reorganizar la forma en que el cuidado se distribuye socialmente necesita de una política pública que se lo proponga. Faur piensa en jardines de doble jornada con horarios extendidos o incluso en la reducción de la jornada laboral: “Hay que repensar el tema de la manera muy profunda. Hay iniciativas de ongs, de la academia, de Naciones Unidas, pero yo no veo que el Estado esté tomando las riendas de esta situación para generar un debate profundo de cómo vamos a redistribuir los cuidados y no creo que esta ley esté dando ni un puntapié en ese sentido: es un parche en una política que requiere muchísimas más estrategias y dispositivos y que en realidad viene como caballo de Troya de una reforma que lo que está buscando no es re-regular la organización social de los cuidados y disminuir tiempos de trabajo para hombres y para mujeres sino reducir costos laborales para los empleadores”.
Si la distribución de las tareas de cuidado es desigual entre hombres y mujeres también lo es entre sectores sociales. “Esta distribución desigual limita las posibilidades de las mujeres, restringe sus posibilidades profesionales, de educación, de participación política y comunitaria, de autocuidado y de ocio, pero también es un vector de reproducción de la desigualdad: ante la ausencia de políticas públicas de cuidado, los hogares de más recursos tienen más posibilidades de comprar cuidado”, explica Rodríguez Enríquez. “No es un problema de las mujeres solamente, también es un problema social, si queremos vivir en una sociedad más igualitaria tenemos que atender esto que es un nudo de la desigualdad”.
