Cuando Lucila llegó al centro comercial de la capital de Mendoza, el domingo al mediodía, la policía ya estaba desplegada en San Martín y 9 de Julio. Los efectivos tenían la orden de desalojar a lxs trabajadorxs municipales que acampaban en la peatonal. La noche anterior lxs había visitado un fiscal con la orden de desalojo. Charló con algunxs de ellxs y llegaron al acuerdo de mantener el acampe con distanciamiento social y los DNI autorizados: por la pandemia, en Mendoza las personas pueden salir de acuerdo a la terminación del documento.
Pero el domingo a la mañana llegó la policía e Infantería. Sin el fiscal ni ninguna orden de nada. En menos de 20 minutos avanzaron sobre todxs ellxs. “Fue una avalancha. A las trabajadoras las cagaron a palos, las arrastraron por el suelo”, dice Lucila, integrante de la Asamblea Oeste, una de las tantas agrupaciones que, junto a ATE y el sindicato de docentes SUTE, se solidarizó con el reclamo de lxs municipales de la ciudad de Mendoza capital.
“Empezaron a los palazos, a las piñas y a lxs que estaban encadenadxs les pegaban con las cadenas”, cuenta Laura Espeche, secretaria de Acción Social de SUTE.
A Lucila y otras mujeres las subieron a una furgoneta que estuvo dando vueltas por toda la ciudad un rato largo, como si el chofer no tuviera idea de dónde ir. “A mí no me pegaron tanto. Pero muchas compañeras están llenas de moretones, algunas no podían caminar. A una que quedó al lado mío en la camioneta la dejaron inconsciente. Yo la empecé a acariciar y a tocarle la cara para que reaccione y por suerte se despertó”.
Después, las amontonaron en una celda de la comisaría quinta. Eran diez mujeres sin posibilidad de aislamiento social, ni alcohol en gel. Ni papel higiénico les dieron. Al rato llegó una médica. Para revisar a las golpeadas les pidió que se desnudaran ahí mismo, delante de los tres policías varones que hacían guardia en la puerta de la celda. Algunas se bajaron los pantalones con vergüenza, otras se negaron y pidieron un abogado. Estuvieron unas tres horas detenidas.
Con mayor o menor brutalidad, el procedimiento se repitió en otras cuatro comisarías de la ciudad, donde fueron trasladadas unas 40 personas en total: trabajadorxs municipales, delegadxs gremiales y periodistas. Algunxs quedaron internadxs por los golpes.
Lxs municipales de Mendoza capital le reclaman hace casi un mes al intendente Ulpiano Suárez un aumento de sueldo: por trabajar 40 horas semanales ganan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales. Además de estar muy lejos de la canasta básica, los sueldos de un municipal contrastan con los de lxs trabajadorxs tercerizadxs (unos 40 mil pesos) de empresas a las que el municipio les paga millones de pesos para mantener limpia la ciudad.
Las medidas de fuerza se fueron endureciendo: primero se instalaron en un predio municipal. A la peatonal del centro mendocino llegaron hace cuatro días después de otros desalojos y represiones. Algunxs trabajadorxs se encadenaron a los bancos de la peatonal. Para soportar las temperaturas bajo cero y alguna lluvia, armaron la carpa con un nylon, que también fue destrozada el domingo.
De las comisarías lxs liberaron a todxs cerca de las seis de la tarde. “Un compañero tuvo un pre infarto y quedó internado. Una compañera tiene una quebradura y otro un esguince”, dice Espeche.
Hasta el momento, ni el intendente ni su tío, el gobernador Rodolfo Suárez, dijeron una palabra sobre la represión.
