Foto: @Rd3Causales
Tres causales: riesgo de vida de la madre, feto con una condición incompatible con la vida y violación o incesto. Esa es la pelea que las mujeres y disidencias de República Dominicana están dando para dejar de vivir en uno de pocos países del mundo que pena con la cárcel la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. Y la dan con un acampe que desde hace 42 días tiñe el centro de Santo Domingo del verde que llegó desde el sur y se volvió insignia para legalizar y despenalizar el aborto en toda América Latina. Este jueves es un día clave: el Congreso Nacional votará una reforma del Código Penal.
La pelea por la despenalización del aborto en tres causales tiene más de 20 años en República Dominicana. Tomó fuerza en los últimos 40 días, cuando una coalición de más de 120 organizaciones feministas montó un acampe frente al Palacio Nacional, sede del gobierno dominicano. Exigen a las y los legisladores que las tres causales sean incluidas en la reforma del Código Penal que está en debate.
El acampe fue una respuesta a la indignación que generó la decisión del Poder Legislativo de no incluir las causales en la reforma. El Código Penal dominicano es de 1884. Este año el Congreso discute una modificación integral, impulsada por el gobierno progresista del Partido Revolucionario Moderno. Pero, contra los pronósticos y las exigencias de los movimientos feministas, el 10 de marzo las y los legisladores emitieron un dictamen en la Comisión de Justicia que decidió no tocar ni una coma de los artículos que penan el aborto bajo cualquier circunstancia.
La legislación dominicana es una de las más extremas del mundo. En general, el mapa se divide entre países que permiten interrumpir el embarazo por voluntad de la mujer o de la persona gestante hasta un determinado plazo y países que lo habilitan por causales, es decir, en circunstancias determinadas. Hay una gran parte, como la Argentina, que combinan las dos formas: causales y voluntad por plazos. República Dominicana no está en ninguno de esos grupos. Forma parte de las poquísimas naciones más restrictivas, junto con El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Suriname, Malta y El Vaticano.
La penalización lejos está de evitar muertes. República Dominicana tiene una las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Según estadísticas oficiales, en 2020 aumentó un 20.2 por ciento y murieron 208 mujeres por causas asociadas con el embarazo. El 9 por ciento fueron por embarazos terminados en aborto. Además, hubo 25 mil mujeres que necesitaron hospitalización tras recurrir a interrumpir su embarazo en condiciones riesgosas y clandestinas. Y entre 2010 y 2019, 4.145 niñas fueron obligadas a parir.
“El Código Penal tiene más de 100 años. Es decir, hay muchas cosas que hay que actualizar y que han sido tomadas en cuenta. Pero lamentablemente los derechos de las mujeres, y específicamente los derechos sexuales y reproductivos, han quedado al margen. El presidente de la Cámara de Diputados, a pesar de estar a favor, ha decidido mantenerlas fuera por la supuesta necesidad de pasar la reforma rápido, argumentando que el aborto es un tema que divide a la sociedad y a los legisladores”, explica Natalia Mármol, integrante del movimiento de las tres causales.
Habla con Cosecha Roja desde el acampe casi sin dormir. De fondo, se escucha a otras mujeres que van y vienen y algunos cánticos. En los últimos días la pelea se intensificó porque se acerca la fecha clave. Este jueves 22 de abril se espera que el Congreso vote la reforma. Y todo parece indicar que el aborto quedará fuera de discusión.
El desenlace no las desanima. “Tenemos más de 40 días firmes de campamento y aquí nos vamos a quedar hasta que logremos un cambio y una respuesta diferente de nuestras autoridades. Nos hemos unido por nuestros derechos. Somos más de 120 organizaciones sociales de todo tipo: mujeres del campo, sindicalistas, estudiantes, jóvenes, médicas, colectivos por los derechos de las mujeres y contra el acoso. Somos muchas y muchos bloques. Estamos convencidas de que este es el inicio de un proceso de fortalecimiento que va a marcar un antes y un después en República Dominicana y en la lucha de los derechos de las mujeres”, explica Natalia Mármol.
Para ella, la pelea por el aborto legal en Argentina fue clave: “Luego de lo que pasó allá ha habido un cambio en cómo mucha gente percibe la lucha por los derechos reproductivos. Nos han dado esperanza, nos han dicho que es posible, que si nos organizamos podemos lograrlo. Ha ayudado bastante a este nivel de contundencia que tenemos las mujeres en República Dominicana hoy”.
Hostigamientos y violencia
La pelea por las tres causales escaló en violencia el fin de semana pasado, poniendo en riesgo a quienes están en las calles. El 18 de abril sufrieron un atentado. Una persona se hizo pasar por adherente a la causa, llevó alimentos adulterados y generó una intoxicación masiva. “Hubo 12 personas afectadas, varias fueron hospitalizadas y una de ellas sigue internada”, explica Natalia Mármol y agrega que el Ministerio Público inició una investigación penal para determinar quiénes fueron los responsables, aunque aun no hubo avances.
No fue la única situación de violencia. “Empezó un ataque sistemático en redes sociales culpabilizando a nosotras mismas del hecho para restar importancia y responsabilidad. A eso se sumó que el martes decidimos montar un segundo campamento frente al Congreso Nacional para estar presentes durante el debate parlamentario y en la madrugada fuimos atacadas por la Policía Nacional. Rompieron nuestras carpa con nosotras adentro con cuchillos y nos tiraron el polvo que tienen dentro las bombas lacrimógenas”.
Según contó, hasta el momento no fue identificada la autoridad responsable de ese operativo. “Sabemos que una orden como esa solamente puede venir de un alto mando, ya sea el presidente de la Cámara de Diputados o de la Presidencia del país. Estamos esperando que se nos se nos diga quién fue el responsable de ese atropello, de ese acto violento de inaceptable por parte de la Policía Nacional”, agregó.
Los hechos de violencia de los últimos días fueron repudiados por las Naciones Unidas a través de un comunicado que pidió al gobierno dominicano garantías para el diálogo en el marco del Estado de Derecho. También se pronunció sobre el debate de las tres causales: “Negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
