Más información: Crónica sobre la desaparición de Daniel Solano

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Se cumple un año de la desaparición del joven Daniel Solano, trabajador golondrina cuyo paradero se desconoce desde el 5 de noviembre del año pasado en la localidad rionegrina de Choele Choel, bajo la consigna de justicia y esclarecimiento del hecho.

Daniel Solano, el trabajador salteño desaparecido y presuntamente asesinado por policías del Valle Medio, había llegado a la región para trabajar en una empresa agrícola y en una salida de entretenimiento fue sacado de un local bailable por la policía de adicional, siendo esa la última vez que los compañeros lo vieron.

Si bien la causa Solano ya tiene 7 efectivos con procesamiento firme y prisión preventiva confirmada, son más de 20 los policías imputados.

Trapos de los que cuelgan jirones siguen siendo la bandera del reclamo de justicia frente al juzgado penal Nº 30 en Choele Choel. Aún las paredes y postes de la ciudad exhiben la foto de Daniel Solano. A un año, la pregunta aún es “¿Dónde está Solano?”.

Daniel, un joven de 27 años de la comunidad Misión Cherenta, de Tartagal, Salta, recorrió 2.300 kilómetros en plan de trabajo. Era su tercera temporada en la comarca del Valle Medio. Había llegado el 10 de octubre para comenzar con las primeras tareas en los montes de manzana en frutícola de Lamarque. La noche del 5 de noviembre fue junto a un grupo de trabajadores norteños a un boliche de Choele Choel; pasadas las 3 fue retirado por la policía y nunca más se lo vio.

La causa tiene a siete policías detenidos, acusados de secuestrar, golpear y asesinar al joven; y a otros 15 acusados de encubrir el caso o violar sus deberes. A pesar de todo, el enorme cono de sombra y silencio alrededor de la desaparición de Solano persiste.

Al principio, fueron las marchas. Las primeras parecían hasta desatinadas en esta ciudad, que seguía su andar como si nada hubiese pasado. El boca en boca, los primeros rastrillajes estériles, la llegada de la familia desde Salta fueron haciendo crecer el reclamo. Ya en diciembre, el abogado de los Solano, Sergio Heredia, anticipó lo que todos temían: “Daniel esta muerto”.

A partir de ese momento comenzó también un camino paralelo transitado por las huestes políticas. Los siete intendentes del Valle Medio pidieron a través de un documento firmado sacar a la jueza natural de la causa, Marisa Bosco, y al fiscal Miguel Ángel Flores, a quienes acusaron de no haber hecho lo suficiente para dar con Solano. Detrás estaba el respaldo del gobierno provincial, en ese momento encabezado por Carlos Soria. La causa cayó entonces en un juez civil, desde ese momento dedicado exclusivamente al caso, Víctor Darío Soto, y en el fiscal Guillermo Bodrato.

Los rastrillajes siguieron siendo incesantes. Los resultados igualmente negativos. Tiempo después se instaló la carpa frente al juzgado, donde aún se mantiene la familia de Daniel.

Con el correr de los días aparecieron indicios de la participación policial y así Soto ordenó el 19 de julio la detención de siete uniformados. Cinco vivían en Choele Choel, uno en Lamarque y otro en Sierra Grande. Ese día, a primera hora, ocho vehículos de Gendarmería Nacional con más de 30 efectivos arribaron al Valle Medio para concretar las detenciones.

¿Por qué desapareció Solano? Detrás de todo podría haber causas mucho más complejas y oscuras que las de otros tristemente comunes casos de violencia policial. El joven salteño, según las fuentes judiciales, iba a encabezar una huelga el día lunes posterior a su desaparición. La hipótesis señala que Solano fue captado por un grupo de policías vinculados a la empresa en la que éste trabajaba, para darle un “escarmiento”, pero “se les fue la mano”. La protesta era para reclamar por las condiciones laborales a las que él y sus compañeros estaban siendo sometidos.

Según la versión policial, Solano se encontraba borracho en el boliche y generando desorden. Ese fue el motivo por el cual lo sacaron y de inmediato lo dejaron en la vereda.

Aunque el joven acababa de cobrar su quincena, les dijo a algunos de los que lo acompañaban que no tenía dinero. En rigor, sus amigos le pagaron la entrada al lugar y los tragos.

La trama alrededor del caso es mucho más compleja. Tras ella se dejan ver el trato que reciben los trabajadores de temporada; la dudosa participación de cooperativas de trabajo como “Agro Cosecha”, la asociación que trajo a Daniel a la zona y que funciona como empresa de servicio de grandes compañías frutihortícolas como “Expofrut”; La desnudada relación entre agentes de seguridad provinciales y esas empresas, que en muchos casos los utilizan como fuerzas de choque contra los trabajadores.

Todos estos puntos aún no han sido tratados a fondo por los organismos que deberían hacerlo. Un paso adelante, en este caso, lo dio el fiscal Bodrato, quien anunció una denuncia por trata de personas con fines de explotación laboral.

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