Los abogados del Movimiento de Profesionales por los Pueblos (MPP) llegaron a la sede donde funciona el organismo y descubrieron que la puerta blindada había sido violada: había cajones abiertos, carpetas y papeles desparramados y se habían llevado computadoras con información sobre causas de violaciones a los derechos humanos. Las oficinas quedaron cerradas con una faja de clausura y consigna policial hasta que los peritos realizaran el levantamiento de rastros. Un día después la Fiscalía suspendió la medida y levantó la custodia. Así se perdió la única prueba que podía identificar a los ladrones de expedientes.
El martes a las 8 de la mañana, una de las colaboradoras del MPP llegó a trabajar y encontró la puerta entreabierta. “Es una puerta blindada, tiene una planchuela de acero, tres cerraduras y unos pernos de doble seguridad atrás. Para abrirla tienen que haber utilizado un mecanismo sofisticado”, explicó a Cosecha Roja el abogado Emiliano Coradino.
La oficina del segundo piso del edificio de calle Perón tiene más de 150 metros cuadrados: hay 7 despachos, dos salas de reuniones y una pequeña cocina. Además de la sede del MPP ahí funcionan los estudios jurídicos Coradino & Lenta, Gómez Alcorta & Aldazabal y Gallo Peláez & Vlahusic. En plena feria judicial la oficina funciona “de manera residual” y no hay dinero en efectivo. “Nos resulta al menos llamativa la circunstancia del robo, porque habiendo objetos de valor no pusieron atencion en eso”, contó el abogado.
Los ladrones solo estaban interesados en la información de los expedientes. Además de revisar cajones y carpetas se llevaron las computadoras de Coradino y sus colegas Juan Lenta y Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala, de ex funcionarios kirchneristas imputados en la causa por el Memorándum con Irán y querellante en causas por delitos de lesa humanidad.
“No pudimos hacer un inventario de todo lo que se llevaron porque varios de los abogados están de vacaciones”, contó Coradino. “Nosotros enmarcamos este hecho en el contexto represivo y la actuación de este gobierno en relación a los derechos humanos”, agregó.
La denuncia recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 52. Los policías tomaron fotografías y clausuraron las oficinas con una faja. El fiscal Guillermo Oscar Cicchetti ordenó una consigna policial para preservar la escena. Una funcionaria judicial les explicó a los abogados del MPP que el lugar quedaría cerrado hasta que los especialistas levantaran las huellas dactilares que podrían haber quedado en los vidrios y en las puertas.
“Ayer a las 6 o 7 de la tarde retiraron la consigna policial”, contó el abogado. En la comisaría les explicaron que el fiscal había ordenado la suspensión de las medidas de prueba. “Esto echa por tierra cualquier posibilidad de llegar a un resultado que determine quiénes fueron las personas que hicieron esto”, agregó Coradino. En la Fiscalía no les explicaron los motivos y les dijeron que cualquier pedido de información debían hacerlo por escrito.
A los abogados le parece sospechoso el robo durante la feria judicial y el interés particular en la información de las causas, pero más sospechoso les resulta que la Justicia no quiera investigar.
