Son 156 muertos en poco más de 8 meses. Un número que se asemeja a los peores guarismos que tuvo la ciudad en materia de violencia altamente lesiva, y las soluciones parecen seguir el camino de 2014, cuando los 264 muertos del año anterior y un crecimiento de los homicidios en los primeros meses de ese año, determinaron el desembarco de las fuerzas federales en abril, con un despliegue cinematográfico a cargo de Sergio Berni, entonces ministro de Seguridad de la Nación. Cada vez que las muertes subían, la solución fue la misma a lo largo de los años. Pero el problema sigue. A fines de 2018, cuando el número de jóvenes muertos había disminuido, el programa Nueva Oportunidad apareció como una explicación para ello, pero hoy el programa ya no está, al menos de la manera que funcionaba años atrás buscando no sólo trabajo para pibes y pibas, sino una instancia de diálogo y compañía en medio de tanta muerte.
Este miércoles, a cuatro días de las Paso, el intendente Pablo Javkin se reunió con los presidentes de los bloques del Concejo, luego con el gobernador y autoridades de Nación. En ese marco Omar Perotti aseguró que existe un “cambio profundo” en las políticas de seguridad que aún no se reflejan “en lo diario”. Habló de “una bola de nieve que fue creciendo” que es difícil de frenar. También habló el ministro de Seguridad Jorge Lagna. Recordó la cantidad de patrulleros afectados a custodias, de la cantidad de presos porque los delitos se investigan, de los policías que son parte de las bandas. Pero no hay, o al menos no se declamó, un programa de cómo prevenir, de cómo evitar la muerte. De cómo tratar de bajar la cantidad de balaceras, los chicos muertos y heridos en los barrios.
Los muertos que no generan demasiado problema, salvo cuando se acumulan. Hay una sociedad anestesiada que parece no reclamar por esas muertes, que ocurren en general en la periferia y dejan ese halo de por algo será. Cuando la víctima queda en el medio del recorrido de una bala, cuesta trabajo contarle a la sociedad que no era narco, que tenía familia, que era una persona. La pena de muerte en los barrios está naturalizada. Como si lo que imperara fuera una justicia paralela, fuera del Estado y sin que el Estado la detenga.
Hoy vuelven las fuerzas federales con más hombres, un nuevo diagrama en el centro y en los barrios. Vuelven las culpas hacia la Justicia, tanto federal como provincial, pero lo que no parece llegar y hasta ahora nunca funcionó es la prevención. Como si las escuchas de quien ordena la muerte desde un teléfono celular, o de línea, llegaran siempre tarde. Se difunden y estremecen en juicio, pero no sirven para evitar la muerte.
Hoy los gobiernos se juntaron para hablar de la muerte. El gobernador Omar Perotti aseguró que su gestión cortó “los vínculos con los delitos” y esa decisión implica costos pero “no tiene vuelta atrás”. “Hay una decisión tomada que es cortar los vínculos con los delitos. Situación que claramente no pasaba, que nos lleva a que haya un cambio profundo. Cambio que todavía en lo diario no tiene la dimensión que deseamos”.
Perotti señaló que los ciudadanos son testigos de “cosas que no pasaban” porque “esta es una bola de nieve que fue creciendo y empezamos a achicarla”. “Es una decisión tomada que no tiene vuelta atrás”. Y, en sintonía con su eslogan de dos años atrás, “la paz y el orden”, dijo que en su gobierno no hay “impunidad ni privilegios para nadie” y por contraste acusó a las gestiones anteriores del Frente Progresista de haber acordado o tolerado a sectores delictivos, tal como lo había hecho en su discurso de asunción en la Legislatura.
En tanto, el intendente Pablo Javkin encabezó una reunión de urgencia con los presidentes de bloque de todas las fuerzas políticas sobre “nuevas estrategias de intervención”. Luego se dirigió a la sede de Gobernación, donde se realizó el encuentro con el gobernador y autoridades nacionales para redefinir los planes de seguridad.
En los barrios la llegada de las fuerzas federales se vivirá con el mismo alivio de siempre. Los vecinos y las vecinas volverán por un rato a la calle. En los barrios en los que los federales no lleguen, la gran mayoría a juzgar por la cantidad de efectivos asignados la violencia será la misma y se pedirá refuerzos en esos espacios. Todo parece tender a pacificarse al menos hasta el domingo, cuando las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, convoquen a votar. Qué va a pasar después, cómo se desarticulan las bandas cuyos cabecillas están detenidos. Son preguntas que no tienen respuestas.
Mismos números, mismas soluciones
Los números se parecen y también las soluciones. Es el séptimo desembarco federal que llega a Rosario, aunque no se van a sumar más efectivos. Son los 160 anunciados el viernes pasado, muchos de ellos especializados como los grupos Albatros y Alacrán, que se sumarán a trabajos de inteligencia en el varias veces agujereado Centro de Justicia Penal. Y los números se parecen si se compara el titular de enero de 2020 con el de hoy; se había producido exactamente la misma cantidad de muertes: 17 asesinatos en dos semanas. Y se anunciaba la misma solución: un desembarco federal.
Sin embargo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo este miércoles que trabaja en conjunto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y subrayó: “Con el despliegue en estos días de 160 efectivos más, se duplicó la cantidad de fuerzas federales que había: la mayor parte de las cuales están concentradas en la ciudad de Rosario”. Y fue tajante en su análisis: “Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4 mil prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizar los recursos humanos, que son escasos”.
Añadió la funcionaria nacional: “Santa Fe se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su Policía, que va a llevar un tiempo largo de reequipamiento. Y de inmediato agregó: “En octubre en Rosario creamos una unidad ministerial con funcionarios nuestros y también está el trabajo de prevención de las fuerzas federales junto con la Policía de Santa Fe. Los agentes colaboran además fortaleciendo el trabajo de investigación criminal, que venía demorado”.
La ministra de Seguridad explicó que “lo que está claro es que Rosario tiene un problema crónico que no ha podido resolverse” y afirmó que “Perotti está poniendo mucha atención en el tema”, para luego plantear: “No nos podemos permitir las oleadas de violencia que venimos atravesando desde el año 2012”.
Por otra parte, Frederic cruzó al precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli por su gestión en la cartera de justicia y seguridad porteña: “En la ciudad (de Buenos Aires) hubo un incremento del 22% en la tasa de homicidios en el 2020, pero en la provincia (territorio bonaerense) no creció. La tasa de homicidios en la ciudad (de Buenos Aires) creció más que en Santa Fe”.
El discurso de Frederic no se parece al que se blandió cada vez que aumentan las muertes. Habla claramente de un problema crónico que no se pudo resolver desde 2014 (año del primer desembarco federal) a esta parte, ya que a veces bajaron las muertes y después subieron. De hecho el de ahora, con 160 efectivos, es el séptimo desembarco en Rosario en siete años. El último fue en enero pasado con 300 agentes destinados a patrullar el centro de la ciudad. Ya había 3.400 a los que ahora se suman los 160.
Al asumir la actual gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia contaba con menos de 1.900 funcionarios federales como apoyo en el territorio. “Esta decisión se enmarca en una serie de convenios firmados durante el 2020 entre la cartera nacional y su par local, donde el objetivo de prevenir y enfrentar las estructuras del delito complejo son prioridad”, dijeron desde Nación, y añadieron que “desde el año pasado, se vienen realizando distintas tareas de control en zonas conflictivas que permiten potenciar la investigación criminal y así poder brindar mayor seguridad a toda la población santafecina en general, y en particular, a la de Rosario”.
Una historia repetida de las Federales en Santa Fe
Los desembarcos federales en la ciudad siempre estuvieron asociados con el alza de los homicidios. Cuando el reclamo popular pide acción y el Estado provincial se queda sin respuestas llegan los federales, no importa de qué color político sea la gestión, tanto allá como acá. El primer desembarco fue en abril de 2014. La suma de homicidios llegó a 264 en el departamento Rosario en 2013 y buscaron ayuda en la Nación. Unos meses después llegaron las fuerzas federales. La presencia de los gendarmes en los barrios tranquilizó a los vecinos, aunque rápido vinieron los abusos. El descontrol y la falta de políticas de seguridad transformaron esta medida en un manotazo de ahogado. Sin embargo los homicidios bajaron en forma paulatina hasta llegar a 138 en 2019.
Pero el verano de 2020, apenas asumida la gestión de Alberto Fernández, fue complejo. Fueron 17 homicidios en los primeros 15 días de enero, cifra que se utilizó para dar cuenta al año siguiente de un verano más tranquilo. Pero en marzo de 2021 hubo renovadas balaceras, con cinco muertos y varios heridos entre los que figuraba un abogado: se volvió a armar revuelo y se anunció la llegada de 300 federales a Rosario, con la misión de quedarse en el centro y que la Policía provincial fuera a los barrios. En el medio, septiembre de 2020, llegó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), una tanqueta blindada china que se usó en la reunión del G-20 en Buenos Aires, otros cinco vehículos y un puñado de efectivos que se vieron por la costa central de la ciudad.
En la era del secretario de Seguridad Sergio Berni fueron varios los desembarcos. Todos asociados con el crecimiento de los homicidios en territorio santafesino, pero especialmente en Rosario. También los hubo con Cambiemos en el gobierno.
Las eras Berni y Bullrich
El 8 de abril de 2014 se realizó “el operativo más grande de la historia Argentina”. La frase era repetida por funcionarios tanto del Ministerio de Seguridad, comandados por Berni, como de la Procuraduría de Narcocriminalidad, quienes ese día llegaron en Rosario junto a tres mil agentes federales, seis helicópteros y un avión, para ocupar los barrios más calientes de la ciudad, donde el narcotráfico muestra su rostro más duro y más violento.
En ese momento se registraba un homicidio por día, casi como en estas dos últimas semanas, y los cuestionamientos hacia la Policía de Santa Fe eran constantes. La llegada de los federales se leyó como una ocupación del territorio que se había dejado abandonado y que fueron tomando los traficantes de drogas.
En mayo de 2015, otra vez llegaron los gendarmes. Eran 2.500 los efectivos de fuerzas federales que llegaron a la provincia, y casi la mitad de ellos, 1.200, se quedaban asentados en Rosario. La estadía prevista era de cuatro meses, período en el que el gobierno provincial debía completar la capacitación de nuevas camadas de la Policía provincial para ir reemplazándolos en el territorio.
Después, con el tiempo, las fuerzas federales habían regresado a reforzar la provincia de Buenos Aires mientras los homicidios comenzaban a bajar en el departamento Rosario. Es que en 2013 se registraron 264 muertes violentas, y en 2014, 234. Un año después, en 2015, los crímenes violentos sumaban 199 y en 2016 habían bajado a 158. Y 2017 terminó con 162 homicidios, 2018 con 198 y 2019 con 138. En 2020 fueron 212 y este año todo hace pensar que se va a superar esa cifra.
En septiembre de 2016, cuando dos masivas movilizaciones conocidas como Rosario Sangra reclamaban seguridad, el gobierno nacional recibió al gobernador Miguel Lifschitz y se produjo el tercer desembarco, ya en la gestión Cambiemos. El acuerdo de “colaboración estratégica” firmado con la provincia de Santa Fe para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos derivados de esa problemática, determinó la llegada de fuerzas federales a la ciudad.
En mayo de 2018, precedido por la polémica sobre quién debía pagar por el alojamiento y la estancia de los federales en territorio santafesino, otra vez de la mano de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich llegaron en el cuarto desembarco cerca de 800 efectivos en la provincia de Santa Fe, aunque hasta el final de su gestión la funcionaria macrista dijo que había tres mil.
Esta nota fue publicada originalmente en el Diario El Ciudadano
