En Salvador Mazza, todo se sabe. Anoche a Viviana Marcela Llevara su ex esposo la maltrató otra vez. Es la segunda denuncia por violencia de género que carga Rubén Méndez, el intendente de la ciudad.

La escena que relató Viviana Marcela a los agentes de la Comisaría 40 ocurrió en plena calle, en la vereda de la casa del funcionario. Fue justo allí donde Méndez le pegó un puñetazo en la cara, la arrastró de los pelos y la sometió a todo tipo de agravios verbales. El sábado anterior, el funcionario y sus hijos habían entrado a la casa de la mujer y cambiado las cerraduras.

La policía intervino pero Méndez no quedó detenido. Así lo contó en una entrevista radial esta mañana, el comisario Miguel Aranda quien además explicó que puso una guardia policial en la casa de la mujer. Llevara le había dicho que le teme a su ex pareja y también al entorno.

Salvador Mazza, donde todo se sabe, es una pequeña ciudad ubicada a 400 kilómetros de Salta Capital y a 55 de Tartagal con una estación de tren llamada Pocitos. Su historia es corta, o es joven: fue creada el 20 de septiembre de 1951. Y su nombre hace honor a un médico argentino que descubrió el Mal de Chagas. Allí los trámites no son sencillos. Los testimonios, la denuncia y el certificado médico de Viviana Marcela debieron viajar a la Fiscalía de Tartagal porque el titular de la de Salvador Mazza está de receso.

Pero no es la primera vez que el intendente es noticia por un hecho de violencia de género Su ex pareja ya lo había denunciado por dejarla en la calle con sus tres hijos, la más chica, de tres años, hija de Méndez. Un día caluroso de febrero, ella había viajado a Salta para una consulta médica y alguien entró a su casa y le rompió todo. Unos meses antes, en mayo de 2015, Viviana había denunciado a su marido por primera vez por golpearla delante de su hija y había solicitado la exclusión del hogar. Unos días más tarde, Maximiliano Méndez, uno de los hijos del intendente la denunció penalmente por usurpación de vivienda.

Si bien los medios provinciales criticaron el silencio oficial respecto de la denuncia, la Mg. Pamela Eleonora Ares, directora del Observatorio de Violencia Contra la Mujer “Rosana Alderete” calificó los hechos como “inadmisibles” y dijo que deben ser repudiados por toda la sociedad”. Además recordó una de las recomendaciones del Observatorio señala que “un funcionario público, ya sea electo por el voto popular o no, que no cumple con la normativa internacional ni con los estándares internacionales respecto de los derechos humanos de las mujeres no debe ocupar un cargo público”.

 

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