Sebastián Ortega – Cosecha Roja.-
El jefe de la Policía Santafesina, Cristian Sola, nombrado en reemplazo del detenido Hugo Tognoli luego del narcoescándalo, está siendo investigado en al menos dos causas por enriquecimiento ilícito. La jueza que lo investiga reconoció a Cosecha Roja que el dinero sucio podría ser el narcotráfico. Varias denuncias anónimas recibidas por el gobierno de Antonio Bonfatti meses atrás, señalaron a Sola como uno de los que brindaba protección a distintos narcos de Rosario. Varios de los datos que aparecen en los anónimos fueron comprobados por investigaciones judiciales, incluyendo el rol de Tognoli en ese esquema. Entre otras acusaciones, hay una lista de 45 kioscos de drogas que formarían parte de la red narcopolicial. En junio de este año, uno de esos kiosquitos fue incendiado por los vecinos luego del asesinato de un joven en manos por un soldadito. Otros fueron allanados y derribados por la policía. La mayoría sigue funcionando.
El 23 de febrero de este año, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini recibió un sobre color madera en su oficina. Adentro había una denuncia anónima en la que se acusaba 15 policías de tener vínculos con el narcotráfico. En esa lista figuraban, entre otros, el exjefe de policía -acusado de proteger a narcos- Hugo Tognoli y el actual jefe de la fuerza, el comisario Cristian Sola. Un segundo anónimo apareció a los pocos meses. Las denuncias, que involucran a más de 50 policías, se repartieron entre los tribunales provinciales y los federales. En su momento, el entonces ministro de Seguridad Leandro Corti confirmó que estas tenían “cierto grado de verosimilitud” y que se estaba avanzando en las causas.
Según confirmó la jueza de Instrucción 5 María Luisa Pérez Vara a Cosecha Roja, en su Juzgado hay una causa abierta en la que se investiga al comisario Cristian Sola por enriquecimiento ilícito. El origen de esos fondos, reconoció la magistrada, “podrían provenir del narcotráfico y la venta de autopartes robadas”. Además, Pérez Vara contó que le envió una copia del material al juez Carlos Vera Barros, quien lleva adelante la causa por la que se estuvo detenido durante 15 días el exjefe Hugo Tognoli. En los Juzgados Federales desestimaron la posibilidad de abrir una causa por narcotráfico a los jefes acusados. De todos, modos, el juez Vera Barros confirmó a Cosecha Roja que el anónimo en el que se señala a Sola como protector de narcotraficantes forma parte de la causa Tognoli. En la denuncia, además, figura un listado -en muchos casos con nombre y apellido- de más de 20 narcos de la zona sur de la provincia que tendrían arreglos con los máximos jefes de la policía y el dinero que pagarían mensualmente.
Una tercer denuncia anónima apareció en la canchita de fútbol del Club Oroño, donde en la madrugada del 1° de enero fueron asesinados tres militantes del Movimiento 26 de Junio. La carta, que llegó a manos del Ministro de Seguridad Raúl Lamberto un mes antes del narcoescándalo, sostiene que el comisario Cristian Sola y el subjefe de la policía rosarina, Hernán Brest, entre otros, están relacionados de manera directa con los principales narcos de la ciudad, a quienes detalla con nombre y apellido. También acusa a Sola de haber brindado protección a Sergio “El Quemado” Rodríguez, el principal acusado de la masacre de Rosario. La banda del Quemado, antes de caer por el triple crimen, manejaba unos diez kiosquitos de droga en la zona sur de la ciudad.
Según consta en la denuncia, el ex comisario Inspector de la Zona 3º, Eduardo Ismael Carrillo -procesado por encubrimiento del triple crimen- habría llamado al entonces subjefe de la policía provincial, Cristian Sola, para pedirle que le libere la zona para que El Quemado pueda escapar.
-Esta vez no podemos hacer nada, fue mucho el ruido que hizo- le habría dicho Sola a Carrillo.
En el anónimo también consta una lista de 43 kiosquitos de droga que aparentemente trabajaban con protección policial. El subjefe de la policía rosarino, Hernán Brest, está señalado como “socio de narcos y propietario de varios kioscos”. Él sería, según el texto, el encargado de garantizar a los transas la protección policial: “todo por orden del Comisario Mayor Cristian Sola”. A partir de la utilización del sistema de GPS instalado en los móviles policiales y la frecuencia radial, Brest se encargaría de mantener a la policía alejada de los búnkers que forman parte de la red.
Pese a que el gobierno provincial tiene en sus manos la lista de los 43 kioscos en los que estaría prohibido el patrullaje policial, la mayoría hoy sigue funcionando. Otros, como el de Dr. Riva al 3300 -que pertenecía al Quemado- fueron allanados después de la detención de sus dueños.
El 20 de junio pasado, en la puerta del búnker en las vías del ferrocarril Belgrano y Uruguay, en el barrio Vía Honda, un soldadito de un narco asesinó de un disparo en el pecho a César Oviedo, un carrero de 34 años militante -al igual que los tres pibes de la masacre de la canchita- del Movimiento 26 de Junio. Los vecinos, que desde hacía un tiempo venían denunciado la complicidad de la comisaría de la zona, prendieron fuego y tiraron abajo el kiosquito. Los policías que habían llegado al lugar, miraron la escena sin intervenir.
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