Diario El Ciudadano
A mitad de discurso en el Congreso Alberto Fernández elige adelantar 6 proyectos que enviará a debate en 2021. Habla de los pilares de un gran proyecto nacional de desarrollo e inclusión social. El primero es incentivar la fabricación de autos eléctricos. El segundo es meter mano a los impuestos para atraer inversiones a las automotrices. El tercero viene con una estadística a rastrear. “La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años”, dice el presidente y confirma que mandará un proyecto para cultivar cannabis a escala industrial en Argentina. La idea está en la ley, ya avanzó con una plantación grande en Jujuy y en Santa Fe tenían apuntado un predio para cosechar.
El anuncio de Fernández llega a una semana de que las organizaciones cannábicas del país reclamasen al gobierno nacional por la apertura del ReProCann, el Registro del Programa de Cannabis, donde deben inscribirse las personas que necesitan cultivar para estar protegidas de allanamientos violentos, causas judiciales absurdas y sobre todo, acceder a una forma de mejorar su calidad de vida negada por la floja reglamentación de la ley durante el macrismo.
Desde la ley aprobada en 2016 hacerse de los aceites de cannabis, unas de las formas más habituales del uso medicinal, es difícil. Hasta que ReProCann esté en marcha con las nuevas pautas de la reglamentación, solo pueden ser recetados en casos de epilepsia refractaria. No hay un producto hecho en Argentina. Son importados a costo de dólar y quienes trabajan en la salud no terminan de amigarse con los preparados. Igual, la demanda de los frasquitos creció por los buenos resultados clínicos, el boca a boca y el espaldarazo de activistas y profesionales a la planta. Solo como ejemplo, en 4 años se triplicó la cantidad de testeos de aceites en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Las personas querían y quieren saber qué hay en los preparados para mejorar tratamientos y no ser víctimas de oportunistas en un mercado no regulado.
Desde la ley de 2016 solo Jujuy, con el gobernador macrista Gerardo Morales a la cabeza, logró armar una empresa estatal para plantar y producir. El 14 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de esa provincia confirmaban que era el primer distrito de la Argentina en crear una empresa del Estado para cultivar y producir aceite de cannabis medicinal. La firma, Cannabis Avatara, dará los permisos para plantar y fabricar los productos por 99 años. Entre las primeras estuvo la prueba piloto en la finca de 15 hectáreas de El Pongo, a 25 kilómetros de San Salvador. Es el primer paso de un plan de cultivo industrial que, según declaró Gastón Morales, hijo del gobernador, se extenderá a 500 hectáreas en 5 años.
El gobierno de Santa Fe intentó tres veces y de tres formas distintas dar acceso al cannabis medicinal produciendo a gran escala. Todas fueron a través del LIF, uno de los laboratorios que, según la última reglamentación de la ley, tendrán prioridad para producir al estar dentro de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). La primera propuesta fue trabada por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando negaron el ingreso de 50 kilos de flores desde Uruguay para hacer los aceites en la capital santafesina. La segunda fue la de plantar en un predio del INTA cerca de la pequeña localidad de Ángel Gallardo. La tercera, fue importarlo a granel y fraccionarlo. Ninguna consiguió el okey de Nación, aún cuando significaba gastar un tercio de lo que cuesta importar el producto.
Mirando el globo
Si bien desde hace años la industria del cannabis medicinal y no medicinal existe, el escenario productivo mundial dio un giro en diciembre cuando la ONU cambió la clasificación del cannabis en la lista donde se organizan las drogas según su peligrosidad. Por 59 años estuvo etiquetada por la Convención de 1961 –el primer tratado internacional de drogas de la historia– junto a la cocaína, morfina, metadona, heroina y opio. Todas, siempre esa definición de 1961, tienen un potencial adictivo y deben tener un control estricto. Era una invitación a prohibir tenencia, producción y cerrar casi la puerta a las investigaciones médicas por nuevos usos.
No todos los países escucharon. Además de la demanda de salud, los números estaban a favor de la investigación, patente y producción de la planta y sus derivados. En el continente americano Uruguay y Canadá son ejemplos. En ambas el uso adulto, ya sea medicinal o no, está regulado. Uruguay puso un límite a cantidad y controla a las empresas que producen y venden para garantizar calidad y cuidar a las más de 53 mil personas registradas que acceden al cannabis. Desde 2017 hay 15 firmas dedicadas en su mayoría a salud humana y animal, más una que produce yerba mate. No es la única forma de llegar al cannabis. Pueden cultivar en sus casas o en los clubes de cultivo, siempre y cuando estén en el registro.
Canadá legalizó en 2015 y desde entonces intenta arrebatarle una tajada más grande al mercado negro. Según Imer Flores escribió en su libro 4 20 Momento de regular la cannabis y reveer la política de droga en México y en el Mundo, eso significó también crear nuevos empleos. En 2020 hay más de 300 nuevas empresas con 900 personas produciendo en Canadá. En el estado de Alberta, uno de los que tienen más personas consumiendo, 2019 cerró con ventas cercanas a los 30 millones de dólares. Ahí controlan el proceso, la distribución y la venta, como cualquier otro producto. Entre las restricciones, no pueden llegar a menores de edad. Con los impuestos de las ventas, el Estado canadiense elige qué hacer. Una buena parte, siempre según Flores señala en su libro, va a políticas de salud en general. Otra parte, y definido por ley, va a tareas de prevención y evitar consumo en menores de edad. Y también para tratar a quienes tienen consumos problemáticos, algo que las autoridades estudian para confirmar si aumentaron o no después de la regulación.
Un futuro donde el Estado plante y deje plantar
Mientras avanzan proyectos de cultivo comunitario, registros municipales y proyectos de ley de autoabastecimiento la decisión de producir cannabis, que también tiene sus variables en la industria textil y de la construcción, parece un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud. También, una forma de dinamizar una economía que ve venir el post covid-19. Y más si redireccionan los recursos económicos destinados a perseguir pequeños consumidores. En 2019 la organización Reset calculó que cada causa judicial contra una persona a la que le encontraron poca cantidad de marihuana, cocaína o pastillas costaba unos 2 mil dólares al Estado.
