Con la declaración de Sasha Sacayán, hermano de Diana y parte de la querella, este lunes se realiza la segunda audiencia del juicio oral y público por el crimen de la militante Amancay Diana Sacayán.
Las querellas de la familia, del Estado y las Fiscalías encabezadas por la doctora Mariela Labozzetta y el doctor Ariel Yapur solicitarán al Poder Judicial que dicte una sentencia ejemplar que reconozca este hecho como un travesticidio y un crimen de odio (art. 80 inc. 4 y 11 Código Penal de la Nación).
En la madrugada del 11 de octubre de 2015, en su casa del barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, Diana fue asesinada.
El imputado es Gabriel David Marino, de 24 años, quien podría afrontar una pena de cadena perpetua. Marino y otro hombre –quien no figura en este proceso – asesinaron a Sacayán entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015. El cuerpo fue encontrado dos días después. Estaba atada de pies y manos. Tenía 14 puñaladas en el cuerpo y golpes y cortes en los brazos, por lo que se supone que se defendió antes de que la mataran.
Marino y el otro sospechoso fueron detenidos 15 días después tras una serie de operativos en Morón. En la indagatoria Marino reconoció que había conocido a Sacayán durante un tratamiento por adicciones y que había tenido algunos encuentros sexuales con ella pero negó haberla matado. Dijo que cuando fue al departamento, Diana estaba con otro hombre, con el que discutió. Según su versión ella sacó un cuchillo, el hombre se lo arrebató y la apuñaló.
Para los fiscales, Marino la asesinó “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
La otra pata de la investigación por el crimen es la causa que lleva adelante la fiscal Cristina Caamaño para dilucidar la responsabilidad en el crimen de Diana de los otros dos procesados, Félix Alberto Ruiz y Federico Cardozo, que seguirán siendo investigados pero no irán a juicio todavía.
Diana fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género que rige en nuestro país y de la Ley de cupo laboral travesti trans que obliga que el uno por ciento de la administración pública de la provincia de Buenos Aires sean personas travestis y trans. Ley aprobada en septiembre de 2015.
Este juicio será histórico en materia de derechos humanos en general y para el colectivo de travestis y trans en particular.
