La semana pasada fue noticia el nuevo índice de pobreza calculado por el Indec: la Argentina tiene un 42 por ciento de hogares pobres y un 10.5 por ciento de indigencia. En números estimados, unas 19 millones de personas son pobres y unas 4,5 millones son indigentes.
Los datos del Indec hablan de “hogares” y no especifican si quienes pagan la olla son varones o mujeres, pero se sabe: la pobreza afecta más a unas que a otros. Según Naciones Unidas, el 70 por ciento de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y una de cada cinco niñas viven en condiciones de extrema pobreza.
Ante el crecimiento exponencial de contagios que nos confirma que Argentina ya está surfeando la nueva ola, ¿cómo evitar que la feminización de la pobreza se profundice aún más?
Que la pobreza afecta más a mujeres y disidencias no es un mito feminista. En Argentina la cifra ya es un clásico: las mujeres ganamos un 27 por ciento menos que los varones. Y la desigualdad creció en pandemia.
En octubre de 2020, una encuesta de Unicef confirmó que la pobreza afecta más a los hogares con niños y niñas donde el principal ingreso económico lo genera una mujer. Lo mismo en los monoparentales, que en su mayoría tienen una jefatura femenina.
Este organismo estimó que la pobreza infantil podría escalar a 68 por ciento a fines de 2020, 8 puntos arriba que los hogares comandados por varones en igual situación.
“En pandemia sucedió que las tareas del hogar recayeron aún más en las mujeres, quienes a su vez son las que trabajan remuneradamente y lo hicieron desde sus hogares, además del home office tuvieron que hacerse cargo de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico”, dice a Cosecha Roja Ivana Márquez, licenciada en Economía e integrante del Grupo de Estudios de Economía y Género de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.
¿Y qué pasa con las mujeres que no disponen de ingresos propios, que reciben salarios más bajos, que están en una inserción laboral precaria y fragmentada, en ausencia o baja cobertura de seguridad social?
“En este sentido -explica Márquez- es interesante el aporte de otra dimensión para medir la pobreza: el tiempo”. “Sucede que la importancia del trabajo no remunerado para alcanzar un mínimo estándar de vida no se refleja en las mediciones oficiales de pobreza. En ellas, la medición de requerimientos de ingresos no implica que los hogares estén efectivamente consumiendo la canasta de pobreza, sino sólo que tengan los ingresos para adquirirlas”, aporta. ¿De qué manera esta falencia invisibiliza a las mujeres? “Esto implica que los hogares disponen del tiempo suficiente para transformar los alimentos listos para el consumo, como también para cuidar de lxs niñxs, lo que supone indirectamente que las familias con hijxs tienen tiempo suficiente para los cuidados”.
Según el mismo informe de Unicef, antes de la cuarentena, el 74 por ciento del conjunto de estas actividades era realizado por mujeres. Durante la cuarentena, se incrementó al 78 por ciento.
“La Economía Feminista plantea la tensión de que conseguir un ingreso nos puede convertir en pobres de tiempo”, dice Márquez. “Todo indicaría que la brecha de cuidados no sólo se mantiene, sino que se ha incrementado, ya que como dice Dora Barrancos, con el ASPO, las mujeres han retrocedido al tener que estar en sus hogares y haciéndose cargo de las tareas de cuidados. Además, por las características del COVID-19, todas las medidas de prevención de la enfermedad están basadas en la higiene extrema y estas tareas están altamente feminizadas”.
En la encuesta de Unicef, el 39 por ciento de las mujeres aseguraron que pueden conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.
Villas y barrios populares: las mujeres, al mando
En Argentina la economía popular alcanza a 4,2 millones de personas y representa a un 11 por ciento de la población. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, el 63,7 por ciento de las viviendas tiene de responsable de hogar a una mujer. Los hogares monoparentales son el 8,5 por ciento del total y están a cargo de mujeres en casi el 90 por ciento de los casos.
En los barrios populares las tareas de cuidado exceden lo estrictamente familiar y se vuelven comunitarias. A raíz de la pandemia, esa tarea se intensificó. “Las mujeres somos las que desarrollamos las ollas populares, el acompañamiento a personas en situación de violencia de género, el acompañamiento a les pibes para que no pierdan la continuidad pedagógica y la promoción de la salud con el relevamiento de personas adultas mayores y en los operativos Detectar, donde cumplimos un rol fundamental acompañando a vecinos y vecinas para que se realizaran los testeos”, dice Mónica Córdoba, “Mona”, para les amigues. Ella es referenta barrial de “Somos Barrios de Pie” y “Marea Feminismo Popular”.
Cuenta que el año pasado tuvieron que triplicar las raciones que entregaban en los comedores y merenderos. “Una parte la peleamos con el Gobierno de la Ciudad y otra vino de muchas personas de los sectores medios que se han solidarizado con las organizaciones sociales realizando donaciones”, detalla.
Con la pandemia se puso en evidencia que las mujeres de los barrios populares son también las más afectadas por la informalidad: el 57 por ciento de quienes cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fueron mujeres.
“Pudimos ver que en algunos casos la falta de actualización de datos en Anses o los límites en acceso a la tecnología fueron obstáculos para la obtención del beneficio”, cuenta Mona. Esa fue otra tarea que encararon las mujeres: el acompañamiento online y la derivación a sedes de Anses.
Cuando la cuarentena comenzó a flexibilizarse muchos vecinos y vecinas pudieron volver a las changas. Eso permitió que aflojara un poco la demanda alimentaria. Pero la asistencia continúa. Y recién estamos entrando en la segunda ola.
“La experiencia del año pasado nos sirvió para tener ciertos mecanismos de prevención del contagio, así como campañas de concientización que vamos a impulsar en nuestros barrios”, cuenta Mona. “Nos preocupa que la Ciudad de Buenos Aires sea el distrito con menos personas vacunadas y que no haya un plan de vacunación de las personas adultas mayores en situación de calle”, dice y destaca que “lxs trabajadorxs de los centros comunitarios son esenciales y también deben recibir la vacuna”.
Las travestis y trans, las más olvidadas
Karla Ojeda es integrante de la Comunidad Travesti Trans Rosario, una de las organizaciones que se puso al hombro la asistencia y acompañamiento de las compañeras del colectivo.
“Al principio pensábamos que la pandemia iba a durar 15 o 20 días. Y ya llevamos un año. Y pudimos ver cómo una vez más falta una política pública integral para las travestis y trans”, dice.
En un colectivo donde el 90 por ciento de las personas se dedica al trabajo sexual -en su mayoría porque no tienen otra opción-, muchísimas de ellas se quedaron sin ingresos y sin lugar donde vivir.
“Desde Comunidad Travesti Trans Rosario y el centro cultural Casa de las locas, gestionamos los módulos alimentarios y los kits de higiene que recibíamos de Desarrollo Social de la Nación y del Gobierno provincial”, cuenta. “Por supuesto que no era suficiente, pero ayudó”.
Durante los primeros meses, para no arriesgar la salud de las compañeras, ellas mismas se organizaron para llevar los bolsones casa por casa.
“Durante la pandemia, utilizamos todas las herramientas del Estado y las gestionamos nosotras, porque hay toda una población, dentro del colectivo, que está afuera de todo: no sabe cuáles son las herramientas y los derechos que tiene ni qué tiene que reclamar”, detalla.
Acompañamiento psicológico, a centros de salud, gestión de turnos médicos, trámites, ubicación de compañeras que se quedaron sin techo, subsidios, asesoramiento legal, tramitación del IFE y del Potenciar Trabajo. Toda esa asistencia quedó en manos de las distintas organizaciones que aún hoy siguen entregando los módulos alimentarios. “Fuimos muchas trabajando en conjunto. Hubo una unión increíble de muchas organizaciones”, dice.
Lo que la pandemia visibilizó, también en el caso de las travestis y trans, es que las políticas públicas asistenciales no alcanzan.
“Nos viven diciendo desde el Estado que tienen una deuda con las travas y trans. Entonces que la paguen. No podemos esperar más, es la única forma que pueden solucionar nuestros problemas”, dice Karla y piensa en el cupo laboral trans. “No puede ser que haya una ley provincial que ya tiene más de un año y que aún no vemos los resultados: las compañeras no están obteniendo puestos”, dice.
“También nos enorgullece que el Gobierno nacional haya sacado por decreto el cupo laboral travesti trans, pero necesitamos que sea una ley, que sea un derecho que nadie nos pueda sacar”, agrega.
La brecha de género se ensancha en épocas críticas: estamos apenas entrando en la segunda ola de una pandemia mundial. Y los gobiernos están hace una semana pensando cuáles serán las próximas restricciones. ¿Se limitará la circulación? ¿Se prohibirán actividades específicas? ¿Se reducirá el acceso al transporte público? ¿Seguirán las clases presenciales? ¿Volverá la virtualidad? ¿Cómo se piensa en el bienestar de ninxs y adolescentes después de un año de encierro?
En la primera ola de la pandemia, allá por principios de 2020, las tareas de cuidado fueron uno de los temas más visibilizados. Pero las políticas públicas no fueron suficientes. “La brecha de género no aguanta otra cuarentena estricta sin perspectiva de género. Metan este tema y el bienestar de las infancias en la ecuación”, dijo la periodista Natalí Schejtman en un tuit. ¿Estaremos a tiempo de exigir políticas públicas que contemplen la brecha de género? Ojalá que sí.
