Patricio Barros CIsneros

Cosecha Roja.-

“Esperame acá, voy a pedir un lugar techado”, le dijo Patricio Barros Cisneros a la novia, embarazada de cuatro meses. Ella acababa de pasar la requisa para entrar a la unidad 46 del penal de San Martín. Era 28 de enero de 2012, el calor agobiaba y él les reclamó a los penitenciarios que los dejaran ir a un lugar más fresco. Ellos se negaron y la discusión terminó en una paliza de muerte: le pegaron patadas y piñas durante diez minutos hasta que lo asesinaron. Mañana el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín juzgará a seis agentes por el crimen. “Es un caso paradigmático porque muestra el comportamiento brutal del Servicio Penitenciario Bonaerense y porque el crimen fue en un pasillo a la vista de todos y en horario de visita”, dijo a Cosecha Roja Mariano Lanziano, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a la familia de la víctima.

A Patricio le pegaron entre seis y diez penitenciarios: la autopsia mostró más de 30 golpes en la cabeza y en el resto del cuerpo. Después lo disfrazaron de suicidio, dijeron que él se golpeó contra una reja a propósito y apretaron a varios testigos. “Era imposible que se hubiera suicidado. Pero el fiscal creyó la versión oficial y no tomó ninguna de las medidas habituales, como detener e interrogar a los posibles involucrados y secuestrar la ropa”, dijo el abogado.

 

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A las diez de la mañana de ese 28 de enero llamó la novia de Patricio. “Lo mataron”, le dijo a Lorena, la hermana. “No sabía cómo decirle a mi mamá, llamé a mis hermanos y le contamos juntos”, dijo a Cosecha Roja. Después se subieron al auto para ir al complejo penitenciario José León Suárez. Tardaron veinte minutos desde San Miguel hasta San Martín, a las once y cuarto estaban ahí. Los recibieron unos agentes, los hicieron pasar y se encontraron con la cuñada, que lloraba sin parar. “Pensé que había sido una pelea entre presos pero ella vio todo”, contó Lorena.

Patricio había pedido un lugar cerrado porque no quería que la mujer estuviera al sol. Habló con un agente, empezaron a discutir y forcejearon. Se acercaron más penitenciarios, que lo redujeron, lo tiraron en el suelo, le pusieron gas pimienta en la nariz y empezaron a pegarle. Alguno sacó a la novia afuera y al rato le dijo que Patricio estaba muerto.

Después de enterrar a Patricio -que tenía 26-, la reacción de la familia fue hacer manifestaciones en la calle, en la puerta del penal y en los tribunales para exigir que encontraran a los responsables. Durante un mes cortaron la autopista del Buen Ayre. Mientras ellos reclamaban, y el primer abogado que tuvieron no los ayudaba, algunos de los agentes acusados se fugaron. Enseguida se acercó el equipo del CELS, que junto con la Comisión Provincial por la Memoria visitó la Unidad 46 el lunes siguiente del asesinato. En la visita entrevistaron a cien detenidos: todos confirmaron que Patricio no se había suicidado. Pero nadie quería declarar.

Los testigos aparecieron más tarde. “Cuando se les aseguró que iba a ser trasladados afuera de la órbita del SPB declararon lo que sucedió e identificaron a los responsables”, explicó el abogado.

Así dieron con Claudio Keem, Juan Liberto, Miguel Gallego, Héctor Aníbal Mario, Gerardo Rodolfo Luna y Rodrigo Emilio Chaparro, los penitenciarios que se sentarán en el banquillo de los tribunales de San Martín y enfrentarán una posible condena a prisión perpetua por el crimen. Los últimos cuatro llegan con preventiva. Silva, un séptimo acusado, se suicidó mientras estaba detenido y dejó una carta en la que señalaba como cómplices a otros ex compañeros. César Raúl Benítez sigue prófugo y tiene pedido de captura.

No son muchos los casos de este tipo que llegan a juicio porque los “suicidios” no tienen testigos y la única prueba son las marcas en el cuerpo de la víctima. Pero lo de Patricio fue delante de la mujer, de otros detenidos y de las visitas.

 

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Patricio tenía 18 años y siete hermanos cuando lo detuvieron la primera vez. “Para mi mamá fue duro porque ella tenía que salir a lucharla. Él quería cambiar su vida pero no le era fácil”, contó Lorena, la hija mayor de la familia. Ella crió a su hermano menor: “Se mandó una cagada pero no tenía un alma mala, tenía un buen corazón”.

Dentro de la cárcel no fue fácil para Barros Cisneros. Sufrió golpes, frío y hambre “por no servirles a los agentes”, dijo Lorena. Sólo durante la última mitad de 2014 se registraron 485 casos de tortura en la Provincia de Buenos Aires, según el “Informe sobre torturas y tratos inhumanos” de la Defensoría de Casación.

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