En Colombia se elabora una politica pública de prevención de la delincuencia juvenil y ronda la pregunta ¿debe la sociedad endurecer las leyes para protegerse de los jóvenes?
Chicos malos
Semana.com, 11 de junio de 2011.
Se hacían llamar Los Lunituns (Looney-Toons), como la serie infantil de dibujos animados, pero eran peligrosos y desalmados. Y eran de la vida real. Se trataba de una banda de asaltantes menores de 18 años, que hizo de las suyas durante dos años en el sur de Bogotá. En marzo atracaron a una señora que se resistió. Los Lunituns la emprendieron a piedra contra ella, se ensañaron hasta derribarla y la mujer murió lapidada. La Policía Metropolitana detuvo a dos integrantes de la banda, hoy desarticulada, y descubrió que tenían un grupo en Facebook, con fotos en las que los muchachos posan luciendo armas de fuego.
Hace un mes fue capturado en la ciudadela de Kennedy un joven de 16 años quien, posteriormente, confesó haber violado a una niña de 15. La llevó a su habitación amenazándola con un cuchillo, allí la violó, luego la amordazó, la amarró y la metió debajo de la cama. Salió para volver una hora después. Nuevamente la violó y, antes de dejarla ir, le advirtió “si dice algo la pico a usted, a su hermana y a su mamá”.
Escenas escalofriantes como esta no se dan solo en Bogotá. En Neiva, un muchacho de 15 años está bajo la lupa de las autoridades porque todo indica que es el protagonista de un caso que estremeció a la ciudad el 21 de mayo. Al amanecer, los vecinos de la Institución Educativa Promoción Social oyeron gritos de auxilio. Por la mañana los profesores encontraron la puerta del colegio abierta y en la cancha al celador del instituto asesinado de 19 puñaladas. Horas después, la Policía halló la moto del vigilante, salpicada de sangre, en la casa de un estudiante. Él es el principal sospechoso del brutal crimen.
En esta misma ciudad, la semana pasada, en el barrio La Paz, un sicario de 18 años asesinó a quemarropa, de dos disparos en la cabeza, a un niño de 4 años. Minutos después, fue capturado, cuando intentaba huir en una moto robada.
Los delitos graves cometidos por jóvenes no son una novedad en Colombia. En Medellín, decenas de niños y jóvenes en los años ochenta murieron o arruinaron su vida al ser usados como sicarios por Pablo Escobar. Pero de los imberbes gatilleros del narco se ha pasado a jóvenes, a veces casi niños, que, como los de estos ejemplos, cometen los crímenes más escalofriantes -a menudo utilizados por adultos-, al amparo de una legislación que poco tenía en cuenta los cambios en la criminalidad juvenil. Este fue, precisamente, uno de los temas de fondo en las actuales sesiones del Congreso, el cual, en medio de grandes debates, aprobó importantes cambios en el Código de Infancia y Adolescencia y el Código Penal.
Los anteriores no son casos aislados. La curva de la criminalidad juvenil en el país viene en ascenso. Así lo registra un estudio de la división de estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, que consolida las cifras desde octubre de 2007, cuando se implementó el sistema, hasta el 26 de julio de 2010. En 2007 se registraron 626 “sanciones” (el equivalente, para menores de 18 años, a las condenas para adultos, que van de la privación de la libertad a una amonestación); al siguiente año, 3.308; en 2009 saltaron a 5.431. Y en 2010 hubo 3.583. Es decir, solo en el primer semestre del año pasado se registraron más sanciones que en todo 2008. El delito castigado con más frecuencia es el hurto (40,2 por ciento); le siguen el tráfico y porte de estupefacientes (29 por ciento), y en tercer lugar, el homicidio, con 4,8 por ciento. Este último dato significa que menores de 18 cometieron más de 200 homicidios al año en ese periodo.
Los responsables de operar el sistema penal para jóvenes (Policía, Fiscalía y jueces) coinciden en que la ley se había quedado corta ante el fenómeno. “Tenemos un código para niños traviesos cuando lo que vemos son temidos criminales reincidentes”, dice una fiscal que lidia con estos casos. Por todo esto, el Ministerio del Interior, la Policía y la Fiscalía impulsaron una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, en el marco del llamado Estatuto de Seguridad Ciudadana, que está listo para sanción presidencial.
El debate en el Congreso se dio en torno a una pregunta de fondo: ¿debe la sociedad endurecer las leyes para protegerse de los jóvenes delincuentes, o diseñar un marco normativo que los aleje del crimen? La reforma, tras un año de debates, tiene de lo uno y de lo otro.
El Código se endurece, pero también se crean nuevos tipos penales con miras a proteger a los jóvenes. Por ejemplo, se integran tres delitos: el de los adultos que se aprovechan de los jóvenes para cometer ilícitos -de diez a veinte años de prisión-, el tráfico de niños y su explotación en actividades como la mendicidad. Estos delitos se agravan cuando el autor sea pariente del menor. “En el 80 por ciento de los casos de bandas juveniles hay adultos que instrumentalizan todo”, apunta Beatriz Linares, integrante del colectivo Alianza por la Niñez y consultora de Bienestar Familiar. Se dio, además, a la Policía la facultad de cerrar establecimientos como las ‘chiquitecas’, donde se expenden licores a menores de 18 años.
Pero también hay garrote para los muchachos. Los jóvenes que cometan delitos como homicidio, secuestro, extorsión o violación, serán privados de la libertad de dos a ocho años. El anterior código obligaba a dejarlos libres cuando cumplían 21 años, así no hubieran terminado su condena. Con la reforma, un joven que cometa un asesinato cuando está a punto de cumplir 18 años “solo podrá volver a la calle luego de ocho años efectivos de reclusión, sin lugar a beneficios para redimir la pena”, explica el representante Alfredo Deluque, ponente de la ley.
Una preocupación central en el Congreso fue la reincidencia. Criminales adultos han usado a niños y jóvenes para delinquir, a sabiendas de que no corren riesgos por lo benevolente que era la ley. Quizá por ello, 90 por ciento de los jóvenes que enfrentan un proceso de responsabilidad penal se declaran culpables, según la Fiscalía.
La reincidencia también tiene que ver, a juicio de los expertos, con la situación de los centros de atención especializada -antes conocidos como reformatorios- en los que los menores de 18 cumplen la privación de la libertad. La reforma plantea un gran revolcón, en particular, para reforzar la misión de esas instituciones de resocializar a los muchachos para que construyan un proyecto de vida alejado de la criminalidad. En el país hay 23 de estos centros, que albergan a 1.970 adolescentes (95 por ciento son hombres), bajo el control de Bienestar Familiar.
Bienestar tiene claras las deficiencias y limitaciones de los centros de atención. Hugo Acero, experto en temas de seguridad, ha asesorado a la entidad en formular un plan integral para mejorarlos. La estrategia requiere una intervención profunda en áreas que van desde el diseño arquitectónico, hasta la puesta en marcha de nuevos modelos en pedagogía, seguridad, disciplina y capacitación. “Los ajustes al código de infancia son atinados. Pero el Estado debe garantizar que los jóvenes cumplan las penas en condiciones adecuadas y la pregunta es dónde están los recursos para reformar debidamente los centros especializados”, dice Acero, quien afirma queBienestar cuenta para los próximos tres años con 30.000 millones de pesos, asignados por el Conpes para los centros especializados, pero se requieren 150.000 millones para el plan integral.
Otro problema son las debilidades del sistema judicial encargado de la criminalidad juvenil. “En 2009 se dieron cerca de 36.000 capturas, que generalmente son en flagrancia, y hubo unas 5.000 condenas. ¿Cuántos delitos no se procesan por esta deficiencia estructural?”, se pregunta Linares, quien cree que a la reforma le faltó definir cuál será el ente rector del sistema judicial para menores, y cómo pueden participar las autoridades locales para lograr ponerlo en funcionamiento en todo el país.
Ojalá estos y otros problemas pendientes sean incluidos en la política pública de prevención de la delincuencia juvenil que, por mandato de la reforma aprobada, el gobierno y varias instituciones deben elaborar en un plazo de seis meses. Solo hasta entonces quedarán completos los elementos para saber si el país logrará responder a los nuevos fenómenos de la criminalidad juvenil y si acertó con esta fórmula mixta de garrote y zanahoria para enfrentar a los chicos malos.
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