Tres policías intentaron sacarle la mercadería a Kane Serigne Dame. El senegalés quiso salir corriendo. Lo tiraron contra una vidriera y le pegaron. Le abrieron una herida de unos diez centímetros en el codo y le fracturaron el brazo. Después lo rodeó la infantería. Kanu intentaba defenderse. Los policías le pegaron con los escudos, lo tiraron al piso y lo arrastraron. Después de la paliza se lo llevaron detenido: le abrieron una causa por resistencia a la autoridad.
Según un informe del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, entre marzo y diciembre de 2018 se registraron 623 casos de violencia institucional. Las víctimas tienen un claro perfil definido: migrantes senegaleses, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales.
“La mayoría de las detenciones son contra personas que realizan tareas de subsistencia en el espacio público”, explicó a Cosecha Roja Luis Duacastella, defensor adjunto de la Ciudad. Según el informe, de los 623 casos, casi un 25 por ciento tuvo como víctimas a vendedores ambulantes y un 16 por ciento a personas que ejercían el trabajo sexual. Un 8,51 por ciento eran personas en situación de calle.
De las 623 personas que fueron víctimas de violencia policial, a 523 les armaron una causa penal. El 80 por ciento, por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. “El control del espacio público se hace mediante la desviación de poder”, explicó Duacastella. Detrás de esa supuesta resistencia contra la policía en realidad “hay una razón encubierta”: expulsar a esas personas de la vía pública y disciplinar a los demás.
En general la rutina se repite. Los agentes de Espacio Público y la Policía persiguen a vendedoras ambulantes y trabajadoras sexuales por uso indebido del espacio público. Lxs maltratan, les pegan y lxs detienen por resistencia o atentado a la autoridad. Lo que debería ser una simple contravención -una multa o el decomiso de la mercadería- se convierte en un delito penal. La mayoría de las causas no prospera: cuatro de cada cinco son archivadas por los fiscales la primera resolución.
En general, los casos de violencia policial se mantuvieron estables a lo largo de todo el 2018. Con dos excepciones. En julio disminuyó notablemente. Ese mes se puso en marcha reorganización de la Policía de la Ciudad: de las 54 comisarías seccionales se pasó a 15 comisarías comunales y tres o cuatro comisarías vecinales por cada comuna. También se incorporaron ocho alcaidías y quedaron definitivamente clausurados los calabozos en comisarías. “Ese mes los policías no dejaron de perseguir el delito”, dijo Duacastella. Pero la nueva organización, con nuevas tareas y cambios en las jurisdicciones hizo que bajar el hostigamiento a las personas que trabajan en la calle.
La otra excepción es el mes de noviembre. El 24 de noviembre River y Boca debían enfrentarse en la vuelta de la final de la Libertadores en el Monumental. La lluvia de piedras sobre el micro con los jugadores xeneixes en Monroe y Libertador desembocó en la suspensión del partido. Esa tarde la Policía detuvo a 35 personas que fueron liberadas al mediodía siguiente. La fiscalía desistió la acusación. Por la hora y el lugar en el que fueron capturadas quedaba claro que no tuvieron ninguna relación con el ataque al micro.
“Son todas detenciones al voleo”, explicó Duacastella. Algo similar pasó durante en octubre de 2018, durante la manifestación contra la aprobación del Presupuesto. Esa tarde la los grupos motorizados de la Policía de la Ciudad salieron de cacería en los alrededores del Congreso y llegaron hasta Constitución. Lanzaron gases, dispararon balas de goma y detuvieron 26 personas, todas al azar. Entre ellos estaban un ciudadano turco, dos venezolanos y un paraguayo. Al día siguiente el gobierno anunció que iban a iniciar el trámite para expulsaron del país. La causa judicial se cayó y las acusaciones fueron desestimadas. Cuando a la Policía la situación se le va de las manos aumentan las detenciones arbitrarias.
