El Estado se olvidó de ellos. Era la década del 2000, las Farc y los paramilitares hacían de las suyas donde la autoridad era la ilegalidad. En Vistahermosa (Meta), el frente 27 de la guerrilla arreglaba carreteras, solucionaba disputas de linderos y amarraba a los árboles a los maridos violentos. En San Onofre (Sucre), el mando lo tenía el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde las 10 PM regía el toque de queda, nadie podía tatuarse y las niñas eran obligadas a tener relaciones sexuales desde los 12 años. Pero en algo coincidían ambos grupos: ser LGBT era una sospecha y había que aniquilarla.
El control social abarcó la sexualidad y los cuerpos. Gais, lesbianas, bisexuales y trans fueron asesinados o se convirtieron en blanco de burla por razón de su orientación sexual o identidad de género. Se impusieron las “limpiezas sociales” para excluirlos, matarlos, desplazarlos o violarlos. Esta es la principal conclusión del informe “Vivir bajo sospecha”, que lanza hoy Colombia Diversa y relata cómo el conflicto armado impactó de manera diferencial a la población LGBT, que registra 1.818 miembros en el listado de víctimas. El análisis se centra en San Onofre y Vistahermosa.
Los bufones del ring
Los paramilitares prohibían en el municipio sucreño que los hombres adoptaran expresiones consideradas femeninas. Tenían que lucir como varones: cabellos cortos y sin aretes. Y aunque no les exigieron a los LGBT abandonar la zona, sí les arrebataron su dignidad.
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso e integrante del Frente Golfo de Morrosquillo, obligó a varios gais y una mujer trans a pelear en un ring de boxeo. Era el Día de las Madres: 11 de mayo de 2003. Fueron usados como bufones en una fiesta por el cumpleaños del comandante alias Cadena, en una finca del corregimiento Alto de Julio. Ahí estaban como parte del espectáculo junto al licor, la comida y la música.
La pelea se dio frente a políticos y funcionarios públicos de la región y en un ring y con guantes donados por el mismo Instituto Municipal de Deporte de San Onofre (Imdes). “No hubo mucha violencia” y los golpes se lanzaban con precaución, porque los humillados eran amigos y habían pactado antes no hacerse daño. Pero el público pedía más, quería una pelea más fuerte. El enfrentamiento entre Adrián y Pedro fue el que más rechiflas produjo, “pues eran los mejores amigos y no quisieron pegarse. Dieron vueltas sin tocarse”, cuenta uno de los testigos.
Uno de los hombres gais convocados al vergonzoso evento se negó a asistir. Tuvo que salir del clóset en su familia y su mamá lo ayudó a huir. “¿Qué más escondía si los ‘paras’ me habían descubierto?”, recordó la víctima. Por esto, los paramilitares hostigaron a sus seres queridos y los obligaron a “pagar esta deuda” entregando una ternera y una caja de ron para la fiesta.
El estigma del VIH
A más de mil kilómetros de ahí, en Vistahermosa, el VIH fue el pretexto para perseguir y desterrar a los LGBT en 2001. Un día, la hermana de Verónica la despertó angustiada. ¿Te metiste en problemas?, le preguntó a la peluquera. Las paredes y puertas de su casa amanecieron pintadas con un mensaje: “Verónica tiene sida”. Después llegó alias Pitufo y la obligó junto a su amiga Jenny, mujer trans, a que escribiera un listado de nombres de personas LGBT y de quienes tenían sexo con ellas.
Desde entonces, la guerrilla ordenó que se practicaran pruebas de VIH a quienes figuraban en la lista y a hombres y mujeres mayores de 14 años que habitaran el municipio y sus veredas. La tarea quedó en cabeza del Hospital San Juan Bosco. A cada persona que se realizaba el examen le entregaban un carné para demostrar el cumplimiento del mandato guerrillero.
El documento de Colombia Diversa dice que si bien estas se tomaron, en principio, “sin hacer distinciones por orientación sexual o identidad de género, en la práctica hubo una afectación desproporcionada contra la población de lesbianas, gay, bisexuales y trans”. Verónica y Jenny se vieron obligadas a salir del pueblo.
Los subversivos anunciaron la medida en los parques principales y canchas deportivas. Desde ahí se referían a las “maricas” como sujetos indeseables, al igual que los drogadictos y trabajadoras sexuales. Consideraban que la comunidad LGBT era impura y que transmitía enfermedades. El que decía abiertamente que era gay o lesbiana, tenía 24 horas para abandonar su hogar.
De los 25.000 exámenes practicados, unos 250 salieron positivos. Aunque el centro médico intentó contactar a estos pacientes para informarles el resultado, solo se lograron ubicar a 20. El miedo a ser expuestos y asesinados pudo haber incidido para que no hubiesen podido iniciar su tratamiento.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en 366 casos reportados por LGBT el agresor es paramilitar y en 287 es un grupo guerrillero. Con la instalación de la Jurisdicción para la Paz, en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc, se espera que estos crímenes tengan verdad. Que los actores del conflicto miren a sus víctimas y les cuenten por qué lo hicieron, por qué los acribillaron, por qué no los dejaron ser.
*Este artículo se realizó en el marco de la Beca Cosecha Roja. También fue publicado en El Espectador
**La fotografía es de Tania Blando y Aldo Hollman. Forma parte de la beca de investigación y producción de proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: memorias de guerra, resistencia y dignidad-2016 (Centro Nacional de Memoria Histórica y Ministerio de Cultura).
