“Solo quiero salir de todo esto”, repite a IPS entre frecuentes suspiros la joven mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupart, que desde diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador.
Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México.
La tarde del 9 de diciembre, iba a reunirse con su novia cuando fue interceptada por dos hombres en la calle, que la raptaron, amenazándola con una navaja, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un hotel, según la versión que ella ha defendido durante el proceso.
Según su testimonio, los dos hombres la golpearon. Uno de ellos, Miguel Ángel Anaya, de 37 años y 90 kilos, la violó, mientras su hermano, Luis Omar Anaya, salía a fumar. La joven se defendió e hirió a su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su moto.
Ella también salió corriendo del hotel y pidió ayuda a unos policías. Sangrando y semidesnuda llegó a una oficina del Ministerio Público (fiscalía), a tres cuadras del lugar.
Mientras esperaba que la atendieran varias heridas, una de ellas de 14 centímetros en un brazo, llegó su segundo agresor y la acusó de asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición de lesbiana desmonta, según su defensa.
Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas, acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60 años.
Tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de “legítima defensa con exceso de violencia”, asignó una fianza, que a la familia le costó mucho reunir, del equivalente a 10.000 dólares y le permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el tribunal.
Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas que han recibido ella y familia. Sólo sale acompañada de sus padres.
“Pasó de una cárcel a la otra”, dijo Marina Beltrán, su madre de crianza desde que tenía seis meses, presente durante la entrevista con IPS.
Luis Omar Anaya negó haber participado en el rapto y según su versión, aseguró que estaba en su casa, a poca distancia del hotel, cuando su hermano llegó moribundo.
Además, el lunes 23 solicitó ante un juez federal que se revoque la libertad condicional, en un amparo sobre el que hay que decidir en un plazo de 90 días. IPS intentó sin éxito dialogar con el abogado de Anaya.
Todo el proceso ha puesto en evidencia una red de protección judicial sobre los hermanos Anaya, que incluye la fabricación posterior de pruebas en contra de la joven.
Por lo menos, el caso ha mostrado todas las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación.
Cada año, se denuncian 15.000 violaciones en México, pero solo 2.000 llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por el parlamento y el gobierno con ONU Mujeres.
La situación real es peor porque solo entre 12 y 15 por ciento de las niñas o mujeres violadas lo denuncian, según el reporte que presentó Amnistía Internacional en julio de 2012 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
“Amnistía Internacional no tiene conocimiento de la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose”, asegura.
En el caso de Yakiri, los funcionarios del Ministerio Público tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y pasar el expediente a una fiscalía especializada en género.
Tampoco fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.
La Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde 2005, estipula que en caso de violación, “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán (…) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia” y están obligadas a “prestar servicios de aborto médico”.
Otro elemento machista, explica a IPS la abogada defensora Ana Katiria Suárez Castro, quien atiende gratuitamente el caso de Yakiri. Aseguró que la clasificación de “exceso de violencia” en la legitima defensa se usa mayoritariamente contra mujeres violadas.
El principal antecedente de este caso ocurrió en febrero de 1996, en el Estado de México, por el que se expande la metrópoli capitalina, cuando al salir de una fiesta, una joven disparó y mató al novio de una amiga que pretendía violarla.
Un juez consideró entonces que, como la sangre de él estaba saturada de alcohol y la de ella no, el agresor no era consciente de sus acciones, mientras que la joven sí pudo haber evitado las suyas.
“¡El exceso de violencia en la legítima defensa es absurdo! ¿Cómo te puedes defender poquito?”, exclama la madre de Yakiri.
El matiz es determinante. Si el juez no hubiera establecido el exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de 28.000 dólares para “reparar el daño”.
En contraparte, la denuncia por la violación está bloqueada porque, para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales no han considerado la reparación del daño, ni la participación del segundo agresor.
Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y recuperar sus vidas.
Durante este tiempo sus padres abandonaron sus trabajos y sus hermanos dejaron la escuela. La familia recibe acompañamiento psicológico. Ella ha tenido que acostumbrarse a tratar con periodistas.
“Al principio fue horrible, me ponía a llorar, porque cada vez que tengo que contar lo que pasó es como volver a vivirlo. Ya no lloro. Solo quiero que esto se acabe”, dice.
También quisiera volver a estudiar. “Siempre me gustó más trabajar. Pero ahora desearía aprender de leyes para ayudar a otras mujeres que pasan lo mismo que yo y no tienen a una abogada como la mía”, dijo esbozando, por fin, una débil sonrisa.
El país del feminicidio
En México, con 118 millones de habitantes, cada día se producen 6,4 asesinatos de mujeres. De ellos, la mitad son feminicidios, al ser motivados por sexismo o misoginia. El término surgió, precisamente, a raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, en 1993.
En ese estado, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial.
Pero el problema se expandió. Solo entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento, indica el informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”.
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