El maquinista Sergio Movilio vio un bulto y tocó la bocina. El “Rusito” Cristian Pérez, de 18 años, estaba inmóvil sobre las vías del tren Roca, a la altura de City Bell. Eran las 8.10 de la mañana del 14 de octubre de 2002. Movilio activó los frenos de emergencia pero fue imposible detener esa mole de hierros que destrozó el cuerpo del Rusito.
El informe policial dijo que fue un suicidio. Durante cinco años el Poder Judicial avaló la versión de la Bonaerense y la causa estuvo paralizada. Pero un dato permitió dar vuelta la investigación: una persona le contó a la abuela del chico que había visto cuando lo sacaban moribundo de la comisaría 10ma de City Bell, en las afueras de La Plata.
Dieciséis años después, la causa por la muerte del Rusito llegó a juicio. Siete policías están acusados de matarlo y de montar una escena de suicidio. David Alejandro Koenig, Juan Alejandro Pavela, Rubén Eduardo Lago y Juan Marcos Condoleo están acusados por homicidio doblemente agravado. Pedro Oscar Djurasek, Jorge Alberto Luna y Miguel Ángel Álvarez, por encubrimiento agravado.
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La última vez que vieron al Rusito con vida fue en la comisaría 10a de City Bell. Lo había llevado un grupo de personas que había querido lincharlo por atropellar con el auto a dos chicos que andaban en bici. A las 5.50 de la madrugada lo trasladaron al Cuerpo Médico Forense, donde constataron que tenía lesiones leves. En el expediente hay un acta de la extracción de sangre, supuestamente firmada por Cristian. El chico fue trasladado de nuevo a la comisaría. Alejandro Pavela, el policía que lo interrogó, era el hermano de uno de los chicos a los que el Rusito había atropellado.
Según el libro de Guardia a las 6.20 el joven quedó en libertad.
Los policías dijeron que recibieron un llamado: una persona había sido atropellada en las vías del tren. El levantamiento del cadáver estuvo a cargo de los agentes de la comisaría donde había estado detenido el joven. En el informe anotaron: “suicidio”.
Los padres del chico fueron informados de la muerte de su hijo antes de que fuera identificado: ¿cómo sabían los policías que ese cuerpo irreconocible era el del Rusito?
El primer fiscal del caso, Leandro Heredia, delegó la investigación en los agentes de la Comisaría 10a. La autopsia se realizó en la morgue de la Policía: el médico concluyó que todas las lesiones vitales habían sido provocadas por la “astricción” ferroviaria.
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La investigación judicial acumuló una serie de irregularidades. Las pericias caligráficas demostraron que el libro de guardia -en el que constaba que el Rusito había sido liberado- y la firma del joven en el acta de extracción de sangre habían sido falsificados. Un médico legista que participó de la autopsia rechazó el informe pero su testimonio no fue incorporado al expediente. Tampoco se incluyó la declaración del maquinista, quien dijo que el Rusito estaba “inmóvil” sobre las vías. Las ropas de Cristian y las muestras de ADN de pelos que habían encontrado entre los dedos del joven desaparecieron.
Durante cinco años la causa reflejó la versión policial. En 2007 la abuela de Cristian se puso en contacto con el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ): alguien le había contado que al Rusito lo habían sacado moribundo de la comisaría.
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Heredia, el primer fiscal de la causa fue destituido en octubre pasado por irregularidades en más de 50 causas. El segundo fiscal, Tomás Morán, hoy está detenido acusados de integrar una banda criminal que incluía funcionarios judiciales y policías bonaerenses.
Con el impulso del CIAJ quedó demostrado que los policías torturaron al Rusito en la comisaría y lo dejaron inconsciente. Lo cargaron en un patrullero y entre cuatro lo llevaron hasta las vías del tren. Ahí armaron una escena para simular un suicidio.
Cuando el nuevo fiscal, Marcelo Martini, pidió las detenciones de los cuatro acusados de homicidio, el juez de Garantías de la causa, César Melazo, hizo lugar al pedido de procesamiento pero rechazó la detención de David Alejandro Koenig, el policía de mayor rango. Hoy Melazo está detenido en la misma causa que el ex fiscal Morán, acusado de ser el líder de la banda.
“A partir de esas detenciones y revelaciones entendemos por qué nos costó tanto llegar al juicio”, dijo la abogada del CIAJ Sofía Caravelos al portal Perycia. “En algún momento pensamos que era ineficacia judicial y ahora lo entendemos en otros términos. Ahora nos damos cuenta de que esto es una gran organización, una red mafiosa que necesita de cada uno de sus engranajes, en este caso el engranaje judicial, para poder actuar”, agregó.
La resolución de Melazo le permitió a Koenig seguir libre y en funciones: hoy es subcomisario en la comisaría 1a. Todos los demás acusados llegan a juicio detenidos.
