Animal Político.-El Estado mexicano y sus instituciones formales tienen que mostrar apertura a reconocer procesos ciudadanos importantes como los de las policías comunitarias, aseveró Pablo Reyna Esteves, asistente del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana.
En un comunicado de esta casa de estudios el analista consideró que 12 por ciento de la población de México es indígena y México es un país con territorios donde las comunidades indígenas ejercen decisiones, algunas de facto y otras en vinculación con los “gobiernos formales”.
Agregó que el Estado debiera ampliar sus estructuras, reconocer y permitir el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que órganos como las policías comunitarias formen parte de sus instituciones.
La propuesta del experto se da en el contexto de lo acontecido los últimos días en el estado de Guerrero, que ha vuelto un tema de opinión pública el de policías comunitarias.
Sin embargo, dijo, estos grupos tienen por lo menos 17 años de existencia en las zonas de la Costa Chica y Montaña guerrerense, tiempo en el que se han constituido como organizaciones en prácticamente 80 comunidades.
Reyna Esteves recordó que ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad y justicia en su región, las comunidades organizaron su propia policía para enfrentar a la delincuencia común, organizada y a algunos elementos de corporaciones de seguridad municipales y estatales coludidos con criminales.
Aclaró que si bien están armadas y hacen retenes en las carreteras, las policías comunitarias no tienen por móvil las luchas independentistas, sino velar por la autonomía de pueblos indígenas, sus instituciones de gobierno, justicia, gestión territorial, salud y educación.
De esta manera ejercen sus derechos colectivos como pueblos indígenas donde las asambleas comunitarias “son un poder político del pueblo y su soberanía”; un proceso legítimo de autodefensa, aseguró.
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