Las circunstancias de la vida me llevaron a firmar un hábeas corpus colectivo en favor de un grupo indeterminado de personas del Departamento Judicial Necochea (integrado por Necochea, Lobería y San Cayetano) compuesto por personas jóvenes, cuyo promedio de edad oscila en los 25 años y que resultan ser usuarios de sustancias estupefacientes (particularmente marihuana), y que de acuerdo a datos estadísticos, que no vienen al caso mencionar aquí, son objeto de permanente intercepciones en la vía pública, el secuestro de escasísimas cantidades de la sustancia y la formación de una causa penal que invariablemente termina en el archivo.
Lo inusual del caso es que firmé ese hábeas corpus no en mi condición de juez, sino como ciudadano, invocando la representación de ese colectivo indeterminado de personas, a mi juicio indebidamente hostigado.
Lo cierto es que luego de una serie de diligencias que tampoco vienen al caso mencionar, el viernes 27 de septiembre llegamos a la instancia de una suerte de audiencia de conciliación que establece la ley, donde nos encontramos con los jefes policiales y sus abogadas, la fiscalía y la defensoría. Y, en mi caso, sentado “del otro lado del mostrador”, con otro juez frente mío, ubicado ahora en este olvidado rol de abogado litigante.
Confieso que si bien me encontraba tranquilo, tener que desempeñarme como litigante me generaba una cierta inquietud, ya que hace exactamente 21 años que trabajo como juez penal. Cuando se me cedió el uso de la palabra pude exponer los hechos en forma adecuada y después se cedió la palabra al resto de los intervinientes.
Sentado en este nuevo banquillo observaba con cierta preocupación la forma en que la litigación se desviaba a aspectos meramente formales, leguleyos diría (si me encontraba habilitado a plantear el hábeas corpus, si podía discutirse desde el Poder Judicial las políticas públicas del Poder Ejecutivo, que no había concurrido ninguna de las personas que se decían víctimas), pero sin hablar, de modo franco y sincero, sobre los motivos debidamente documentados que habían originado el pleito, y que era el propósito inicial de la demanda.
Tuvieron que ocurrir hechos inesperados para que los acontecimientos tomaran otro curso.
El primer hecho inesperado fue que el jefe de la División Drogas Ilícitas pidiera la palabra, lo que visiblemente generó la sorpresa de las abogadas de la Policía, que virtualmente lo frenaron para pedir un cuarto intermedio.
En ese interín ocurre otro hecho inesperado: el Jefe de Policía Departamental (la máxima autoridad policial del Departamento Judicial) levanta la mano y sin pedir autorización se pone a hablar para decir que la Policía estaba dispuesta a revisar sus actos ya que su objetivo principal era servir a la comunidad de la mejor manera posible.
Mi asombro y perplejidad era absoluto. Luego de un breve conciliábulo con las amigas y amigos que me acompañaban, tomo la decisión de pararme, dirigirme al banquillo de las abogadas de la Policía y preguntarles si estaban dispuestas a tener una reunión privada, fuera de la audiencia pública, para conversar sobre el tema. La respuesta fue inmediata y afirmativa, por lo que pedimos un cuarto intermedio en la audiencia para llevar a cabo esa reunión, lo que fue inmediatamente autorizado por el juez.
Me acerqué al Jefe de Policía Departamental para saludarlo, agradecerle sus palabras y decirle que no soy el enemigo de la Policía, sino más bien todo lo contrario. El Jefe me respondió diciéndome que lo sabía y que no tenía ningún inconveniente que conversáramos sobre el desempeño policial.
Y aquí comienza lo que en realidad me interesa expresar en esta columna, relacionado con el desempeño abogadil y nuestras contribuciones u obstáculos a la resolución de los conflictos. Cuestión que se vincula con otra columna que escribí en esta misma querida revista hace tiempo atrás, titulada: “Amo la abogacía, pero odio a los abogados”.
Desarmada la audiencia y apagados los micrófonos pusimos los pupitres juntos y nos sentamos como si se tratara de una mesa redonda. Y a partir de ese momento fue como si fuéramos personas distintas. Los que hasta hace cinco minutos antes nos doctoreábamos e invocábamos doctrina y jurisprudencia, recordando la ley aplicable, nos sacamos el ropaje de abogadas y abogados y comenzamos a hablar como personas normales.
Preparamos unos mates, bromeamos un poco y comenzamos a ver que en realidad no eran tantas las cosas que nos separaban y que podíamos trabajar juntos en un objetivo común, sin perder de vista que lo realmente importante es la sociedad que afuera espera que aportemos soluciones a sus problemas.
Pudimos bajar las armas, escucharnos, balancear los pro y los contra, tratar de buscar soluciones que no implicasen colocar al adversario de rodillas y comprender que era enteramente mejor arribar a una solución que medianamente nos representara a todos y que aceptáramos como el producto del consenso, sin necesidad de vencedores ni vencidos, que siempre deja heridos en el camino.
Mi fugaz rol de abogado litigante me dejó pensando. Cuántas veces quedamos atrapados en nuestros discursos, incapaces de ver que pueden existir otras soluciones que no sean nuestra empecinada verdad. Cuántas veces quedamos presos de nuestros profundos prejuicios, que nos impiden imaginar diálogos adultos con quienes hasta ayer creíamos nuestros acérrimos enemigos y en realidad se trataba de personas con enfoques diferentes de la realidad.
Y también pienso en las oportunidades que podemos haber perdido “las y los reformadores”, los que trabajamos para impulsar cambios, y que no nos permitimos otras estrategias de transformación que no sean nuestras altisonantes convicciones.
En medio de estas cavilaciones, nuevamente el rol de la abogacía, encargados de mediar en los conflictos y lo que hacemos, hacemos mal o dejamos de hacer para contribuir a la convivencia y la paz social. Aspectos de los que no tendríamos que desentendernos.
