En los últimos días, además de la reforma de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el gobierno argentino volvió a poner sobre la mesa el proyecto de hacer lo que suele llamarse “un registro de violadores”. La ley tiene cuatro años -se sancionó luego del crimen de Ángeles Rawson- y la reglamentación podría conocerse en los próximos días. Aquí, presentamos la síntesis de una investigación de dos años de Human Rights Watch sobre los registros de violadores en Estados Unidos. El original está publicado aquí.
Las leyes dirigidas a personas condenadas por delitos sexuales no pueden proteger a los niños de crímenes sexuales, pero sí conducen a acoso, ostracismo e incluso violencia contra antiguos delincuentes, afirma Human Rights Watch en una investigación sobre delincuentes sexuales en Estados Unidos. En el trabajo, el organismo insta a la reforma de las leyes estatales y federales de registro y notificación a la comunidad, y la eliminación de las restricciones de residencia, porque violan los derechos básicos de los ex infractores.
El informe de 146 páginas, “No hay respuestas fáciles: leyes sobre delincuentes sexuales en los Estados Unidos”, es el primer estudio exhaustivo de las políticas de los delincuentes sexuales de los Estados Unidos, su impacto en la seguridad pública y el efecto que tienen sobre los ex infractores y sus familias. Durante dos años, los investigadores de Human Rights Watch realizaron más de 200 entrevistas con víctimas de violencia sexual y sus familiares, ex delincuentes, agentes de la ley y funcionarios gubernamentales, proveedores de tratamiento, investigadores y defensores de la seguridad infantil.
“Human Rights Watch comparte el objetivo del público de proteger a los niños de los abusos sexuales”, dijo Jamie Fellner, director del programa estadounidense. “Pero las leyes actuales están mal concebidas y mal hechas. Proteger a los niños requiere un enfoque más pensativo y comprensivo de lo que los políticos han estado dispuestos a apoyar “.
En muchos estados, el registro cubre a todos los condenados por un delito sexual, que puede ir desde la violación infantil hasta el sexo adolescente consensual, e independientemente de su posible amenaza futura para los niños. El acceso irrestricto del público a los registros en línea de delincuentes sexuales sin restricciones de “necesidad de saber” expone a los ex infractores al riesgo de que las personas actúen sobre esta información de manera irresponsable e incluso ilegal. Hay poca evidencia de que esta forma de notificación a la comunidad evite la violencia sexual. Las restricciones de residencia expulsan a los ex infractores de ciudades y pueblos enteros, forzándolos a vivir lejos de hogares, familias, empleos y tratamientos, e impidiendo la supervisión de la aplicación de la ley. Las restricciones de residencia son contraproducentes para la seguridad pública y perjudiciales para los ex infractores.
Las leyes sobre delincuentes sexuales reflejan la preocupación pública de que los niños están en grave riesgo de abuso sexual por parte de reincidente. Sin embargo, como se señala en el informe, los riesgos reales que enfrentan los niños son muy diferentes: las estadísticas gubernamentales indican que la mayoría de los abusos sexuales contra niños son cometidos por miembros de la familia o figuras de autoridad de confianza y por alguien que no ha sido condenado previamente por un delito sexual.
Además, las leyes reflejan la creencia ampliamente compartida pero errónea de que “una vez un delincuente sexual, siempre un delincuente sexual”. Estudios autorizados indican que tres de cada cuatro delincuentes adultos no reinciden. Además, el tratamiento puede ser eficaz incluso para las personas que han cometido graves delitos sexuales.
“Los políticos no hicieron su tarea antes de promulgar estas leyes de delincuentes sexuales”, dijo Sarah Tofte, investigadora del programa estadounidense en Human Rights Watch. “En cambio, han perpetuado mitos sobre los delincuentes sexuales y no han podido lidiar con las complejas realidades de la violencia sexual contra los niños”.
Políticas de registro
La ley federal y las leyes de los 50 estados ahora requieren que adultos y algunos jóvenes condenados por una amplia gama de crímenes que involucran conducta sexual registren sus direcciones y otra información con las agencias de aplicación de la ley. Debido a que los requisitos son demasiado amplios y duraderos, hay más de 600.000 delincuentes sexuales registrados en los Estados Unidos, incluyendo individuos condenados por delitos no violentos como el sexo consensual entre adolescentes, la prostitución y la orina pública. Algunos de ellos cometieron sus únicas ofensas hace décadas.
“El público cree que todo el mundo en un registro de delincuentes sexuales es peligroso”, dijo Fellner. “Pero ¿qué sentido tiene exigir la inscripción de un adolescente que se expuso como una broma de la escuela secundaria o incluso por alguien que molestó a un niño hace 30 años?”
La mayoría de los estados no hacen evaluaciones de riesgo individualizadas antes de requerir el registro. Tampoco ofrecen a los antiguos delincuentes una manera de salir del registro tras una demostración de rehabilitación o años de comportamiento legal.
Human Rights Watch encontró que hay escasa justificación para registrar a los delincuentes juveniles, incluso aquellos que han cometido delitos graves. La mayoría es probable que superen este comportamiento, sobre todo si se les da tratamiento. Las tasas de reincidencia para los delincuentes juveniles son extremadamente bajas, y pocos delincuentes adultos cometieron delitos sexuales como jóvenes.
En “No hay respuestas fáciles”, Human Rights Watch recomienda que los requisitos de registro se limiten a las personas evaluadas que representan un riesgo real de cometer otro delito sexual grave.
Registros en línea
Debido a las leyes de notificación de la comunidad, todos los estados tienen ahora registros de delincuentes sexuales en línea accesibles al público que proporcionan antecedentes penales, fotografía, dirección actual y otras veces otra información como números de matrícula.
Las leyes no limitan el acceso a los registros en línea: cualquier persona con acceso a Internet puede averiguar quién está registrado en cualquier parte del país. Las consecuencias para los solicitantes de registro son devastadoras. Su privacidad está destrozada. Muchos no pueden obtener o mantener puestos de trabajo o encontrar viviendas asequibles. Los niños de los registrantes han sido acosados en la escuela. Los cónyuges de los inscritos también se han visto obligados a abandonar sus trabajos.
Los antiguos delincuentes incluidos en los registros en línea han sido acosados en sus hogares: ls tiran piedras a sus ventanas y dejan heces en sus puertas. Han sido golpeados, quemados, apuñalados, y sus casas incendiadas. Al menos cuatro personas fueron atacadas y asesinadas por desconocidos que encontraron sus nombres y direcciones a través de registros en línea. Otros solicitantes de registro fueron conducidos al suicidio.
Human Rights Watch reconoce el deseo de los padres de saber si los delincuentes peligrosos viven al lado. Sin embargo, una notificación cuidadosamente adaptada a la comunidad, proporcionada directamente por los agentes del orden público, les proporcionaría la información que deseaban y al mismo tiempo minimizaría el daño causado a los ex infractores.
Restricciones de residencia
Un número creciente de estados y municipalidades también han prohibido a los delincuentes registrados vivir dentro de una distancia designada (típicamente 500 a 2.500 pies) de lugares donde los niños se reúnen, como escuelas, patios de recreo y guarderías. Muchas de estas restricciones se aplican incluso a los delincuentes que no fueron condenados por abusar de los niños.
Con respecto a los delincuentes que victimizaron a los niños, los datos disponibles sugieren que prohibirles vivir cerca de cualquier lugar donde los niños se reúnen no reduce la probabilidad de que reincidan.
Muchos funcionarios encargados de la aplicación de la ley y proveedores de tratamiento para delincuentes sexuales hacen hincapié en la importancia de la estabilidad y el apoyo para reducir la reincidencia. Dicen que las restricciones de residencia son contraproducentes porque aislan y empujan hacia abajo a las personas que pueden necesitar contacto familiar, tratamiento y supervisión. Las leyes de libertad condicional y de libertad condicional existentes permiten que se apliquen restricciones y condiciones individualizadas a los ex infractores cuando sea apropiado.
Human Rights Watch concluye que las leyes de restricción de residencia deben ser eliminadas.
“Las restricciones de residencia no resuelven nada”, dijo Tofte. “Simplemente hacen casi imposible que los antiguos delincuentes repongan sus vidas”.
El informe de Human Rights Watch incluye varios casos de personas cuyas vidas fueron significativamente perjudicadas por las restricciones. Una mujer, que como estudiante de secundaria tuvo sexo oral con otra adolescente, tuvo que dejar su casa porque está cerca de una guardería. Un entrenador de softbol, que hace seis años agarró las nalgas de un miembro del equipo de 12 años de edad, no puede vivir con su esposa y su familia porque su hogar se encuentra dentro de una zona restringida.
La Ley de Adam Walsh
La Ley federal Adam Walsh, aprobada en 2006, exacerbará los problemas con las leyes estatales sobre delincuentes sexuales. Obliga a los estados a aumentar drásticamente el alcance y la duración de las restricciones de registro y de notificación a la comunidad -incluyendo el requerimiento de que los estados inscriban jóvenes de 14 años- o pierdan algún dinero de la subvención de la ley federal. El cumplimiento de la Ley Adam Walsh impedirá que los estados adopten políticas de registro y notificación comunitaria más cuidadosamente calibradas y rentables. Al menos algunos estados están debatiendo si los costos de cumplir con la ley superan los beneficios. Human Rights Watch insta a la reforma de la Ley Adam Walsh.
Recomendaciones
En “No hay respuestas fáciles”, Human Rights Watch hace una serie de recomendaciones a los gobiernos estatales:
· Se niegan a cambiar las leyes de registro y notificación de la comunidad para cumplir con los requisitos de Adam Walsh;
· Eliminar las leyes de restricción de residencia;
· Limitar los requisitos de registro a las personas que han sido condenadas por delitos graves y que han sido evaluadas individualmente por representar un riesgo significativo de reincidencia;
· Impedir la difusión ilimitada de la información del registro mediante la eliminación de los registros en línea accesibles al público. La notificación a la comunidad debe ser realizada únicamente por agentes de la ley y sólo por aquellos registrantes que representan un riesgo significativo de reincidencia.
“Todos tienen derecho a vivir libres de violencia sexual”, dijo Tofte. “Los Estados deben elaborar leyes que protejan este derecho de una manera justa y razonable”.
0 Comments on "Sin respuestas fáciles: un estudio sobre el registro de violadores"