La noche del 3 de abril, unas horas antes de la movilización sindical y de movimientos sociales en La Plata, la Policía Bonaerense detuvo en su casa a los choferes de la línea de colectivos Este de La Plata Pablo Varriano, Emanuel Lázaro y Sebastián Mac Dougall. Dos días después, Carlos Luciano Fiocchi quedó preso cuando se presentó en la Fiscalía. Los cuatro choferes llevan 20 días detenidos por participar de una protesta contra el despido injustificado y las sanciones a compañeros.
La fiscal Virginia Bravo acusa a los choferes por los delitos de “coacción agravada” y daños, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión. “Los chicos nunca pisaron una comisaría, son laburantes”, dijo durante una conferencia de prensa Lorena, la esposa de Fiocchi. El lunes 29 de abril los trabajadores tendrán una audiencia en la que la defensa podrá exponer argumentos para pedir la libertad de los acusados. Después el juez Pablo Raele definirá si les dicta la prisión preventiva u ordena la libertad, explicó a Cosecha Roja el abogado Rolando Sberna, defensor de tres de los detenidos.
El conflicto en la Línea Este de La Plata comenzó en 2016. Los trabajadores exigían al gobierno que garantice la elección de delegados, un viejo reclamo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) les venía negando hacía años. La representación sindical sigue siendo una necesidad: los choferes trabajan turnos dobles de 16 horas (uno pagado en negro) en pésimas condiciones de higiene y seguridad en los lugares de descanso, no tienen baños ni agua en la cabecera de la línea donde descansan, sufren sanciones ilegales ante retrasos o adelantos y les arman causas para justificar despidos.
En septiembre de 2016, cuando los trabajadores se preparaban para la elección de los representantes, la empresa despidió a los cinco trabajadores que funcionaban como delegados de hecho. El conflicto se mantuvo durante todo ese año. Dos veces la Justicia ordenó reincorporar a los trabajadores despedidos. La empresa se negó y continuó aplicando sanciones
El 13 de marzo de 2017, con el apoyo de la CTA y la FETIA, los trabajadores anunciaron una huelga por tiempo indeterminado con retención de tareas en los puestos de trabajo. Incluso custodiaban los colectivos para garantizar que no hubiera daños. Tres días después la justicia ordenó el desalojo de la cabecera de la línea y los trabajadores marcharon hasta la Plaza San Martín, en calle 7 y 50, frente a la Legislatura provincial. Ahí se sumaron organizaciones políticas, gremiales y sociales que cortaron la calle.
La causa se abrió por la denuncia de un chofer de colectivos que ese día no pudo pasar por esa calle por el corte. La fiscal tuvo la causa dormida durante dos años. A principios de abril ordenó la detención de cuatro choferes que habían participado de la protesta.
Los abogados de los detenidos pidieron la excarcelación extraordinaria. Acreditaron que eran trabajadores, padres de familia, que tenían radicación fija, que no tenían antecedentes penales y que no había riesgo de fuga. También acompañaron el pedido con un escrito de la empresa que acompañaba el pedido de libertad y decía que no tenía interés en la causa penal. El juez subrogante Pablo Raele rechazó la excarcelación sin tener en cuenta esos planteos. El único argumento que utilizó para prolongar la prisión preventiva fue la alta expectativa de pena.
El delito de coacción agravada sanciona las amenazas que obligan a otra persona a abandonar el país, su trabajo o lugar de residencia. A los cuatro choferes los acusan de obligar a los conductores de otros colectivos a abandonar su trabajo porque no podían avanzar por el corte. “Esta es una aplicación peligrosa del derecho penal. El delito de coacción agravada exige que el abandono al que la víctima es obligada sea más o menos definitivo y permanente, no apenas transitorio por unas horas”, plantearon desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para la fiscal Bravo y el juez Raele un corte de calles merece la cárcel.
