La violencia machista no se resuelve con más castigos, el feminismo no es punitivismo. Con esa convicción, 15 organizaciones de la sociedad civil se oponen a un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para prohibir la probation en casos de violencia de género.
La iniciativa logró media sanción del Senado de la Nación a fines de abril y la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iba a comenzar a tratarla el martes pasado. Pero la discusión se pospuso a raíz del documento presentado por las asociaciones -entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el colectivo Ni Una Menos- que exigieron abrir el debate.
La probation, o suspensión del proceso a prueba, es una herramienta que se aplica como una alternativa al juicio oral, siempre que se hable de hechos penados con hasta tres años de cárcel y no de delitos más graves como violaciones o femicidios. En lugar del juicio oral, con la probation se activa una serie de medidas que buscan reparar el daño ocasionado a la víctima.
“Si se prohíbe la probation hay un problema porque el juicio no es para reparar un daño, sino para juzgar y, si hay pruebas, condenar a quien es hallado culpable. La reparación no es parte de la condena en caso de lograrla y lo que la probation bien usada permite es poner el foco en la reparación y no tanto en la sanción, es priorizar la atención del conflicto versus el castigo a quien ha infringido la ley”, explicó a Cosecha Roja la abogada Ileana Arduino, integrante del INECIP.
Quienes defienden la reforma sostienen que la probation aporta a la invisibilización de la violencia de género y que, por lo tanto, es “funcional a la tolerancia de un flagelo que es necesario visibilizar como paso previo a su erradicación”. Así lo planteó Norma Durango, senadora del Partido Justicialista de La Pampa e impulsora de la iniciativa.
“Mantener la posibilidad de la probation no significa que todo se resuelva de ese modo, pero prohibirla para todos los casos priva a un montón de víctimas de acceder a otras soluciones y juega con la falacia del juicio porque no hay sistema procesal en el mundo que pueda enjuiciar todo lo que llega denunciado. Esta reforma borra a las víctimas”, dijo Arduino. Y agregó: “No hay que prohibir la probation, sino administrarla y usarla con perspectiva de género, revisar el consentimiento de las víctimas y supervisar las medidas que se apliquen como resultado”.
En términos prácticos, por ejemplo, una probation puede ser una alternativa ante el incumplimiento de deberes de alimentos con la se puede acordar un plan de pagos como reparación e imponer otras medidas de resarcimiento a ese padre que no cumplió con sus obligaciones. Si la reforma prospera, ese varón estaría obligado a ir a juicio aún cuando la madre de sus hijos estuviese de acuerdo con el plan de pagos propuesto. Y ese juicio tampoco sería garantía de que las obligaciones incumplidas se reparen.
El intento de prohibir la probation no es la primera vez en el año que el Congreso busca más punitivismo como respuesta a la violencia machista: después del femicidio de Micaela García, y a pesar del debate instalado por distintas organizaciones, se reformó la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena para limitar las excarcelaciones. Sebastián Wagner, uno de los imputados por el crimen, ya había sido condenado como agresor sexual pero el juez Carlos Rossi le había otorgado la excarcelación.
“El oportunismo punitivista, tanto de la modificación de la Ley de Ejecución de la Pena como de esta reforma, no tiene en cuenta las condiciones en las que la violencia de género existe en nuestra sociedad: al mismo tiempo que el Estado está bien preocupado por reformar el Código Penal y endurecer las penas, no se preocupa por desplegar las políticas públicas necesarias para atender verdaderamente la cuestión”, dijo a Cosecha Roja Florencia Minici, integrante de Ni Una Menos.
El documento presentado el lunes por las organizaciones expone diez razones para no prohibir las suspensiones del proceso a prueba para los casos de violencia machista y aporta propuestas para avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que realmente apunten a su prevención y erradicación. Si bien los legisladores se comprometieron a generar una audiencia pública para que los organismos de derechos humanos y feministas participen del debate, aún no se fijó una fecha.
“Tenemos mucho para decir y aportar porque sabemos que la ley penal llega cuando los hechos ya se dieron, pero no previene ni discute la violencia de género, sino que simplemente tipifica delitos y establece penas. Creemos en la búsqueda de una mutiplicidad de alternativas dentro del sistema penal y las instancias comunitarias”, dijo Minici.
