Por Redacción – Cosecha Roja.-

El acontecer de la violencia en América Latina suele asomar, por las leyes gravitatorias de los discursos políticos y mediáticos, ocultando sus tramas. Para entender mejor las causas y consecuencias de las huelgas que mantuvieron en vilo a dos de los Estados más importantes de Brasil, Cosecha Roja dialogó con Tania Cordeiro –investigadora y docente universitária-, Gino Tapparelli e Andrija Almeida, miembros del Foro de la Lucha contra la Violencia (FCCV), que se ocupan de contener a las familias de las víctimas de muertes violentas.

¿Cuál ha sido el resultado, en términos generales, de la política de seguridad de Dilma Rousseff? ¿Cuáles han sido los cambios respecto a la de Lula?

Hay una continuidad de la política de seguridad pública entre los gobiernos de Lula y Rousseff, y el mayor símbolo de esta conexión es PRONASCI (Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía).

¿Cuál era la relación institucional con la policía hasta antes de los conflictos?

En general, nuestra relación como pueblo con la policía (militar y civil) está marcada por profundas ambigüedades. En Brasil, la seguridad pública generalmente se considera como un “asunto de la policía”. Esa especie de simbiosis entre violencia y la esfera policial se ve como natural, lo que ha provocado una gran distancia entre la seguridad y la política, generando la impresión de que hay cuestiones que son anteriores al mundo de la política, cuestiones domésticas que deben ser tratadas por el aparato policial. Estas condiciones causan un impacto en la manera de apreciar la policía. Históricamente, es un cuerpo con poca formación profesional, poco equipamiento y centrado en la seguridad de bienes y de personas reconocidas como válidas por el orden establecido.

¿Cuáles son las causas estructurales del malestar policial?

A pesar de que el discurso oficial señala esfuerzos por revertir la situación, hay evidencia de altos niveles de precariedad en las condiciones de trabajo a las que se enfrenta la policía, ya sea militar o civil, en las tareas diarias de la seguridad pública, tanto en Bahía como otras unidades de la federación. La baja remuneración se refleja en sus propias condiciones de vida. Sin embargo, sería superficial poner a la policía como víctima. Uno de los aspectos clave es el hecho de que la institución policial no es un cuerpo homogéneo. Hay muchos policías que se han unido a la delincuencia dotándola de condiciones esenciales para su existencia. Este es un problema grave en todo el país.
Sin embargo, es muy importante no confundir la legitimidad de las razones de las fuerzas policiales en sus demandas (que llevaron a la huelga) con los excesos y manipulaciones de algunos dirigentes.

¿Habían existido huelgas anteriores?

En 2001, en Bahía hubo un paro similar de la policía estadual. El entorno era de mucho miedo, inseguridad y se registraron hechos de delincuencia y violencia. Y en 2009, hubo otro movimiento reivindicatorio de las asociaciones de policías militares, especialmente de los pracas, así llamados los miembros de la “Policía jurídica”. Los hechos policiales se anuncian generalmente en los medios de comunicación en crónicas de tono espectacular. Eso provoca una simpatía inmediata entre los productos de los medios y los movimientos huelguistas, especialmente cuando salen del cascarón. Pero esta convergencia tiende a disiparse durante el paso de los días.

¿Por qué tuvieron mayor impacto los últimos conflictos?

Quizás dos factores hayan contribuido a una mayor cobertura en los medios de comunicación: por un lado, la proximidad del carnaval (un evento de gran impacto internacionalizado en lo económico y en lo simbólico, en particular para Salvador); y por otro, la vigencia del Pacto por la Vida, el programa gubernamental lanzado hace menos de un año, considerado como un remedio para los problemas de violencia e inseguridad. En este sentido, el movimiento de la policía contraría la pretensión del Estado de hacer creer al público que el Pacto es capaz de responder a esos problemas.

Muchos analistas hablan por estas horas de que la negociación con la policía debería pasar a ser responsabilidad del gobierno federal. ¿Qué opina?

Esto requiere un cambio legislativo en la estructura político-administrativa. La Constitución de 1988 establece una lista taxativa de posible intervención federal sobre los Estados, entre los cuales está la hipótesis descrita en el Art. 34, III, “poner fin a la grave alteración del orden público”. Sin embargo, esta intervención implica la abolición temporaria de la autonomía de la autoridad federal. Es una medida muy grave desde el punto de vista político.

¿Qué se podría aprender de las huelgas recientes de Bahía y Río?

A partir de la eclosión de estos movimientos de la policía militar, se podría pensar en la lista de demandas de mejores salarios y condiciones laborales en materia de seguridad pública, y por qué no, cuestionar el propio sistema político-administrativo del modelo de organización y prestación de servicios de seguridad en nuestro país.

¿Resulta casual que los dos Estados en donde se desataron las huelgas estén gobernados por hombres del PT?

De los Estados en los que ocurrieron las huelgas, sólo en Bahía gobierna el PT. En los otros estados, Ceará y Río de Janeiro, hay partidos aliados, el PSB y el PMDB. Es posible que en un año electoral esto pueda servir como argumento de campaña. En este sentido es importante tener en cuenta que la inseguridad en tiempos electorales cobra una dimensión política, con las denuncias de opositores sobre la expansión de la criminalidad. El paro de la policía de Salvador, tuvo en cuenta aspectos como esos, porque se inicia en la víspera del carnaval, un momento en que la ciudad se ofrece como un lugar de alegría y de felicidad con la seguridad garantizada. La Copa del Mundo es otro aspecto que pone a la violencia como una preocupación política. Esta agenda está generando compromisos y garantías que deben ser demostrados por adelantado y, por supuesto, la seguridad es uno de los ítems a observar.

En Bahía se habló de 146 muertes en los nueve días de huelga. ¿Trascendieron sus identidades?

Se sabe que la falta de patrullaje en las calles, asociado a otros factores, más allá del impacto en la sensación de seguridad en la población, produce efectos sobre las tasas de criminalidad. Sin embargo, es importante observar que las muertes violentas registradas durante el conflicto y difundidas por los medios de comunicación no rompen con el perfil de las víctimas cotidianas. Existe una naturalización de las muertes violentas sobre los ciudadanos más pobres. En Salvador, y las grandes ciudades brasileñas, la violencia es la causa principal de muerte entre personas de 15 a 39 años, afro descendientes, que viven en barrios pobres con educación y formación precarias. La “huelga” de la policía militar  ha radicalizado un clima generalizado de inseguridad, miedo y violencia que ya existía, especialmente en El Salvador. Por ejemplo, hay un no uso de determinados espacios públicos en la metrópolis. La violencia, especialmente en la versión letal, no alcanza de la misma manera a toda la gente del pueblo.

¿Cómo fue el tratamiento mediático del conflicto en Bahía?

La desinformación, la desconfianza de lo que estaba sucediendo realmente en la ciudad era generalizada. Tanto en el discurso oficial como la cobertura de los medios de comunicación se hizo énfasis en los delitos atribuidos a la policía militar. Uno de los casos de mayor impacto fue el homicidio de cinco personas sin hogar en El Salvador que, según las declaraciones de la policía, fueron asesinados por los militares. Por otro lado, se difundieron mucho las noticias de la acción de la delincuencia, como los saqueos perpetrados por personas que han visto en la falta de la policía preventiva una oportunidad para el robo de tiendas.

¿Y qué dejó afuera el discurso de la prensa?

Hay que destacar la complejidad de las relaciones entre las agencias del orden y la delincuencia. Se sabe que en la realidad brasileña hay dos elementos constitutivos del crimen organizado y la violencia urbana: es lo que Luiz Eduardo Soares llama la “unidad de sustancia entre el crimen y la policía” y que requiere un enfoque obviando la visión moralista. Hay que remarcar que el retorno en los últimos días a la normalidad no debe dar pie a interpretar que no hay conflicto entre la policía y la sociedad. Es una relación compleja y ambigua que no puede ser reducida a una negociación salarial. Por eso, es necesario extender la democracia más allá de la participación política en el ámbito electoral. Las garantías de los ciudadanos deben consolidarse como parte de la vida cotidiana.

¿Cómo ha impactado el conflicto en la sociedad civil brasilera?

El impacto del movimiento es difícil de evaluar de inmediato. Se puede hablar de la exacerbación del miedo y la violencia, y la profundización de cambios en la rutina de la ciudad: cierre de escuelas, tiendas y bancos, y empeoramiento de los problemas de movilidad urbana, en especial el movimiento de transporte público.

¿Cree que el conflicto tiene una intención desestabilizadora?

Ciertamente. Las manifestaciones de esta magnitud, que logran la atención prioritaria, generan malestar en la gestión. Sin embargo, no creemos que haya una intención desestabilizadora del orden, puesto que sus propios reclamos apuntan a un cariz de no ruptura. Por otro lado, pueden ser el indicio del cuestionamiento de un modelo de gestión de la seguridad pública en nuestro país. Sin lugar a dudas, debemos tomarlo como una oportunidad para profundizar el debate sobre las políticas y formas de hacer la seguridad pública en Brasil.

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