Toda la impunidad de Santa Fe en un mismo informe

Carlos Godoy tenía 25 años y fue rematado por policías en el suelo. El joven vivía en barrio Empalme Graneros, en Rosario. El 24 de mayo, en Puente Sorrento, a pocas cuadras de su casa, fue asesinado. Los agentes dijeron que su muerte fue en un enfrentamiento luego de un intento de robo. Pero los testigos declararon que el enfrentamiento no existió. Que luego de dispararle le plantaron el arma. José Arturo Villalba, agente del Comando Radioeléctrico, y Daniel Alberto Sabater, agente de la Policía de Seguridad Vial. Quedaron en libertad por orden del Fiscal Miguel Moreno.

El caso de Carlos Godoy es uno de los tantos que aparecen en el informe “Violencia Institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina” CELS/Unión Europea Informe final sobre uso de violencia letal por parte de efectivos policiales en la ciudad de Rosario, durante el período 2008-2015. Cátedra de Criminología y Control Social”.

El informe, que se presenta mañana martes 28 en el Concejo Municipal de Rosario, sintetiza los resultados de la investigación sobre uso de fuerza letal por parte de funcionarios policiales y sobre acciones, políticas o programas, un mapa de políticas, programas o iniciativas que desde las diferentes instancias de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil abordan aspectos relevantes del problema. Un análisis del desempeño de la Administración de Justicia Penal, prestando especial atención a la imposibilidad establecida en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal para que víctimas o familiares participen como querellantes del proceso penal. Una serie de recomendaciones.

Así, luego de una investigación de dos años, la Fundación Igualar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario concluyeron en que existe una crisis de seguridad en la provincia y que afecta sobre todo a jóvenes de barrios populares a manos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

El informe da cuenta de los homicidios o muertes violentas intencionales producidas en Rosario, durante 2014 y considera que esas muertes deben interpretarse como expresiones extremas de prácticas de hostigamiento policial, de sobrecriminalización policial, especialmente sobre jóvenes varones de sectores populares. “Se trata prácticas abusivas que circunscriben, normalizan y, de alguna manera, hacen posibles los casos extremos, y preparan los escenarios para que sean posibles”.

En 2013 se registró un récord de homicidios dolosos en Rosario y también se llegó al récord de casos de “gatillo fácil”. En 2015, el Registro Provincial de casos de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, malas prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos, registró 274 casos de víctimas de violencia institucional, 407 casos de torturas y 15 casos de ejecuciones extrajudiciales en la circunscripción judicial de Rosario. A pesar de no contar con datos del Ministerio de Seguridad, en el informe pudieron relevar 29 casos de violencia institucional desde que se implementó el sistema nuevo hasta diciembre de 2015. Las víctimas de casos de homicidios producidos por la policía y miembros de las fuerzas de seguridad son varones, menores de 30 años y de sectores populares. Este patrón se mantiene en los casos de torturas y malos.

En cuanto a la relación del abordaje judicial de la violencia institucional, denuncian patrones de respuesta policial y judicial inadecuados y que producen impunidad. En la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos. Eso permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo. Hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria, como por ejemplo plantado de armas de fuego a las víctimas y ocultamiento de vainas servidas y balas.

En el informe también denuncian dilaciones en las investigaciones judiciales y falta de impulso por parte de los fiscales. O directamente la no investigación de policías involucrados en los homicidios, intentos por calificar los hechos de manera menos gravosa que la que correspondería y de cerrar las causas con juicios abreviados, esto es sin investigación. “Muchas veces el MPA pretende e impulsa rápidamente el “archivo” de estas causas”. A fines del año pasado, por ejemplo, solicitaron una auditoría y el apartamiento del fiscal Miguel Moreno de las causas Zamudio, Ponce y Godoy.

“Estas cuestiones sólo resultan visibilizadas a partir del activismo de víctimas, familiares y amigos de víctimas y organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, y a pesar de la incorporación de la figura de la querella en el nuevo ordenamiento procesal penal, la participación de las víctimas en el proceso confronta dificultades, fundamentalmente cuando la víctima o los familiares que pretenden querellar no cuentan con recursos económicos”, escribieron.

El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos no querella en estos casos. Pero el MPA, el Poder Ejecutivo, algunos legisladores y la Corte provincial niegan esta potestad a la Defensa (la que a pesar de ello ya ha sido reconocida por tres sentencias firmes). Sin posibilidades de querellar de manera gratuita las víctimas de sectores populares ven coartado su derecho de acceso a la justicia. Desde la Multisectorial instan al Ministerio Público de la Acusación “a no archivar estas causas, a investigarlas y no dejar estos homicidios impunes”.

Algunos casos paradigmáticos

Franco Casco: 20 años. Víctima de desaparición forzada, asesinado por la policía santafesina en octubre de 2014. Centro de Rosario.
Franco había llegado desde Buenos Aires para visitar a su familia de Rosario. Estuvo algunos días en la ciudad y cuando tenía que volver a Buenos Aires, el 6 de octubre de 2014, fue detenido por la policía de la Comisaría 7ma. Policías de la comisaría, fiscales y funcionarios del gobierno provincial aseguraban que Franco había sido liberado y que se lo había visto deambulando por la calle. Pero su cadáver apareció veinte días después en el río Paraná. La causa se tramita en el fuero federal bajo la figura de desaparición forzada de persona. Todavía no hay policías imputados pero todo apunta a la responsabilidad del personal de la 7ma.

Jonatan Herrera: 23 años. Asesinado por la policía santafesina el 4 de enero de 2015. Barrio Tablada.
Era un joven de barrio Tablada, el 4 de enero de 2015 fue asesinado como consecuencia de una balacera en la que intervinieron agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico (CRE), mientras lavaba su auto en la vereda de su casa. Cuatro policías de la PAT fueron imputados por la muerte de Jonatan, uno por el delito de homicidio y tres por tentativa de homicidio. Tiempo después los abogados que primeramente representaban a la familia Herrera y el fiscal Spelta intentaron convencerla de concluir la investigación y atribuir responsabilidades por la muerte de Jonatan mediante un juicio abreviado para tres de los imputados por “abuso de armas”. La familia Herrera revocó entonces el poder otorgado a sus abogados y nombró nuevas abogadas querellantes. A partir de ahí la causa comenzó a tener una mayor visibilidad pública, a través de la conformación de la Multisectorial “Justicia por Jonatan Herrera”. Spelta desistió de celebrar juicio abreviado contra dos de los imputados y los acusó a ambos por tentativa de homicidio agravada. Celebró con la defensa de uno de los imputados un juicio abreviado por abuso de armas, resolución que fue apelada por la querella. El 27 de junio de 2016 una agente del CRE que también intervino en la balacera fue detenida e imputada de ser la autora de uno de los disparos que recibió Jonatan.

Alejandro Ponce: 23 años – Víctima de desaparición forzada el 30 de octubre de 2015. 
Alejandro había robado a unos jóvenes en la zona del parque, y fue perseguido junto a su hermano por la policía. El hermano sobrevivió y cuenta que se tiraron al río pero que quisieron volver a tierra. Él pudo subir, pero Alejandro no sabía nadar. La policía le tiró piedras y no lo ayudó a subir. Su hermano fue detenido y llevado a la Comisaría 3ra, donde le dijeron que Alejandro se había dado a la fuga. Su cadáver fue encontrado tres días después en el río Paraná. El fiscal Miguel Moreno, sin embargo, adhiere a la versión policial y asegura que, de no haberse constituido la madre de Alejandro como querellante, cerraría la causa.

Brandon Cardozo: 16 años – Asesinado por la policía santafesina el 1º de enero de 2016. 
Brandon estaba festejando con amigos la llegada del año nuevo en la fiesta callejera a la que había ido. En medio de la noche se desató una pelea entre bandas que terminó con disparos. Uno de ellos dio en el mentón de Brandon, que llegó sin vida al Hospital Roque Sáenz Peña. A los pocos días del hecho, un policía se acercó a Fiscalía para declarar y mencionó que un colega suyo había sido el autor de los disparos. Fue entonces que se detuvo a Emiliano Martín Gómez, un policía de 26 años de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, que fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Desde la querella que representa a la madre de la víctima buscan cambiar la calificación a homicidio calificado por su cargo de policía. Por su parte, el imputado se declara inocente asegura que el policía que lo delató miente y sería el autor del disparo mortal.

Maximiliano Zamudio: 16 años. Asesinado por la Prefectura Naval el 27 de mayo de 2015. Barrio Tablada.
A Maximiliano lo mató un prefecto con tres tiros de un arma no reglamentaria. El cabo dijo que Maxi con otro pibe le quiso robar y que se defendió porque el otro le dijo a Maxi que le dispare. No encontraron ningún arma a Maximiliano y los testigos aseguran que el chico estaba solo y desarmado. La mamá de Maxi y los testigos dicen que el prefecto lo remató en el suelo. El fiscal Miguel Moreno considera que no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, por lo cual desde un primer momento decide dejar al prefecto libre y en ejercicio de sus funciones. Además, desde los primeros días de la investigación, Moreno advirtió a la familia que archivaría la causa, y que Maxi no era merecedor de justicia porque estaba robando, entre otras numerosas faltas de respeto a la familia Zamudio.

Jonatan Ezequiel Ojeda: 17 años. Asesinado por la policía santafesina en octubre de 2015. Barrio Itatí. 
Jonatan era un joven de barrio Itatí, el 18 de octubre de 2015, a las 7 de la mañana, regresaba de bailar junto a sus amigos y el agente policial Martín Robledo comenzó a perseguirlo con su automóvil mientras le disparaba; como consecuencia, resultó gravemente herido y finalmente muere producto de los disparos recibidos. Jonatan sufrió previamente hostigamiento sistemático de parte de este policía, quien, además, lo amenazó de muerte. Jonatan se encontraba inconsciente con una herida de bala en el pómulo izquierdo, cuando Adriana, su mamá, intentando acercarse al cuerpo de su hijo, observó como el policía intentó poner a su lado un monedero de color negro y un arma. Sin embargo, familiares y conocidos se lo impidieron. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico (CRE) al lugar del hecho, los efectivos decidieron proteger a Robledo para que las personas que se habían acercado no lo lastimarán; para ello, además, dispararon escopetazos. Robledo fue imputado por homicidio simple, y permanece en libertad a pesar tener ocho causas abiertas por otros delitos. Asimismo, no hubo avances significativos en la investigación judicial.

Gerardo Escobar: 23 años. Víctima de desaparición forzada, asesinado por patovicas y la policía santafesina en agosto de 2015. 
Pichón salió del boliche La Tienda en la madrugada del 14 de agosto de 2015 y nunca más se lo vio. Un registro de una cámara de seguridad vio cómo el patovica Cristian Vivas lo golpeaba en el suelo. Una semana después su cadáver fue hallado en el río Paraná. La investigación en la causa, que ahora se lleva adelante en el fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada, se inclina a una hipótesis: a Pichón lo levantó un patrullero de la Comisaría 3ra, que realizaba operativos en conjunto con la seguridad del boliche, lo llevaron a la seccional, lo golpearon y torturaron hasta matarlo y luego lo tiraron al río. Están detenidos dos policías que hacían adicionales en el boliche (Luis Alberto Noya y Maximiliano Amicelli), y tres patovicas (Cristian Vivas, César Ampuero y José Carlino). Mientras tanto se espera que se esclarezcan las responsabilidades del personal de la Comisaría 3ra.