“Al fin cesar de morir su vida”
F. Dachet
Llego de ese sitio donde el conurbano hace confín, del consultorio 9, del hospital que fue noticia mediática por ese asalto violento irracional de un sábado a la noche con destrozos, golpes a profesionales y robos varios.
Vino L.P.: un año de tratamiento, ya termina su causa y no va, no va que lo agarran con un (1) porro. Comisaría, reconocimientos médicos, nueva causa y ya ni ganas de sermonearlo porque cada uno de mis pacientes adolescentes sabe que por más que fumen porro en todos lados sigue estando prohibido: la ley 23.737 pena la tenencia. La ley considera al usuario un delincuente. Es una de las primeras cuestiones que informo cuando hago admisiones a tratamiento. Muchos no lo creen, pero de tanto escucharme a veces me creen.
L.P. ha tenido muchos problemas con la ley. En su barrio la mitad de sus compañeros y amigos de primaria están presos o muertos. Casi todos tienen hijos. L. no. Le gustan mucho las chicas. No quiere cambiar pañales ni dejar de chatear por Facebook a la noche por el llanto de un bebé. No le gusta el colegio, se corta el pelo todas las semanas y tiene muchas zapatillas. La piel es color café, usa gorra y mucho equipo de gimnasia: portación de rostro y vestimenta. Lo paraban seguido, hacía rato que no. En la semana pre-electoral, L.P. sumó una causa fresca al interminable papeleo jurídico. Justo, justo, la semana previa a terminar su causa.
L. y Lucía comparten la letra inicial del nombre. Tienen varias diferencias.
Entre ellas, que Lucía Perez fue secuestrada, empalada, asesinada, que lavaron su cuerpo y la dejaron tirada en un centro de salud con una excusa paupérrima: se había descompuesto en una fiesta.
No pasó en el siglo XV, no: fue el 8 de octubre de 2016. Lucía tenía 16 años.
Tal vez algunxs recuerdan un texto que publicamos en Cosecha Roja: Lucía viva. Lo leyeron muchas personas, lo compartieron. Lloramos a Lucía en la intimidad, salimos a la calle a colectivizar la tristeza y la bronca y escupimos las fotos de los detenidos por su asesinato: Juan Pablo Offidani y Matías Farías (acusados del hecho) y Alejandro Maciel, amigo de tratamientos “de rehabilitación” de Offidani, acusado de encubrimiento agravado. Maciel, un hombre de 61 años en ese momento, fue un gran colaborador: para lavar el cuerpo, para tapar las huellas y para tirar el cuerpo de Lucía en el Centro de Salud.
En aquel texto decíamos: “Creo que no conocería el término “empalamiento” si no fuera por mi temprana lectura de Drácula, quien fuera apodado “el empalador” por cierta aficción a empalar enemigos y dejarlos como trofeo en un bosque.
No es un término de la vida moderna, hasta que dos ¿hombres? matan a Lucía –con un dolor inimaginable, esto es seguro-, lavan el cadáver, la llevan a un centro médico y se “disculpan” con la excusa de la sobredosis. Parece que estos femicidas venden drogas, y sospecho que intentarán “atenuar” lo bestial de su acto bajo el mote de “adictos”.
Yo tengo una larga y extensa formación y experiencia en trabajo clínico con adolescentes y con adictos: lxs adolescentes suelen confiar a veces un poco más de lo debido, y ningún consumo justifica o “disculpa” delitos de crueldad tan extrema. Así como no cualquiera puede linchar a una persona hasta matarla, tampoco por el consumo de drogas una adolescente de 16 años es violada, sodomizada y empalada hasta la muerte.”
Hace un rato abro redes sociales y me entero que el juez le otorgó el viernes por la noche la prisión domiciliaria a Alejandro Maciel porque como “adicto” le otorga el “beneficio” de recuperarse en una ONG de puertas abiertas (es decir: puede retirarse a comprar cigarrillos y no volver nunca más).
Por lo que pude leer de la ONG, Maciel podrá hacer teatro, ver cine, pintar, tendrá grupos, terapia y comenzará una rehabilitación que ha intentado muchas veces en su vida, supongo que sin mucho éxito: su amistad con Offidani nació cuando ambos cursaron un tratamiento de “rehabilitación”, cuando se descubrió que la “fiesta” de Lucía había sido un femicidio en el que él había participado se fugó, en fin: un ejemplo de responsabilidad y arrepentimiento.
Imaginen pues por un segundo que Lucía fue su amiga, su hija, su prima, su vecina, su compañera de colegio, la piba de las rastas, la de los piercings, imaginen lo que quieran. Y un día salen a calle y se cruzan con un sujeto que fue partícipe, encubridor, colaborador de su brutal asesinato y que han podido cruzarlo porque, pobre, es un adicto. Tiene “derecho” a un tratamiento de “rehabilitación”.
Como podrán imaginar, las cárceles revientan de personas que han tenido o tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. Tienen consumos problemáticos.
Pero el beneficio del teatro y la terapia de grupos, ese beneficio lo consiguen unos pocos.
Mi abrazo fuerte y solidario a la familia de Lucía: ya pasaron por la revictimización de su hija, ahora deben afrontar la irresponsabilidad de sus asesinos.
Y un gran saludo a los jueces mandan a rehabilitación a personas que portan un porro y a quienes han sido cómplices, participes necesarios de un femicidio.
De Lucía, que no llegó a cumplir 17 años.
